Ciudad de México — El Senado de México aprobó este martes una reforma constititucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prohíbe la doble nacionalidad de los próximos presidentes y gobernadores del país. Ahora quienes aspiren a la presidencia o gubernatura de alguna de las 32 entidades de México tendrán que renunciar a otra nacionalidad antes del registro de su candidatura. La nueva legislación que limita a futuros aspirantes fue aprobada en lo general y particular con mayoría calificada mediante 86 votos a favor del partido gobernante Morena y sus aliados, 42 en contra, cero abstenciones y remitida a los congresos locales. La iniciativa también fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados.
El cambio ocurre tras los señalamientos de Sheinbaum sobre la supuesta injerencia del Gobierno de Estados Unidos en México a través de la cancelación de visas a políticos de su partido Morena, como Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 29 de septiembre a 46 presuntos líderes y facilitadores de pandillas vinculados la Cártel de Sinaloa, entre ellos, el exesposo de la Gobernadora Ávila Olmeda, Carlos Alberto Torres, de quien se divorció en noviembre de 2026, seis meses después de que ambos perdieron el permiso para entrar a territorio estadounidense. El diario The New York Times también reportó el martes que dos agencias del Gobierno estadounidense están examinando las acusaciones en contra de López Beltrán por presuntos vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible, aunque sin iniciar investigaciones formales. La senadora de la fuerza opositora Partido Acción Nacional (PAN), Laura Esquivel Torres, acusó que la reforma a la Constitución envía el mensaje de que “los migrantes son menos mexicanos, no tienen los mismos derechos”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador del partido Movimiento Ciudadano, comentó que nueva regla confunde el concepto de ciudadanía con el de nacionalidad, y al hacerlo afecta a personas cuyo único vínculo con otro país es haber nacido en él. El senador morenista Óscar Cantón Zetina expuso que el dictamen no elimina ningún derecho político ni cancela alguna nacionalidad, sino que busca impedir que se consumen “tentaciones, ambiciones y traiciones” en contra del pueblo de México, como ocurrió hace más de 100 años en los gobiernos de Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz. Los Artículos reformados fueron el número 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución mexicana exige a los ciudadanos aspirantes a la presidencia que sean mexicanos por nacimiento, hijos de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección.
También prohíbe pertenecer al estado eclesiático o ser ministro de algún culto, estar en servicio activo de las Fuerzas Armadas menos de seis meses antes de la elección, ser titular de una Secretaría o subsecretaria, Fiscalía General de la República o de algún gobierno estatal seis meses antes, o tener vínculo de matrimonio o parentesco cosanguíneo o civil con el presidente en turno.