En los últimos tres años, decenas de funcionarios federales han renunciado a sus puestos de trabajo en protesta por los vínculos de su Gobierno con el régimen sionista. Entre ellos, varios miembros del entorno presidencial y diplomático terminaron denunciando a su antiguo empleador por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad. Pero ¿por qué ocurre esto? Otros exmiembros de la burocracia aseguran que el cáncer de la corrupción ya ha contaminado la totalidad de la política interna del país.
Washington no es un lugar donde se ejerza un Gobierno en favor de los intereses de los ciudadanos; por el contrario, aquí prevalece el sionismo y su avance concentra la atención del llamado “Establishment”. El objetivo final de estas “inversiones de corrupción” es extender la agenda sionista de ocupación y expansión territorial, así como el proyecto colonial que respalda las ambiciones imperiales de Washington. Organismos reportan que, entre 2023 y 2026, el régimen de apartheid ha gastado más de mil millones de dólares en la “adquisición” de legisladores y otros representantes en Washington. Esto se suma a otros miles de millones destinados a relaciones públicas, propaganda en medios y redes sociales, donaciones a instituciones educativas, así como al financiamiento y funcionamiento de cuestionables think tanks y otros centros de acopio y lavado de dinero irregular.
Marcelo Ali Sánchez, Washington. hae/rba
