Bloomberg — La administración de Trump impuso nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una señal de su determinación de debilitar a la organización, el mismo día en que una exjueza de la CPI ganó el Premio Nobel de la Paz. El Departamento del Tesoro añadió a toda la Corte a su lista de Nacionales Especialmente Designados, una medida que impondría sanciones económicas a cualquier entidad que realice negocios con la CPI. Este anuncio supuso un endurecimiento de las sanciones anteriores, que se dirigían a altos funcionarios de la Corte, pero no a la propia institución. Ver más: Navi Pillay gana el Nobel de la Paz 2026 por su defensa del derecho internacional La Casa Blanca lleva mucho tiempo acusando a la Corte de actuar de forma injusta contra EE.UU. e Israel, y el secretario de Estado, Marco Rubio, dejó claro que la Administración Trump estaba dispuesta a ir aún más lejos. “O la CPI deja de amenazar, o acabaremos nosotros con la CPI”, declaró Rubio en un video publicado el viernes.
Añadió que el tribunal no puede procesar a estadounidenses como agentes de la patrulla fronteriza, militares o dirigentes electos, y afirmó que espera que los aliados de Estados Unidos “controlen” a este organismo. El Nobel de la Paz a Navi Pillay coincidió con las nuevas sanciones de EE.UU. El simbolismo de esta medida fue evidente, dado que se anunció pocas horas después de que la exjueza de la CPI, Navi Pillay, recibiera el Premio Nobel de la Paz. El presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo ambiciona él mismo el premio, compartió un mensaje en las redes sociales en el que afirmaba que el Comité Noruego del Nobel se había “deshonrado irremediablemente” con dicha decisión.
No quedó claro de inmediato si las sanciones se habían programado deliberadamente para coincidir con el anuncio del Nobel. La decisión de Estados Unidos provocó una rápida reacción de la Unión Europea y de numerosos aliados estadounidenses que apoyan al tribunal. Los ministros de Asuntos Exteriores de varios Estados miembros de la CPI emitieron un comunicado defendiendo al tribunal, que cuenta con unos 900 empleados de 100 países y un presupuesto para 2026 de casi 197 millones de euros (US$220 millones). “De entrar en vigor, estas sanciones tendrán un impacto significativo en la labor del Tribunal, en su personal especializado y en sus familias”, dice el comunicado de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido. La CPI se creó en 2002 para enjuiciar a los autores de los delitos más graves, entre ellos los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad.
Ver más: ¿Quién puede ser nominado al Premio Nobel y quién puede presentar candidatos? Según su página web, los jueces de la CPI han dictado un total de 68 órdenes de detención, incluida una contra el primer ministro Benjamin Netanyahu en 2024 por presuntos crímenes de guerra en Gaza y otra contra el presidente ruso Vladimir Putin en 2023 por crímenes de guerra relacionados con el presunto secuestro de niños en Ucrania. La CPI rechazó las nuevas sanciones e instó a los Estados a “seguir adoptando medidas concretas” para garantizar la continuidad de su labor. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la medida estadounidense, según informó su portavoz, Stéphane Dujarric.
Dujarric declaró que Guterres estaba “profundamente alarmado por el impacto que se prevé que tendrán las sanciones de hoy en la Corte Penal Internacional en su conjunto y, en particular, en su capacidad para seguir cumpliendo sus importantes mandatos”. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, señalaron que el plazo de seis meses antes de que las medidas entren en vigor sería un periodo para el “diálogo”. “La CPI es la piedra angular del sistema internacional de justicia penal. Enjuicia a los responsables de los crímenes más graves según el derecho internacional”, declaró Kallas en X. “Proteger la CPI sigue siendo una prioridad de la UE”. --Con la colaboración de Max Ramsay. Lea más en Bloomberg.com
