Coches Eléctricos Un guardia civil advierte del problema que puede provocar la última decisión de la DGT: "Esto va a empeorar la circulación" Fernando García Poves, guardia civil desde 2007, cuestiona la redacción de varias medidas de la DGT y reclama una normativa más precisa para evitar confusiones. La DGT introduce nuevas obligaciones en los atascos que generan dudas entre los conductores. Daniel Vega 12/10/2026 22:00 Actualizado a 12/10/2026 22:00 Añadir Híbridos y Eléctricos como fuente preferida de Google de forma gratuita. Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Activar ahora Los atascos que se repiten cada mañana en los accesos a las grandes ciudades pueden convertirse en uno de los principales problemas de la última reforma de la DGT, ya que una de sus nuevas obligaciones exige modificar la posición de los vehículos cuando el tráfico se ralentiza considerablemente. Aunque la medida pretende facilitar el trabajo de los servicios de emergencia, su aplicación en las retenciones habituales ha despertado las críticas de algunos profesionales que conocen de primera mano el funcionamiento de las carreteras españolas. Entre ellos se encuentra Fernando García Poves, integrante de la Guardia Civil de Tráfico desde 2007 y secretario de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), quien ha expresado en una entrevista con Xataka sus reservas sobre varios cambios introducidos el pasado 1 de octubre. El agente reconoce que la reforma incorpora avances en materia de seguridad vial, pero considera que la falta de concreción de determinadas obligaciones puede provocar confusión entre los conductores, especialmente cuando las nuevas medidas dependen de una señalización específica o deben aplicarse en situaciones de tráfico muy diferentes.
Las retenciones en las ciudades podrían complicar la aplicación de la normativa. La nueva obligación en los atascos que un guardia civil considera difícil de aplicar El origen de la polémica está en el artículo 32 del Reglamento General de Circulación , que establece la creación de un pasillo central cuando una retención obligue a los vehículos a detenerse o avanzar a paso de peatón, de manera que los conductores del carril izquierdo deberán desplazarse hacia ese mismo lado y el resto hacia la derecha. La obligación no está condicionada a que se haya producido un accidente, algo que García Poves considera especialmente problemático en las entradas a ciudades como Madrid, donde las retenciones pueden prolongarse durante kilómetros y los vehículos avanzan continuamente pequeñas distancias. Durante la entrevista, el agente advierte de que mantener esa separación en cada atasco sería «un caos total», puesto que obligaría a los conductores a corregir constantemente su posición mientras intentan avanzar con normalidad.
Además, esta situación plantea dudas sobre otra de las novedades del reglamento: la posibilidad de que las motocicletas utilicen el arcén derecho cuando la circulación esté completamente detenida, siempre a una velocidad máxima de 30 km/h y únicamente en los tramos autorizados mediante señalización, una condición que impide considerar esta práctica como un permiso general para todas las carreteras. Precisamente, García Poves señala que la falta de información sobre las señales que identificarán los arcenes habilitados puede dificultar el cumplimiento de la norma, pese a valorar positivamente una medida reclamada desde hace años por los motoristas. El texto publicado en el BOE exige que estos tramos cuenten con señales verticales y marcas viales, por lo que la autorización efectiva dependerá de que las administraciones correspondientes acondicionen y señalicen previamente cada carretera, una circunstancia que el agente considera fundamental para evitar interpretaciones equivocadas. Las dudas también afectan al equipamiento de los motoristas y a las nuevas normas para bicicletas Otro de los puntos cuestionados es la obligación de utilizar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier tipo de vía, unas exigencias que el guardia civil considera necesarias, aunque advierte de que la definición del calzado permite utilizar modelos que ofrecen una protección limitada en caso de accidente.
Según explica, cubrir los dedos y el talón no garantiza que el tobillo quede protegido ante una caída, por lo que defiende requisitos más precisos que eviten que los motoristas se limiten a buscar el equipamiento mínimo permitido en lugar del más seguro. Las nuevas obligaciones para ciclistas podrían afectar a la movilidad urbana. Las bicicletas tampoco quedan fuera de sus críticas, ya que la reforma permite que los ayuntamientos autoricen su circulación en ambos sentidos por calles de un único carril limitadas a 30 km/h, siempre que exista la señalización correspondiente. A ello se suma la obligación de mantener una distancia mínima de cinco metros cuando un vehículo motorizado circule detrás de un ciclista por el mismo carril urbano, dos cambios que García Poves teme que puedan incrementar las retenciones y generar conflictos con otros conductores, por lo que considera más adecuado invertir en infraestructuras ciclistas específicas.
En conjunto, las declaraciones del agente ponen el foco en la diferencia entre los objetivos de seguridad vial que persigue la DGT y las dificultades que pueden surgir al trasladar determinadas obligaciones a la circulación diaria. La reforma está en vigor desde el 1 de octubre de 2026, aunque algunas de sus disposiciones dependen de desarrollos posteriores o de una señalización previa, de modo que García Poves reclama mayor precisión normativa y una preparación adecuada de las vías antes de exigir a los conductores el cumplimiento de todas las nuevas medidas. Temas Coches Eléctricos
