La Policía Nacional de Colombia prevé crear la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) e integrar en ella los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD). La reorganización sustituiría a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), impulsada durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. La medida figura en una resolución firmada este martes por el director general de la Policía Nacional, el general Jesús Barrera Peña. El documento establece una nueva estructura orgánica y distribuye las funciones de sus organismos.
También fija un plazo de 90 días para completar los trámites administrativos necesarios antes de efectuar los cambios. La nueva estructura antidisturbios La UNADI quedaría subordinada a la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía. Según la resolución, intervendría cuando las capacidades de las instituciones fueran insuficientes o pudieran verse desbordadas. La unidad tendría ocho unidades regionales, de las que dependerían 30 Escuadrones Móviles Antidisturbios.
Cinco de estos escuadrones se concentrarían en Bogotá. La reorganización recuperaría las siglas ESMAD, utilizadas antes de los cambios introducidos durante el Gobierno de Petro (2022-2026). La resolución redefine la organización policial y establece una cadena de mando para la respuesta ante desórdenes públicos. La oposición y distintos sectores de la sociedad civil consideran que el cambio puede suponer un intento de limitar las libertades y el derecho a la protesta.
Manifestaciones y protocolo de actuación Decenas de miles de personas se manifestaron este miércoles en las principales ciudades de Colombia para reclamar mejoras laborales y en el sistema educativo, entre otras demandas. La jornada fue descrita como el primer paro nacional contra el Gobierno de De la Espriella. Las marchas fueron convocadas por sindicatos, organizaciones estudiantiles, la oposición y sectores de la sociedad civil. Coincidieron con un decreto aprobado el día anterior que establece un nuevo protocolo para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas.
El decreto, según el texto, «define el nuevo protocolo de actuación de las autoridades en el marco de manifestaciones públicas» y «regula el uso de la fuerza legítima del Estado para proteger a la ciudadanía y garantizar el derecho a la protesta pacífica».
