Escuchar noticia ▶ Escuchar ⏸ Pausar ■ Detener Velocidad 0,8× 1× 1,15× 1,3× Voz Seguir a FinanzasDigital en Google La reciente modificación de la estructura organizativa de los juzgados con competencia en delitos de terrorismo, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante la Resolución n.º 2026-0010, no representa la eliminación de estas instancias ni frena el uso de la justicia penal contra la disidencia, de acuerdo con un análisis de la ONG Acceso a la Justicia. Frente a las interrogantes sobre una eventual supresión de los tribunales especializados (cuestionados históricamente por su aplicación en casos de persecución política), la organización aclaró que la medida se limita a una redistribución de competencias territoriales. Según el desglose de Acceso a la Justicia, la normativa suprime la competencia nacional que ejercían determinados juzgados de control en Caracas, por lo que los juzgados penales ordinarios de las regiones asumirán el conocimiento de estos expedientes conforme a las reglas territoriales generales. Asimismo, la resolución omite pronunciamientos sobre los tribunales de juicio y las cortes de apelaciones en la materia, los cuales continuarían operativos.
Desde una perspectiva operativa y humana, la ONG señala que la descentralización de los casos en fase de control podría representar un alivio significativo para los procesados y sus familias. Al evitar los traslados obligatorios hacia Caracas por razones de competencia nacional, se reducen las barreras económicas y logísticas que enfrentaban los parientes para visitar y acompañar a los detenidos. Más leídas TSJ declara constitucional en 48 horas la reforma a la Ley contra el Odio Empresas petroleras prevén independizarse del Sistema Eléctrico Nacional para 2027 La guerra en Medio Oriente provoca el mayor ‘shock’ petrolero en 60 años El trasfondo estructural y político Pese a los cambios en la distribución judicial, la organización enfatiza que el problema de fondo permanece intacto. Los tipos penales asociados al terrorismo previstos en la legislación venezolana continúan vigentes y sin modificaciones, lo que preserva las bases normativas utilizadas para procesar a opositores y críticos del Gobierno.
Acceso a la Justicia resalta que la medida constituye una reorganización de competencias pero no desmantela el sistema de justicia especializado ni subsana el uso discrecional de los tipos penales como herramienta de coerción política en el país. #AlertaLegal ¿Desaparecen los tribunales contra el terrorismo en Venezuela? La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó este #16oct la Resolución n.º 2026-0010, mediante la cual modifica la estructura organizativa de los tribunales con competencia en delitos asociados al terrorismo. ¿Significa esto la eliminación de los tribunales contra el terrorismo, ampliamente cuestionados por su utilización para la persecución política de la disidencia? Desde Acceso a la Justicia consideramos que no, por cinco razones: https://t.co/dLK2opZZpV elimina la competencia nacional de determinados juzgados de control ubicados en Caracas, pero no se suprime la jurisdicción penal para conocer de delitos asociados al terrorismo. Los juzgados de control penales ordinarios conocerán ahora de los casos de terrorismo, conforme a las reglas generales de competencia territorial. https://t.co/52dsu8IaBO Resolución no se pronuncia sobre los tribunales de juicio ni las cortes de apelaciones con competencia en terrorismo, por lo que todo indica que estas instancias se mantienen. https://t.co/IMyjCCyj3r descentralización de los casos puede representar un alivio para los procesados y sus familias.
Quienes estén detenidos en las regiones y cuyos procesos permanezcan en fase de control ya no tendrían que ser trasladados a Caracas por razón de la competencia nacional. Esto reduciría las dificultades económicas y logísticas que enfrentan sus familiares para visitarlos y acompañarlos durante el proceso penal. 4.Los delitos de terrorismo previstos en la legislación venezolana siguen vigentes. La Resolución no modifica ni deroga las normas penales que han permitido utilizar estas figuras para perseguir a personas por razones políticas. En conclusión, la Resolución modifica la distribución de competencias judiciales, pero no elimina los tribunales especializados en terrorismo ni las disposiciones penales que han facilitado su utilización contra la disidencia.
Aunque la descentralización puede aliviar algunas de las dificultades que enfrentan los procesados y sus familias, no resuelve el problema de fondo: el uso de la justicia penal como instrumento de persecución política. Para leer la Resolución completa, visitar: https://t.co/sQ7pQhqLi5 #JusticiaVe — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) October 16, 2026
