En un mensaje divulgado en la red social X, el mandatario afirmó que la medida forma parte de un “patético circo miamense” con trasfondo electoral y aseguró que las acciones dirigidas contra el general de Ejército siempre encontrarán la determinación del pueblo cubano de defender la Revolución. Díaz-Canel consideró que la iniciativa constituye una maniobra “de vestidura legal”, organizada por políticos anticubanos, y sostuvo que forma parte de los intentos por justificar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y el castigo colectivo contra la nación caribeña. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó también la medida y la describió como una nueva maniobra impulsada por sectores anticubanos radicados en el sur de Florida. El canciller afirmó que estas acciones reflejan el agotamiento político de grupos que continúan alimentando durante décadas una maquinaria de agresión contra Cuba, mediante acusaciones que calificó de infundadas.
Las declaraciones se producen después que una jueza de Miami emitiera una nueva orden de arresto relacionada con el caso del derribo, en febrero de 1996, de dos aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate. La medida, anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, se suma a procedimientos impulsados anteriormente en Estados Unidos contra el líder histórico cubano y otros ciudadanos de la isla por esos acontecimientos. Cuba rechazó en mayo pasado la acusación federal vinculada al mismo caso y denunció entonces que Washington carece de jurisdicción y legitimidad para procesar hechos relacionados con la defensa de la soberanía nacional. La posición oficial de La Habana sostiene que las aeronaves involucradas violaron reiteradamente el espacio aéreo cubano y recuerda que las autoridades del país trasladaron durante años denuncias sobre esas incursiones ante organismos estadounidenses y la Organización de Aviación Civil Internacional.
De acuerdo con las autoridades cubanas, la actuación de la isla estuvo amparada por el derecho a la legítima defensa, la protección de la soberanía aérea y los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Chicago de 1944. El Gobierno cubano ha denunciado que este tipo de acciones forman parte de la política de hostilidad mantenida por Washington contra la nación caribeña y de los intentos por legitimar la continuidad del bloqueo económico, comercial y financiero vigente desde hace más de seis décadas. npg/mks
