La crisis habitacional en Portugal se agrava: los alquileres han subido un 10,2 % anual y el Gobierno del conservador Luís Montenegro impulsa una reforma que reduce de tres a dos meses el plazo para ejecutar un desahucio por impago. Las calles responden con acampadas, vigilias y enfrentamientos con la policía que ya han dejado 55 detenidos. El caso de una mujer de 26 años, viuda y desalojada el pasado 30 de julio de una vivienda municipal en Lisboa, se ha convertido en el símbolo de la emergencia social. Los manifestantes exigen más viviendas públicas, control de los alquileres, el fin de los desahucios sin alojamiento alternativo y medidas más estrictas contra la especulación inmobiliaria.
En tanto, los eurodiputados debatieron la situación de las manifestaciones tanto en Portugal como en Francia, Bélgica e Italia y acusaron a los líderes europeos de permanecer en silencio mientras las protestas se extienden por el aumento de los precios, el descenso del nivel de vida y los recortes en los servicios públicos. Portugal se enfrenta a una de las crisis habitacionales más severas de su historia reciente. Con los alquileres por las nubes, los desalojos acelerándose y una población cada vez más empobrecida. La pregunta ya no es si habrá más protestas, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para contener una marea social envalentonada y que no piensa retroceder. dzp/tmv
