El Gobierno de México acordó este martes con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) el retiro definitivo de los bloqueos de carreteras realizados durante un paro nacional de protesta que comenzó la víspera. El Ejecutivo también aceptó abrir un diálogo sobre las demandas del sector, centradas en la seguridad en las carreteras , el aumento de los costes operativos y los impuestos. La Secretaría federal de Gobernación informó de que se establecerán mesas de trabajo con las dependencias competentes para analizar las principales peticiones de los transportistas y definir una ruta institucional de atención. Se acordó realizar mesas de trabajo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales El sector se compromete a levantar los bloqueos En el marco del acuerdo, las organizaciones de transportistas se comprometieron a retirar definitivamente los bloqueos y a suspender las manifestaciones del transporte de carga.
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, se reunieron con líderes del gremio y con representantes de otras organizaciones del sector para escuchar sus planteamientos. La Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno coordinarán y acompañarán las reuniones, con el objetivo de dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos. La dependencia señaló que el levantamiento de los cierres busca evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito. Las organizaciones se comprometieron a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga Las movilizaciones se registraron en 19 de las 32 entidades de la federación mexicana, en casi 40 puntos de manifestación.
Según los datos difundidos por el Gobierno, en los bloqueos participaron unos 700 vehículos y cerca de un millar de operadores. Seguridad, carreteras e impuestos, entre las demandas El paro nacional incluyó cierres parciales de rutas para protestar por los asesinatos y las extorsiones que sufren los conductores, el deterioro de la red de carreteras y la carga fiscal que afronta el sector. El autotransporte de carga sostiene que en las carreteras del país se registran entre 30 y 40 delitos graves diarios . El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, explicó el lunes que la movilización está relacionada con un ajuste fiscal.
La medida reduce el límite máximo de deducción en el impuesto sobre la renta por el pago de peajes carreteros. Impacto de la medida fiscal en el transporte Concepto Dato Grandes empresas afectadas 170 Proporción sobre los contribuyentes del sector 6% Total de contribuyentes del transporte Más de 2.500 Empresas que la Canacar afirma que no pagan impuestos Más de 130.000 El Gobierno federal ofreció buscar una corrección de las medidas fiscales relacionadas con el pago de las casetas de cobro en las autopistas. También sostiene que el sector mantiene otros estímulos fiscales, de hasta el 50% de las cuotas de peaje , además de la deducción del impuesto al combustible. La medida impositiva reduce el límite máximo de deducción contra el impuesto sobre la renta por pago de peajes carreteros La Canacar cuestiona el coste de la formalidad Por su parte, la Canacar denuncia que más de 130.000 empresas no pagan impuestos porque los costes son muy elevados.
La organización atribuye esta situación a las auditorías y a la falta de condiciones para que resulte rentable incorporarse a la formalidad. Las mesas de trabajo deberán abordar de forma conjunta las cuestiones de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones del transporte pretende encauzar esas demandas mientras se restablece la circulación en las rutas afectadas. Con el compromiso de levantar los cierres y suspender las protestas, el Ejecutivo busca poner fin a las afectaciones provocadas por el paro nacional, mientras el sector espera respuestas sobre la violencia en las carreteras, el estado de la infraestructura y el impacto de los costes e impuestos en su actividad.
