La Administración de Donald Trump considera que las personas a las que corresponden son probables no ciudadanos. Las papeletas están vinculadas a las elecciones de medio mandato previstas para el próximo 3 de noviembre. La resolución deniega la orden de restricción temporal solicitada por el Gobierno. Carter advierte de que apartar esos votos podría interrumpir unos comicios que ya están en marcha. «Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro», afirma el magistrado, designado por el expresidente demócrata Bill Clinton.
El juez cuestiona la intervención federal en California El fallo pone el foco en la intervención de Washington en las competencias estatales para organizar las elecciones. La resolución sostiene que no hay precedentes de que el Gobierno federal, en vísperas de unos comicios, haya tratado de presionar a las autoridades estatales y locales para que abandonen sus procedimientos electorales. «Nunca antes en la historia de Estados Unidos el gobierno federal, en la víspera de unas elecciones, había tratado de coaccionar a un gobierno estatal y local para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales y se doblegara a la voluntad de la Rama Ejecutiva», señala el texto. También afirma que «el Ejecutivo pretendería que este tribunal crea que reina como soberano único. Pero California y su pueblo también son soberanos».
El caso comenzó después de que el Departamento de Justicia entregara a las autoridades del condado de Los Ángeles y a la secretaría de Estado de California una unidad de almacenamiento con los datos de más de 20.000 presuntos no ciudadanos. El Gobierno exigió que sus papeletas fueran segregadas en un plazo de 48 horas, tras cotejar información de bases de datos de inmigración y de la Seguridad Social. La resolución cuestiona la fiabilidad del procedimiento Carter ha puesto en duda la precisión del método empleado para identificar a los votantes. Como antecedente, recuerda que el Departamento de Seguridad Nacional señaló inicialmente a casi 16.000 personas como posibles no ciudadanos en las listas electorales de Nevada.
Tras las revisiones, la cifra quedó en 185, y todas ellas resultaron ser ciudadanos estadounidenses legales. El juez considera que aceptar la solicitud federal con un procedimiento «plagado de incertidumbres y errores» supondría el riesgo de «privar del derecho al voto a ciudadanos estadounidenses». La resolución también advierte de que establecer un sistema para separar las papeletas a pocos días del 3 de noviembre obligaría a las administraciones locales a crear procedimientos nuevos. Según el fallo, esa tarea desviaría recursos técnicos y humanos y podría poner en riesgo la finalización del recuento y el cumplimiento de los plazos legales electorales.
La decisión no ordena bloquear las papeletas: rechaza la medida temporal solicitada por el Departamento de Justicia. El pronunciamiento de la corte de distrito de Los Ángeles se conoció dos días después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara otro recurso urgente de la Administración Trump. El Gobierno pretendía acelerar el proceso sin pasar por el juez Carter. En esa resolución, el tribunal de apelaciones atribuyó al Ejecutivo federal la creación de una «emergencia» artificial, debido a la demora en presentar el caso cuando faltaba poco para la apertura de las urnas.
