Los restos de más de 1 300 víctimas de la dictadura de Pinochet siguen desaparecidos. Pero el actual gobierno debilitó el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. El gobierno de José Antonio Kast afectó al programa de abogados que busca justicia por los crímenes de la dictadura, presentó proyectos de ley que criminalizan la protesta pacífica y liberó a 3 criminales de lesa humanidad, entre otras acciones. La transición pactada con Pinochet en 1985 sentó las bases de una democracia que no logró consolidar las garantías de no repetición el “Nunca Más”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta ahora, presenta querellas por quienes sufren vulneraciones. Solo en 2026 ha presentado más de 75 querellas por trata, beneficiando a 400 personas y encarcelando a integrantes del Tren de Aragua, una de las mayores bandas criminales del país. Con el avance la ultraderecha en el continente latinoamericano, las instituciones de derechos humanos que le ponían freno a estos están siendo debilitadas, y con ello aumenta el riesgo de mayores violaciones a estos derechos. Beatriz Michell, Santiago de Chile. frr/rba
