La Fiscalía de Paraguay detuvo a Andrea Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa—perteneciente al conglomerado del insolvente e intervenido Ueno Bank — bajo el cargo de supuesta frustración de la ejecución penal. Las cámaras de seguridad de la oficina de Benítez, ubicada en la sede de la entidad, la captaron rompiendo documentos donde presuntamente quedaba en evidencia las inversiones en la bolsa que habría hecho el destituido expresidente Santiago Peña, imputado por por lesión de confianza y administración en derecho propio en el marco del caso Ueno Bank y posteriormente arrestado, según Última Hora . Cuando las autoridades arribaron a la casa de bolsa con la orden de detención, Benítez habría aprovechado la demora en su ingreso para tratar de destruir las pruebas que comprometerían a Peña. Caso Ueno Bank: ¿cómo un conglomerado empresarial sacudió a Paraguay?
En un video al que tuvieron acceso los funcionarios aparece la mujer rompiendo documentos y depositándolos en una trituradora de papel, mientras otras personas recogen sus equipos electrónicos en un escritorio. Imágenes de circuito cerrado muestran como borraban evidencias, poco antes del allanamiento que realizo el Ministerio Publico, en UENO Casa de Bolsa. https://t.co/zqLXGa1VOO — Rolando Rodi (@rolandorodi) November 9, 2026 Los fiscales encontraron que, entre los documentos destruidos por Benítez, habría escritos impresos minutos antes de que arribaran a la sede de Ueno Casa Bursátil . El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue imputado por la Fiscalía General de Paraguay por lesión de confianza y administración en derecho propio en el marco del caso Ueno Bank, que llevó a su destitución y posterior arresto. Los fiscales además solicitaron prisión preventiva en contra de él y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo.
La crisis comenzó cuando el Banco Central inició un 'procedimiento de resolución' de Ueno Bank ante sus problemas financieros, lo que paralizó las operaciones de la entidad y dejó a millones de clientes afectados . Entre las acusaciones contra Peña figuran sus antiguos vínculos accionarios con el grupo empresarial que controlaba el banco, el nombramiento de Carvallo al frente del organismo regulador y la colocación de unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad, en operaciones cuyos límites legales fueron cuestionados. Los denunciantes sostienen que las autoridades del BCP conocían desde abril de 2026 los problemas de Ueno Bank , pero no adoptaron oportunamente las medidas necesarias para evitar la crisis. La investigación también examina las colocaciones de fondos de otras instituciones estatales, mientras miles de ahorristas reclaman recuperar su dinero.