El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera detalló que se había exiliado de manera urgente en México, tras denunciar la “persecución política” contra quienes formaron parte del Gobierno izquierdista que encabezó el expresidente Evo Morales. “La extrema derecha entra a vengarse contra la igualdad de las mujeres, contra los sindicatos, contra los campesinos insumisos, contra los indígenas que ahora tienen derechos. Entra a vengarse. Ellos tienen una mirada casi como misionera de la política”, aseveró el político en una entrevista con el diario La Jornada, en un duro dardo al Gobierno de Rodrigo Paz. Por su parte, La Paz ya le solicitó a México explicaciones por el asilo. “Desde que ganó la derecha el año pasado y entró el Gobierno, se ha desatado gradualmente, y cada vez de forma más intensa, una cacería política.
En la medida de que es un Gobierno muy débil, sin estrategia sostenible, ha tenido que ir supliendo su debilidad con creciente autoritarismo“, afirmó. García Linera recordó que la gestión de Paz comenzó con la detención del expresidente Luis Arce (2020-2025) y luego siguió con la expulsión, “casi violenta”, de antiguos funcionarios públicos vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS); además de la captura de numerosos dirigentes sindicales, campesinos e indígenas, que participaron en las protestas masivas contra el incremento de los hidrocarburos. Autocrítica y venganza Por otra parte, el exvicepresidente realizó una autocrítica y reconoció que los ultraconservadores suelen aprovecharse de los errores que cometen sus adversarios. “El problema es cuando la izquierda y el progresismo fallan en conseguir sus metas. Entonces, inevitablemente, la extrema derecha que estaba ahí en la reserva minoritaria, se potencia.
Va a decir: ‘ahí está, esta es la izquierda. Fracasaron. No han cumplido lo que querían y aquí vamos nosotros’. Y va a vengarse“, explicó.
También señaló que el 9 de noviembre solicitó a México que le renovara la condición de asilado que ya le había otorgado en 2019, después del golpe de Estado en contra de Morales, debido a que el Gobierno activó una causa judicial en su contra por la que podía ser detenido sin justificación alguna, y que solo responde a una venganza de las élites del país sudamericano.