Docentes universitarios argentinos culminan una semana de huelga por el presupuesto

Docentes universitarios argentinos culminan una semana de huelga por el presupuesto

Los docentes universitarios de Argentina concluyeron este miércoles una semana de huelga convocada para denunciar el incumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y advertir sobre la insuficiencia de los recursos previstos para las universidades públicas en el proyecto de Presupuesto 2027. La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu histórica), cuyo congreso extraordinario decidió iniciar el paro el jueves 12 de noviembre. La organización sostiene que el Gobierno mantiene un ajuste sobre los salarios y profundiza las restricciones presupuestarias que afectan al sistema universitario. La semana de paro docente universitario pretende visibilizar la profundización del ahogo presupuestario y del ajuste sobre los salarios La secretaria general de Conadu histórica, Francisca Staiti, señaló que el Ejecutivo continúa incumpliendo la Ley 27.795 y una medida cautelar de la Justicia que obliga a la actual gestión a aplicar los artículos 5 y 6 de la norma.

Esos apartados establecen la actualización de los salarios docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles, de acuerdo con la evolución de la inflación. Una brecha de cuatro billones de pesos El reclamo coincide con la discusión del proyecto de Presupuesto 2027, que obtuvo un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla una partida para las universidades públicas de aproximadamente siete billones de pesos , equivalentes a 4.492 millones de dólares, calculada sobre una proyección de inflación del 18% para 2027. Staiti cuestionó esa previsión porque la inflación acumulada durante este año ya alcanza el 26,3%, mientras que el Presupuesto 2026 había calculado un aumento de precios del 10% para todo el ejercicio.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas y de otras 14 casas de estudio provinciales, sostiene que las instituciones necesitan 11 billones de pesos para el próximo año, unos 6.940 millones de dólares. Recursos previstos y necesidades universitarias en 2027 Concepto Pesos Dólares Partida contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027 7 billones 4.492 millones Recursos reclamados por las universidades 11 billones 6.940 millones Diferencia entre ambas cifras 4 billones 2.523 millones La diferencia entre los recursos solicitados y los incluidos en el proyecto asciende a cuatro billones de pesos, equivalentes a 2.523 millones de dólares. Para Conadu histórica, ese monto no permite cubrir las necesidades del sistema universitario. La diferencia de cuatro billones de pesos no alcanza para cubrir las necesidades de la universidad Staiti explicó que el presupuesto oficial no contempla de manera suficiente ni las obligaciones fijadas por la Ley de Financiamiento Universitario ni las partidas necesarias para el funcionamiento ordinario de las instituciones.

Según detalló, las universidades no solo afrontan el pago de servicios, salarios y becas, sino también las tareas de investigación, extensión, atención en hospitales universitarios y vinculación. Salarios por debajo de noviembre de 2023 Los salarios de los docentes universitarios acumulan un retraso superior al 20% frente a las remuneraciones que percibían en noviembre de 2023, antes de la llegada del actual Gobierno, según indicó la secretaria general de Conadu histórica. La dirigente vinculó la huelga con el reclamo para que el Ejecutivo cumpla tanto la ley como la medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick. Esa resolución obliga a establecer una relación entre los salarios actuales y los que cobraban los trabajadores universitarios en noviembre de 2023.

El paro responde al incumplimiento de la ley y a la necesidad de que se cumpla la cautelar para que nuestros salarios tengan relación con lo que cobrábamos en noviembre de 2023 Conadu histórica identifica a unos 28.000 docentes universitarios en todo el país y forma parte del Frente Sindical Universitario, integrado por seis gremios docentes y no docentes y por la Federación Universitaria Argentina (FUA), la organización más representativa del alumnado. La protesta continuará durante el debate presupuestario Aunque la huelga concluyó este miércoles, el sindicato anunció una nueva jornada de paro de 24 horas para el 25 de noviembre, coincidiendo con el día en que la Cámara de Diputados debatirá en plenario el proyecto de Presupuesto 2027. El Frente Sindical Universitario prevé organizar ese día una movilización frente al Congreso. La protesta, según adelantó Staiti, podría contar con la participación de otros sectores y tendrá como objetivo presionar para que no se apruebe el presupuesto con las cantidades incluidas por el Ejecutivo en su proyecto de ley.

La dirigente consideró que las previsiones oficiales pueden llevar a las universidades a una situación especialmente delicada durante 2027. A su juicio, el conflicto no afecta únicamente a los trabajadores, sino también al funcionamiento general del sistema universitario. Este presupuesto condena a la universidad a una situación muy delicada para 2027 y el reclamo no es sectorial Staiti pidió a los diputados que tengan en cuenta la dimensión del conflicto y escuchen una demanda que, según afirmó, cuenta con el acompañamiento de la sociedad argentina. En ese sentido, mencionó las cinco marchas federales realizadas durante los tres años de Gobierno de Javier Milei.

El conflicto judicial por la Ley 27.795 La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025. El Poder Ejecutivo la vetó posteriormente mediante el decreto 647/25, pero las dos cámaras legislativas insistieron con el proyecto y reunieron los dos tercios de los votos requeridos para mantener la norma, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución nacional. Después de esa votación, el Gobierno emitió un segundo decreto, el 759/25. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 11, Martín Cormick, declaró esa disposición inconstitucional el 6 de octubre y supeditó la aplicación efectiva de la ley a que se especificaran las partidas destinadas a financiarla.

La medida cautelar permanece firme tras un fallo de la Corte Suprema dictado en junio. Esa resolución obliga al Gobierno a recomponer los salarios docentes y no docentes y a actualizar las becas estudiantiles, mientras la Justicia todavía debe resolver la cuestión de fondo relacionada con la normativa que garantiza el presupuesto de las universidades. El conflicto queda así abierto a la espera del debate parlamentario del 25 de noviembre, cuando los gremios universitarios volverán a movilizarse para reclamar una dotación presupuestaria acorde con las necesidades que plantean las instituciones públicas.

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