Bloomberg — El Senado brasileño rechazó las enmiendas que habrían debilitado un plan gubernamental para frenar el gasto público, lo que supone un impulso para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a su próximo mandato. El Senado rechazó tres enmiendas en una serie de votaciones el miércoles, preservando así la esencia de una propuesta destinada a ayudar al gobierno de Lula a alcanzar sus objetivos presupuestarios en los próximos años. El gobierno llegó a un acuerdo con los legisladores de la oposición sobre otra enmienda que no tendrá un impacto significativo en la legislación, la cual se espera que mejore los resultados fiscales entre R$50.000 y R$60.000 millones (US$10.200 millones) en 2027. El proyecto de ley ahora pasará a la Cámara de Diputados.
El plan constituye un primer paso de Lula, que ganó la reelección a finales de octubre, para calmar los temores del mercado respecto al deterioro de la situación fiscal de Brasil. Sin embargo, sus detalles han contribuido poco a disipar esas preocupaciones, lo que ha llevado a los inversores a exigir un ajuste fiscal más amplio para mejorar la trayectoria de la deuda pública y ayudar al banco central a situar la inflación de nuevo en el objetivo. Los activos brasileños llevan en descenso desde la inesperada victoria de Lula, en medio de las preocupaciones sobre su compromiso con la responsabilidad fiscal. Su Gobierno se ha fijado como objetivo alcanzar un superávit presupuestario primario —excluidos los pagos de intereses— del 0,5% del producto interior bruto en 2027, al tiempo que se compromete a mejorar esos resultados durante el resto de su mandato.
Los inversores, sin embargo, han presionado para que se adopten políticas que frenen los déficits nominales superiores al 9% del PIB y una deuda pública que se ha disparado hasta superar el 80%, argumentando que se necesitan medidas más contundentes para reducir las tasas de interés de dos dígitos que están lastrando la economía, los hogares y las empresas. El plan fiscal de Lula busca reducir el gasto público y mejorar las cuentas de Brasil El plan de Lula, que el Gobierno negoció con los legisladores tras su victoria, endurecería las normas fiscales actuales al limitar el crecimiento real del gasto al 2% —frente al 2,5% actual— cuando el cumplimiento de los objetivos presupuestarios se vea en riesgo. Asimismo, otorgaría al Gobierno mayor margen de maniobra para congelar el gasto, al tiempo que recortaría una serie de beneficios fiscales, entre los que se incluyen exenciones, subvenciones y créditos. Los diputados de la oposición presentaron enmiendas que podrían haber reducido significativamente el impacto fiscal del proyecto de ley.
El Gobierno rechazó la mayoría de las modificaciones, al tiempo que llegó a un acuerdo para aumentar las transferencias a los estados —una forma de compensación fiscal— en comparación con la propuesta original. Este cambio supondrá un ahorro de unos R$1.000 millones el próximo año. Ver más: Morgan Stanley rebaja a Brasil y revela sus apuestas en América Latina para 2027 La legislación se ajusta al compromiso de Lula de mejorar gradualmente las perspectivas presupuestarias sin sacrificar el gasto social ni los programas de bienestar. No obstante, ha suscitado rechazo por parte de algunos miembros de su Partido de los Trabajadores, de izquierda, que han criticado el plan en las redes sociales y han acusado al presidente de traicionar sus promesas electorales.
El ministro de Planificación, Bruno Moretti, lleva días defendiendo el plan, tratando de convencer a los aliados de Lula de que es necesario crear margen para que el presidente pueda financiar sus prioridades. Algunos diputados del Partido de los Trabajadores han presionado para que se introduzcan cambios que protejan la inversión pública de las restricciones fiscales y aumenten los ingresos mediante impuestos sobre los dividendos y las grandes fortunas. El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, restó importancia el martes a las tensiones, calificando el debate como algo típico de un partido que suele permitir que sus diferencias en materia de política económica se manifiesten públicamente. “No hay crisis”, declaró Guimarães a los periodistas en Brasilia. “Hay desacuerdos, como siempre los hay en la izquierda. Estamos hablando, estamos dialogando, con mucha calma y naturalidad”.
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