Naciones Unidas advierte que las disposiciones contra el crimen organizado debilitan garantías constitucionales y podrían facilitar detenciones arbitrarias y criminalización de sectores sociales. Desde Tegucigalpa, Daniel Sierra informa. Las reformas penales aprobadas en Honduras para combatir el crimen organizado han provocado una advertencia de Naciones Unidas, que en un comunicado del 12 de noviembre alertó sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos y las garantías judiciales. Las reformas también permiten allanamientos sin revisión judicial posterior, detenciones de hasta 48 horas y prisión preventiva obligatoria en máxima seguridad.
Estas restricciones, sumadas a la politización judicial denunciada por sectores sociales, alimentan temores de persecución contra dirigentes y defensores de derechos humanos. El Congreso defiende las reformas como medidas contra el crimen organizado. Sin embargo, Naciones Unidas cuestiona que la prisión preventiva obligatoria impida evaluar individualmente cada caso y limite la independencia judicial. Ante los cuestionamientos por allanamientos y detenciones, la Policía asegura que el Ministerio Público supervisa sus procedimientos.
Naciones Unidas, entretanto, exige controles judiciales efectivos y acceso permanente a la defensa pública. La alerta también alcanza al régimen penitenciario por el aislamiento prolongado y las restricciones de atención médica. Naciones Unidas pide revisar las reformas, mientras persiste el temor de que las nuevas facultades estatales faciliten abusos y criminalización de la protesta social. Desde Tegucigalpa, Honduras, Daniel Sierra ayk/hnb