El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) remitió el domingo 22 de noviembre una petición formal al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X , en la que solicita bloquear la cuenta @petrogustavo. El departamento considera que las últimas publicaciones del exmandatario pueden fomentar actuaciones contra las instituciones democráticas colombianas. La iniciativa abre un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de De la Espriella , elegido presidente el pasado 21 de junio y en el cargo desde el 7 de agosto, y el entorno político de su antecesor, que denuncia una vulneración de la libertad de expresión . La petición del Gobierno colombiano no supone la suspensión inmediata de Gustavo Petro: será X quien determine si sus publicaciones infringen las normas de la plataforma El mensaje de Gustavo Petro que desencadenó la petición El origen de la controversia es una publicación realizada por Gustavo Petro el sábado 21 de noviembre, en la que escribió: «Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya».
El mensaje estaba acompañado de un vídeo de un minuto y 48 segundos que recogía fragmentos de una intervención del expresidente durante una manifestación celebrada el jueves 19 de noviembre en Cali. En ese discurso, Petro pidió que la expresión «Abelardo renuncie ya» se convirtiera en una consigna mayoritaria y defendió una movilización ciudadana inmediata contra el actual presidente. «Lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato», afirmó el exmandatario, quien también planteó que una movilización de millones de personas podría contribuir a restaurar lo que denominó la democracia real. Para el Ministerio de las TIC , estas declaraciones pueden constituir una incitación a la violencia y un llamamiento a desconocer la legitimidad de un presidente elegido democráticamente. El departamento considera que la red social no debe utilizarse como instrumento para promover lo que califica de un plan antidemocrático y desestabilizador contra las instituciones del Estado.
El Consejo de Estado ya había ordenado retirar publicaciones de Petro La solicitud llega después de otra controversia relacionada con las manifestaciones de Petro en las redes sociales . El Consejo de Estado de Colombia dictó el 30 de octubre una resolución, difundida públicamente en noviembre, que obligaba al expresidente a retirar 12 publicaciones relacionadas con acusaciones de supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026. La decisión respondía a una acción de tutela presentada por Hernán Penagos , registrador nacional del Estado Civil, que consideraba vulnerados sus derechos a la honra y al buen nombre, así como los de la Registraduría. El tribunal también ordenó al exmandatario abstenerse de atribuir responsabilidades penales al registrador o a la institución electoral sin una resolución judicial que respaldara esas acusaciones.
El Consejo de Estado ya había ordenado a Petro eliminar 12 publicaciones relacionadas con acusaciones de fraude electoral contra la Registraduría colombiana El Gobierno ha incorporado este antecedente a sus argumentos para solicitar a X una actuación sobre el perfil del expresidente. También ha pedido que se tenga en cuenta el alcance de su cuenta y su inclusión en la lista de sanciones OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde fue incorporado en octubre de 2025. El Ministerio recuerda, además, el papel que desempeñaron las redes sociales durante las protestas iniciadas en Colombia en abril de 2021, cuando las movilizaciones estuvieron acompañadas de episodios de violencia, bloqueos y enfrentamientos. El Pacto Histórico denuncia una operación de censura política La decisión del Ejecutivo ha provocado una reacción inmediata entre representantes del Pacto Histórico , la formación política vinculada al expresidente.
La congresista Laura Daniela Beltrán , conocida como Lalis, calificó la petición de persecución política y acusó al Gobierno de utilizar las instituciones para limitar la expresión de la izquierda. «Esto es totalmente antidemocrático», afirmó la parlamentaria, quien reclamó al Ejecutivo que abandone lo que considera una estrategia de censura contra sus adversarios. Beltrán denunció, además, que esta solicitud forma parte de una ofensiva política contra los sectores progresistas colombianos. Por su parte, la representante Isabel Vera , también del Pacto Histórico, cuestionó la utilización de las plataformas digitales para restringir las opiniones de dirigentes opositores. La congresista acusó al Gobierno de actuar contra la libertad de prensa y la autonomía de quienes expresan posiciones críticas con el Ejecutivo.
Estas críticas trasladan el enfrentamiento político al terreno de los derechos digitales y los límites que pueden imponerse a las manifestaciones de dirigentes públicos en las redes sociales. Libertad de expresión e incitación a la violencia La controversia plantea una cuestión especialmente delicada para las instituciones colombianas: la distinción entre el derecho a convocar movilizaciones contra un Gobierno y la utilización de mensajes que puedan fomentar actuaciones violentas. La Constitución de Colombia reconoce en su artículo 20 la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, mientras que el artículo 37 garantiza el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. El Gobierno sostiene que las declaraciones de Petro pueden sobrepasar los límites de una convocatoria política legítima, mientras que sus aliados consideran que pedir la renuncia de un presidente y promover protestas forma parte del ejercicio de los derechos democráticos.
La controversia enfrenta la acusación gubernamental de incitación a la violencia con la defensa del derecho a la protesta y la libertad de expresión X tendrá que decidir si suspende la cuenta del expresidente La solicitud del Gobierno colombiano no implica, por sí misma, que la cuenta de Gustavo Petro quede bloqueada. La decisión corresponde a X , que deberá evaluar el contenido denunciado y determinar si incumple sus normas sobre amenazas, promoción de comportamientos violentos o incitación a la violencia. Hasta el momento, no se ha comunicado una decisión de la plataforma sobre la petición presentada por el Ministerio. La controversia se produce apenas tres meses después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia y refleja la creciente confrontación entre el nuevo Ejecutivo y el movimiento político de su antecesor.
La respuesta de X determinará si este enfrentamiento queda limitado a una disputa política sobre las declaraciones del expresidente o desemboca en la suspensión de uno de sus principales canales de comunicación pública.