Los viejos intermediarios del petróleo venezolano siguen bajo la lupa tras la caída de Maduro

Los viejos intermediarios del petróleo venezolano siguen bajo la lupa tras la caída de Maduro

Bloomberg Línea — La captura de Nicolás Maduro no ha despejado las interrogantes sobre quiénes controlan el negocio petrolero venezolano ni sobre el destino de sus ingresos. Aunque la estructura de comercialización ha incorporado nuevos participantes y algunos operadores han salido del sector, Transparencia Venezuela advierte que figuras vinculadas a las redes anteriores siguen presentes. La organización también cuestiona las condiciones en que se están asignando los campos petroleros y la falta de información sobre los beneficiarios finales de las empresas que participan en el sector. Transparencia Venezuela entregó esta semana a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York un informe que busca aportar elementos a la investigación penal que se sigue contra Maduro y Cilia Flores en esa jurisdicción.

El documento reconstruye el papel del exmandatario dentro de una red de corrupción transnacional y sus conexiones con economías ilícitas, a partir de diez años de registros, expedientes judiciales, decisiones administrativas y bases de datos. Un expediente sobre una red de 13.521 actores El informe, titulado Corrupción, captura del Estado y redes transnacionales en Venezuela, reconstruye una estructura de 13.521 actores, 30.467 relaciones y 865 empresas, vinculada a 154 casos de corrupción. Según el análisis de la ONG, Maduro ocupa el primer lugar en intermediación estructural dentro de esa red, un indicador que mide su posición como conexión entre distintos actores. En 96 de los 154 casos documentados desde 2013, Transparencia Venezuela identificó US$36.115 millones comprometidos.

Para los otros expedientes, el monto no ha sido determinado o publicado. El informe también registra 110 casos que llegaron a tribunales de 26 países y 651 personas vinculadas a las investigaciones: 413 banqueros, empresarios e intermediarios y 238 funcionarios de organismos públicos y del sistema de justicia. La entrega del expediente busca contribuir a las pesquisas de las autoridades estadounidenses. De Freitas ha explicado que la documentación acumulada por la organización durante años permite reconstruir relaciones entre funcionarios, intermediarios, empresas y estructuras financieras.

La directora de Transparencia Venezuela también ha señalado las dificultades que supone investigar estas tramas desde otros países. En su experiencia de colaboración con fiscales y cuerpos policiales extranjeros, uno de los obstáculos ha sido explicar el contexto económico e institucional venezolano. Los mecanismos de control cambiario, las diferencias entre las tasas oficiales y las del mercado y las conversiones de bolívares a dólares forman parte de operaciones que no siempre resultan sencillas de reconstruir desde otros sistemas financieros. A ello se suma la necesidad de entender cómo las decisiones administrativas y los controles estatales facilitaron determinadas transacciones.

Nuevos operadores, viejas interrogantes en el petróleo La dimensión de esas redes también aparece en una investigación anterior de Transparencia Venezuela sobre el circuito de comercialización petrolera entre 2019 y 2025. El estudio From Sanctions Evasion to Money Laundering: The Venezuelan Oil Trading Scheme reconstruyó el 80% de 435 embarques identificados durante 2025. El informe describió mecanismos de intermediación, estructuras empresariales en distintas jurisdicciones y formas de pago que, según la organización, dificultaron seguir el recorrido de los ingresos. También identificó operadores que ya aparecían en negocios petroleros de años anteriores.

La continuidad de algunos participantes es una de las alertas que recoge el nuevo mapa de empresas del sector petrolero, con datos al 31 de octubre de 2026. De los 303 bloques petroleros y gasíferos considerados en el análisis, 134 están en manos de empresas privadas y 169 permanecen bajo control de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La organización identifica 63 compañías activas procedentes de 33 países. De ellas, 21 son nuevas en el sector, 11 tienen proyectos en estudio y 15 fueron desplazadas.

Entre los nombres que aparecen en esa reorganización está el empresario Alejandro Betancourt López, a quien Transparencia Venezuela identifica como operador en la comercialización de crudo sancionado. Betancourt controla actualmente North American Blue Energy Partner (NABEP), a la que se le asignaron 31 bloques y que reporta una producción de 224.000 barriles diarios. La organización señala que el empresario ha sido objeto de señalamientos relacionados con sobreprecios en la crisis eléctrica, préstamos a Pdvsa y presuntos esquemas de lavado de dinero. De acuerdo con sus registros, mantiene 82 empresas en 21 países.

El mapa también recoge otros casos que, a juicio de la ONG, requieren mayor escrutinio. Pacific Coast Energy Co. recibió 12 bloques, aunque Transparencia Venezuela afirma que no ha podido establecer con certeza las capacidades de inversión ni la experiencia reciente de la compañía, así como la identidad de sus beneficiarios finales. También menciona a UCC Oil and Gas, vinculada a licencias en el campo gasífero Loran, y a Primavera Infinita LLC, constituida en 2026 y asignataria del bloque Budare-Elotes. La reorganización también desplazó a nombres vinculados al entorno presidencial, como Carlos Malpica Flores y Ramón Carretero Napolitano en Hainan Breey Energy.

La organización registra, además, al menos dos casos de presunta vulneración de derechos de propiedad y unos 15 en los que habrían cambiado las condiciones contractuales sin que se conozcan los procedimientos aplicados. En el comunicado difundido con la presentación del informe, Mercedes De Freitas advirtió que la entrada de nuevos participantes no garantiza por sí sola un cambio en las prácticas del sector. “Que salgan unos operadores y entren otros no limpia el sistema. Si no sabemos quién es el beneficiario final de cada empresa ni bajo qué condiciones recibió los campos, el petróleo sigue siendo un vehículo ideal para legitimar capitales”. La directora de Transparencia Venezuela sostuvo en entrevista con Bloomberg Línea que Pdvsa conserva un papel relevante en el negocio y que todavía no existe información suficiente para seguir el recorrido de los ingresos.

Entre los datos que considera necesarios están los volúmenes comercializados, los compradores, los precios, los descuentos aplicados, las condiciones de pago y la administración de los recursos. La preocupación alcanza a los contratos de participación productiva y otros acuerdos con empresas privadas. De Freitas considera que deben publicarse los documentos, los campos asignados y las condiciones negociadas, además de identificarse a los beneficiarios finales de cada compañía. Recuperar el dinero desviado, una tarea compleja La posibilidad de recuperar los recursos involucrados en las tramas de corrupción representa otro desafío.

De Freitas advirtió que no será sencillo devolver a Venezuela la totalidad del dinero desviado, debido a que los fondos suelen fragmentarse, trasladarse entre distintas jurisdicciones y convertirse en activos de diferente naturaleza. Cada país tiene sus propios procedimientos judiciales y mecanismos para congelar, confiscar y devolver esos bienes. Por eso, una investigación o una incautación no se traducen automáticamente en la recuperación de los fondos. De Freitas también señaló que el país no debería contar con esos recursos como una fuente inmediata para financiar su recuperación económica.

Aunque considera necesario continuar las investigaciones y los esfuerzos de cooperación internacional, el rastreo y la restitución de activos pueden prolongarse durante años y no necesariamente permiten recuperar todo el patrimonio comprometido. La organización plantea que Venezuela necesitaría instituciones especializadas para investigar la corrupción y gestionar la recuperación de activos, además de mecanismos independientes que permitan administrar los recursos que eventualmente sean restituidos. La cooperación judicial entre países sería determinante para rastrear los fondos y evitar que queden dispersos en diferentes sistemas financieros. Transparencia Soberana: cifras sin suficiente desglose Las dudas sobre la rendición de cuentas también alcanzan la información divulgada por el Gobierno a través de Transparencia Soberana, un portal oficial que fue actualizado el 12 de noviembre por Delcy Rodríguez con un balance de ingresos y egresos correspondiente al período entre enero y noviembre de 2026.

Según los datos publicados, los ingresos sumaron US$15.603 millones y los egresos alcanzaron US$14.860 millones. De estos últimos, US$14.710 millones correspondieron a salarios de trabajadores del sector público y pensiones, mientras que US$150,5 millones se destinaron a gastos de funcionamiento del Gobierno. Rodríguez destacó que 99 de cada US$100 desembolsados se dirigieron a esos compromisos laborales sociales. El portal también reportó que US$15.148 millones, equivalentes al 97,1% de los ingresos, provinieron de la venta de petróleo y derivados.

Sin embargo, las cifras no permiten conocer con suficiente detalle cómo se distribuyeron los recursos. La propia plataforma señala que su información corresponde al Fondo de Protección Social y al Fondo de Infraestructura Nacional, por lo que no constituye una rendición de cuentas integral de todos los ingresos y gastos del Estado. De Freitas cuestionó precisamente la falta de desagregación. Para la directora de Transparencia Venezuela, no basta con informar cuánto dinero se destinó a salarios y pensiones: es necesario conocer cuántos trabajadores públicos recibieron esos pagos, qué organismos fueron cubiertos, cuántos pensionados están incluidos y qué partidas presupuestarias financiaron los desembolsos.

La información también debería permitir distinguir entre salarios y bonificaciones, así como identificar los montos asignados a cada institución. Ese nivel de detalle permitiría contrastar las cifras oficiales con los pagos recibidos por los trabajadores y con las necesidades de servicios públicos como hospitales y centros educativos. De Freitas planteó, además, que el presupuesto nacional y sus modificaciones deben estar disponibles para consulta pública. De esa manera podría verificarse si los gastos corresponden a las partidas aprobadas y si los cambios presupuestarios siguieron los procedimientos correspondientes.

La actualización de Transparencia Soberana coincide con una nueva etapa de supervisión estadounidense sobre los ingresos derivados de la comercialización de recursos venezolanos. Para Transparencia Venezuela, ese mecanismo no sustituye la obligación de las autoridades de explicar cómo se utilizan los fondos ni de publicar información que permita su fiscalización.

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