La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha alertado de graves vulneraciones de los Derechos Humanos en el sistema penitenciario del país y reclama medidas urgentes para afrontar una situación que considera cada vez más insostenible. El Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) constata problemas que ya habían sido detectados en ejercicios anteriores y que, lejos de resolverse, se han agravado. La población penitenciaria pasó de 17.305 personas en 2020 a 33.058 en julio de 2025, un incremento de alrededor del 91% El informe toma como referencia una población de 33.058 personas privadas de libertad en julio de 2025 , frente a las 17.305 registradas en 2020. En apenas cinco años, por tanto, el número de internos aumentó en unas 15.753 personas.
Las cifras de la crisis penitenciaria boliviana Indicador Dato Población penitenciaria en 2020 17.305 Población penitenciaria en julio de 2025 33.058 Incremento desde 2020 ≈91% Presos sin condena firme Más del 50% Niños viviendo con sus madres en prisión al cierre de 2025 Cerca de 190 Prediario para alimentación 8 bolivianos diarios Hacinamiento constatado en el seguimiento de 2026 Más del 109% Fuente: Defensoría del Pueblo de Bolivia y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Hacinamiento y presos durmiendo en los pasillos La sobrepoblación es una de las principales consecuencias del fuerte crecimiento de la población penitenciaria. La Defensoría denuncia situaciones en las que los internos se ven obligados a dormir en pasillos y otros espacios no concebidos como zonas de alojamiento . El problema se extiende a las infraestructuras básicas.
Las inspecciones han detectado colapsos de pozos sépticos y sistemas de alcantarillado, escasez de agua y acumulación de residuos , unas condiciones que incrementan los riesgos sanitarios dentro de unas instalaciones ya saturadas. A ello se suma la insuficiencia de personal policial, sanitario y técnico, así como la ausencia en determinados centros de equipos multidisciplinares capaces de atender adecuadamente a la población penitenciaria. La falta de agua, el colapso del saneamiento y la escasez de personal convierten el hacinamiento en un problema también sanitario La alimentación constituye otro de los grandes focos de conflicto. Las personas privadas de libertad tienen asignado un prediario de ocho bolivianos para su alimentación , pero la Defensoría denuncia retrasos recurrentes en su desembolso.
El problema continúa en 2026. El seguimiento publicado este mes por la institución señala retrasos de hasta tres meses en La Paz y de dos meses en Potosí, Beni, Chuquisaca y Tarija. Más de la mitad de los presos, sin sentencia firme Una de las principales causas del hacinamiento es, según la Defensoría, el uso excesivo de la detención preventiva . Más de la mitad de las personas encarceladas carecía de una condena firme, una circunstancia especialmente preocupante porque convierte una medida que debería tener carácter excepcional en una práctica extendida dentro del sistema judicial.
El organismo llega a advertir de que las prisiones están funcionando como un “depósito humano” , con consecuencias directas sobre la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de los detenidos. La Defensoría advierte de que la detención preventiva ha dejado de ser excepcional y contribuye directamente al hacinamiento Los datos posteriores tampoco apuntan a una solución. El seguimiento realizado por la Defensoría señala que, a diciembre de 2025, el 53,91% de la población penal seguía en detención preventiva , mientras el hacinamiento superaba el 109% de la capacidad disponible. Cerca de 190 niños viviendo dentro de las cárceles El informe dedica también especial atención a los niños que viven en prisión junto a sus madres .
Al finalizar 2025 se contabilizaban alrededor de 190 menores en esta situación. La Defensoría alerta de que estos niños permanecen en los centros penitenciarios sin disponer de una alimentación diferenciada ni de una asignación específica adaptada a sus necesidades. El organismo reclama por ello una respuesta integral de las administraciones que permita garantizar sus derechos y evitar que las deficiencias del sistema penitenciario terminen afectando también a menores que no están cumpliendo ninguna pena. Una crisis que continúa en 2026 La situación descrita por el informe de 2025 no ha quedado atrás.
La propia Defensoría reiteró el pasado 20 de agosto de 2026 que Bolivia mantiene una “sostenida crisis humanitaria” en sus centros penitenciarios y aseguró que los problemas detectados en años anteriores se han ido agravando. El seguimiento más reciente sitúa en 32.677 las personas privadas de libertad a finales de 2025 y mantiene el hacinamiento por encima del 109%. Además, la Defensoría contabilizó 17 muertes violentas en las cárceles entre enero y julio de 2026 , más que las 15 registradas durante todo 2025. Ante este escenario, el organismo reclama al Estado medidas para reducir la sobrepoblación, revisar las detenciones preventivas, agilizar los mecanismos de descongestionamiento penitenciario, garantizar el pago de la alimentación y reforzar la atención sanitaria y las infraestructuras.