Bogotá — El terremoto del pasado 10 de agosto dejó pérdidas económicas directas estimadas en cerca de COP$30 billones en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, cinco departamentos que en conjunto representan alrededor del 14,5% del PIB de Colombia. De acuerdo con el informe, elaborado por ANIF, de ese monto COP$24,5 billones corresponden a edificaciones y COP$5,5 billones a infraestructura. Valle del Cauca concentra la mayor parte de las pérdidas, con COP$19,5 billones, seguido por Risaralda, con COP$5,4 billones. El impacto económico, sin embargo, no depende únicamente del valor de los daños materiales.
El análisis señala que los cinco departamentos tienen un peso relevante en la economía nacional, aunque presentan diferencias importantes en su capacidad para enfrentar un choque de esta magnitud. Valle del Cauca concentra el mayor peso económico Valle del Cauca representa cerca del 9,8% del PIB nacional, mientras que Risaralda y Caldas participan cada uno con alrededor de 1,7%. Quindío representa 0,9% y Chocó 0,5%. En conjunto, los cinco departamentos generan aproximadamente el 14,5% del PIB colombiano, según ANIF.
El documento también construye un índice de vulnerabilidad económica frente al terremoto. En una escala de 0 a 100, donde un mayor resultado representa una mayor vulnerabilidad relativa, Chocó registra 60 puntos, Valle del Cauca 40, Quindío 36, Risaralda 30 y Caldas 25. El caso de Chocó está relacionado con su bajo PIB per cápita, la concentración de su estructura productiva y la volatilidad histórica de su crecimiento económico. Valle del Cauca, en cambio, tiene una vulnerabilidad asociada principalmente al volumen de actividad económica expuesta.
El informe señala que actividades intensivas en infraestructura física, como industria, comercio y actividades inmobiliarias, representan el 47% de la economía del Valle del Cauca, aumentando la exposición ante los efectos del desastre. El empleo también está expuesto Los departamentos afectados concentran cerca del 15% de los ocupados del país y aportaron, en lo corrido de 2026, uno de cada cuatro empleos creados a nivel nacional. El informe destaca que buena parte de ese dinamismo laboral está relacionado con sectores sensibles a una interrupción física, entre ellos agricultura, alojamiento y comercio. La informalidad también representa una diferencia importante entre los territorios.
Mientras Risaralda registra una tasa de informalidad de 48,3%, Caldas de 50,3%, Quindío de 51% y Valle del Cauca de 52,3%, en Chocó llega a 84,7%. Según el documento, esta situación puede traducirse en una mayor exposición de los trabajadores informales ante una interrupción de la actividad económica, debido a la ausencia de contrato y protección social. El abastecimiento de alimentos sufrió un golpe Otro de los canales de impacto está relacionado con el abastecimiento. Entre enero y julio de 2026, Cali, Pereira, Manizales y Armenia concentraron el 13,5% del abastecimiento nacional registrado en centrales de abasto y mercados mayoristas.
Cali representó 7,8% del total, seguida por Pereira con 2,4%, Manizales con 1,7% y Armenia con 1,6%. Después del terremoto, la caída del abastecimiento fue mayor en estas ciudades que en el resto del país. Pereira registró una contracción de 57,2%, Manizales de 26,2%, Cali de 17,8% y Armenia de 13,2%, frente a una disminución de 8,5% en el resto de ciudades analizadas. El análisis también señala que los cinco departamentos aportaron cerca del 48,8% de la producción agrícola y pecuaria del país en 2025, por lo que una afectación prolongada de la infraestructura o de las actividades productivas podría tener efectos sobre la oferta de alimentos más allá de las zonas directamente impactadas.
En materia de inflación, el informe advierte que el efecto todavía no es claro y dependerá de cuánto tiempo persista la disrupción. Las cuatro ciudades concentran cerca del 14% de la canasta del IPC, aunque el documento señala que un eventual choque de oferta tendría un efecto más acotado sobre el índice nacional que sobre la disponibilidad local de alimentos. El informe concluye que la recuperación deberá considerar no solo el valor de las pérdidas económicas, sino también las condiciones estructurales de cada territorio, dado que la vulnerabilidad frente al terremoto es diferente entre los cinco departamentos afectados.