Coches Eléctricos Europa cambia las reglas de los cargadores eléctricos y obliga a los operadores a enseñar sus cartas: estas son las nuevas obligaciones El reglamento AFIR obliga a reforzar la transparencia de precios, facilitar el pago puntual y reducir la dependencia de contratos previos con los operadores. La normativa AFIR introduce nuevas reglas para hacer más transparente la recarga pública. Daniel Vega 27/08/2026 13:01 Actualizado a 27/08/2026 13:14 Añadir Híbridos y Eléctricos como fuente preferida de Google de forma gratuita. Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Activar ahora La red pública de recarga europea no sólo tiene pendiente crecer en número de puntos. Bruselas también quiere corregir uno de los problemas que más fricción genera actualmente: la falta de homogeneidad a la hora de pagar y de conocer cuánto costará realmente una sesión antes de conectar el vehículo. Ese es uno de los pilares del Reglamento (UE) 2023/1804 , conocido como AFIR, que establece unas reglas comunes para las infraestructuras de combustibles alternativos. La norma ya está en vigor y afecta tanto al despliegue de cargadores como a la información que reciben los usuarios, los sistemas de pago y la cobertura mínima que deberá existir en las principales carreteras europeas.
Los operadores ofrecerán información más clara sobre tarifas y costes adicionales. El precio tendrá que estar claro antes de empezar a cargar AFIR obliga a que las tarifas de los puntos públicos sean transparentes, comparables y no discriminatorias. En los cargadores de 50 kW o más, el precio de una recarga puntual deberá expresarse tomando como referencia el coste por kWh, pudiendo añadirse una tarifa por minuto si se utiliza para penalizar una ocupación excesiva del poste. Además, esa información tendrá que estar disponible antes de que comience la sesión.
En los cargadores de menos de 50 kW también deberán detallarse todos los conceptos aplicables, incluyendo precio por kWh, por minuto, por sesión o cualquier otro cargo adicional. Estas obligaciones afectan a los puntos desplegados desde el 13 de abril de 2024. La regulación también busca reducir la dependencia de aplicaciones, cuentas de usuario o contratos previos con cada operador. Los nuevos puntos públicos deben permitir una recarga puntual, y para los instalados desde abril de 2024 se exige aceptar algún sistema de pago electrónico de uso generalizado en la Unión Europea.
En instalaciones de 50 kW o más, esto implica disponer de lector de tarjetas o de un sistema contactless compatible con ellas. Para potencias inferiores también se admiten alternativas mediante Internet que permitan realizar pagos seguros, como determinados códigos QR. Además, desde el 1 de enero de 2027, esta exigencia llegará también a los puntos de al menos 50 kW situados en la red TEN-T y en determinadas zonas de estacionamiento seguro, aunque sean anteriores a abril de 2024. También habrá más exigencias para viajar por carretera AFIR no se limita al funcionamiento individual de los cargadores.
El reglamento fija objetivos mínimos para ampliar la infraestructura en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), con el objetivo de reducir los grandes tramos sin posibilidades de recarga en los principales corredores de la Unión Europea. La red europea de recarga también deberá crecer en los principales corredores viarios. Para turismos y vehículos comerciales ligeros, la norma establece progresivamente grupos de recarga separados por un máximo de 60 kilómetros en determinados tramos de la TEN-T, además de requisitos mínimos de potencia conjunta y cargadores individuales de alta potencia. Los vehículos pesados cuentan con sus propios objetivos de cobertura y potencia, que se irán endureciendo durante los próximos años.
Otro requisito que ya debería estar implantado es la conectividad de la infraestructura. Desde el 14 de octubre de 2024, todos los puntos públicos operados deben estar conectados digitalmente, lo que permitirá intercambiar información sobre aspectos como su disponibilidad, funcionamiento y características. El cambio que plantea AFIR va así bastante más allá de instalar nuevos postes. La normativa introduce una base común para toda la Unión Europea en la que será necesario conocer el precio antes de cargar, disponer de alternativas para pagar sin contratar previamente con cada operador y contar con una red cada vez más homogénea en los grandes desplazamientos.
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