España quiere aprovechar el auge de la inteligencia artificial y los centros de datos, pero no a cualquier precio. El Gobierno prepara una regulación más estricta para las instalaciones existentes y los nuevos proyectos ante el rápido crecimiento de un sector que puede consumir enormes cantidades de electricidad y agua. Las medidas formarían parte de un futuro Real Decreto dedicado a los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. El texto definitivo todavía no se ha publicado, pero distintos medios han adelantado algunas de las condiciones que estudia el Ejecutivo.
El objetivo es evitar que España repita situaciones observadas en otros países donde los centros de datos crecieron más rápido que las redes eléctricas y la planificación territorial. España ya tiene tres veces más capacidad de la prevista La magnitud del fenómeno se entiende mejor mirando la red eléctrica . La estrategia española de inteligencia artificial estimaba que los centros de datos podrían alcanzar una demanda aproximada de 4 gigavatios en 2030. Sin embargo, actualmente existen alrededor de 6 GW disponibles para estas instalaciones en la red de transporte y otros 6 GW en las redes de distribución.
En conjunto, serían 12 GW de capacidad potencial, aproximadamente tres veces lo que España esperaba necesitar a finales de la década. El crecimiento está impulsado por la disponibilidad de terrenos, una importante infraestructura de telecomunicaciones y, sobre todo, la expansión de las energías renovables, factores que han convertido al país en un destino atractivo para grandes inversiones tecnológicas. Al menos el 80% de la electricidad tendría que ser renovable Una de las medidas más importantes sería exigir que al menos el 80% del consumo energético de cada centro de datos esté respaldado por generación renovable. Pero no bastaría con comprar electricidad procedente de parques solares o eólicos que ya existen.
Los nuevos centros deberían contribuir también a incorporar nueva capacidad renovable al sistema para evitar que su enorme demanda simplemente absorba la energía limpia disponible. Además, el cumplimiento podría medirse hora por hora. Es decir, durante cada período de funcionamiento, una proporción mínima de la electricidad consumida tendría que corresponder a producción renovable generada en ese mismo momento. El objetivo es evitar que una empresa pueda declarar un consumo anual “verde” compensando horas de alta utilización de combustibles fósiles con grandes cantidades de energía renovable producida en otros momentos.
El Gobierno de España trabaja en un real decreto para impulsar los centros de datos sostenibles y eficientes. 👉 @fbelblazquez : «Deben cumplir los estándares en el uso de nuestros recursos. Es una cuestión que preocupa a los aragoneses y a la que el Gobierno da respuesta». pic.twitter.com/3KPuSIz8d4 Delegación del Gobierno en Aragón (@DelGobEnAragon) August 27, 2026 El agua también estará bajo vigilancia Los centros de datos no solamente necesitan electricidad. Sus sistemas de refrigeración pueden demandar grandes cantidades de agua, especialmente en instalaciones de enorme tamaño dedicadas a inteligencia artificial. Por eso, las nuevas normas también establecerían requisitos de eficiencia hídrica y energética.
Las empresas que incumplan las condiciones podrían enfrentarse a sanciones y penalizaciones y, en situaciones extremas, incluso perder sus derechos de conexión a la red eléctrica. El precedente que España quiere evitar es especialmente visible en Irlanda, donde los centros de datos ya representan aproximadamente una quinta parte del consumo eléctrico nacional. También hay una cuestión de soberanía digital La regulación iría más allá del impacto ambiental. Los centros de datos afectados tendrían que estar operados por entidades establecidas dentro de la Unión Europea y almacenar en territorio comunitario determinada información relacionada con su funcionamiento.
Además, deberían implementar mecanismos destinados a impedir que autoridades de países externos a la UE puedan acceder a esos datos cuando dicho acceso no esté respaldado por la legislación europea. España se enfrenta así a un equilibrio complicado. Los centros de datos pueden atraer inversiones millonarias y convertirse en infraestructura fundamental para la expansión de la IA, pero también pueden presionar las redes eléctricas, consumir recursos hídricos y competir con hogares e industrias por capacidad energética. La intención del Gobierno parece clara: permitir que el sector siga creciendo, pero intentar establecer los límites antes de que la expansión se convierta en un problema difícil de controlar.
Fuente: Wired.