Chocó, Colombia. El departamento colombiano de Chocó enfrenta una creciente crisis humanitaria debido a la combinación de violencia armada, desplazamientos forzados, confinamientos, minería ilegal y los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre la gravedad de la situación y pidió a las autoridades nacionales y locales activar de forma inmediata los mecanismos de atención humanitaria. Según el organismo, las emergencias afectan con mayor intensidad a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y habitantes de zonas rurales.
Leer También: Venezuela, Colombia y Perú: la actividad tectónica explica la reciente cadena de terremotos Tras el terremoto, la Defensoría también identificó un deterioro de las condiciones de seguridad, principalmente en la subregión del San Juan. En distintos territorios se ha reportado la presencia e incursión de estructuras armadas, situación que limita las actividades cotidianas y afecta la movilidad de las comunidades. En sectores como San Agustín, en el municipio de Sipí, la presencia del Clan del Golfo ha generado restricciones para las actividades tradicionales de las comunidades. Además, la Defensoría reportó avances de este grupo hacia Puerto Murillo, en Medio San Juan, aumentando la preocupación entre los pobladores.
La confrontación entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también mantiene en tensión varias zonas rurales de Nóvita y Sipí, así como territorios pertenecientes al Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan). Crisis humanitaria se agrava en Chocó por violencia armada Uno de los hechos más recientes ocurrió el 23 de agosto en Charco Hondo, Sipí, donde enfrentamientos y ataques con drones dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento de 65 familias hacia Barrancón. De acuerdo con el reporte de la Defensoría, alrededor de 652 familias, equivalentes a unas 3.000 personas, permanecen confinadas. Durante una misión humanitaria realizada el 25 de agosto en el corredor Nóvita-Sipí, la Defensoría verificó daños en viviendas y bienes colectivos causados por ataques armados y material explosivo, además de afectaciones psicológicas entre los habitantes.
Como parte de esta misión, las autoridades acompañaron la evacuación de 40 personas desplazadas hacia Nóvita e Istmina y constataron también los daños provocados por el terremoto en el albergue étnico de Acadesan, lo que complica aún más las condiciones de atención para las comunidades afectadas. El Chocó enfrenta una crisis extrema tras un terremoto de 7.4 que dejó miles de damnificados y aislamiento total. Las réplicas continúan y la ayuda médica aún no logra llegar a las zonas críticas.#EstamosConColombia #teleSUR #ElChoco #Terremoto #ParaTi #14Ago pic.twitter.com/zGh6hkVd8I — teleSUR TV (@teleSURtv) August 14, 2026 La crisis también alcanza otros puntos del departamento. En sectores de la vía Quibdó-Medellín, comunidades indígenas han tenido que desplazarse debido al incremento de las actividades armadas, mientras que en la parte baja del río Tamaná persisten restricciones a la movilidad.
En localidades como Paimadó, San Gerónimo y El Tigre, la presión ejercida por grupos armados afecta a 129 familias, unas 301 personas, que enfrentan dificultades para movilizarse y desarrollar sus actividades cotidianas. La Defensoría también confirmó que continúan los confinamientos en Alto Baudó y Bajo Baudó, mientras existe un riesgo de nuevos desplazamientos y aislamiento para comunidades étnicas de Juradó, Nuquí y Bojayá. Desplazamientos y ataques agravan la emergencia humanitaria en Chocó A la violencia se suma el avance de la minería ilegal con maquinaria pesada y entables mineros en sectores de Lloró, Bagadó y el corredor Noanamá-Cucurrupí. La actividad genera daños ambientales y aumenta las disputas por el control territorial.
Según el organismo, la minería ilegal afecta directamente a 18 comunidades, 11 afrodescendientes y 7 indígenas, que reúnen aproximadamente 3.800 personas, equivalentes a unas 920 familias. La expansión de estas actividades también representa una amenaza para los ecosistemas y se ha convertido en otro factor de confrontación entre estructuras armadas. El impacto del terremoto del 10 de agosto dificulta todavía más la atención. La falta de un censo definitivo de damnificados impide conocer con precisión la magnitud de los daños, mientras varias zonas rurales permanecen incomunicadas y enfrentan dificultades para recibir asistencia.
Ante la emergencia, la Defensoría del Pueblo pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y evitar acciones que pongan en peligro la vida, integridad, movilidad y bienes de la población civil. El organismo también solicitó al Gobierno Nacional, la Gobernación del Chocó y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar la movilidad segura y brindar alimentación, servicios de salud y alojamiento temporal a las personas afectadas. Finalmente, la Defensoría reclamó la culminación urgente del censo de damnificados por el sismo, especialmente en las áreas rurales que permanecen aisladas, con el objetivo de dimensionar las necesidades de las comunidades y garantizar que la ayuda llegue a quienes enfrentan esta crisis múltiple.