El Decreto Supremo 5693 establece un régimen excepcional para las entidades de intermediación financiera que, a 31 de julio de 2026, hubieran sufrido un deterioro de sus niveles mínimos de solvencia como consecuencia de la coyuntura económica y tengan dificultades para cumplir las exigencias regulatorias. La medida se dirige específicamente a las entidades afectadas y establece un mecanismo extraordinario de apoyo con una duración máxima de 90 días Un mecanismo temporal para reforzar el patrimonio La principal novedad del decreto es la autorización excepcional al Fondo Amplio de Garantía y de Crédito para emitir, a través de sus entidades administradoras, certificados de fortalecimiento patrimonial. Estos instrumentos tendrán una vigencia máxima e improrrogable de 90 días naturales desde el momento de su emisión. El objetivo declarado es evitar que un deterioro coyuntural del capital de determinadas entidades termine afectando al acceso de empresas y familias a los productos bancarios y al funcionamiento normal del sistema financiero boliviano .
El fondo utilizado para este mecanismo había sido creado meses antes como instrumento para facilitar el crédito. El Ministerio de Economía explicó en abril que se nutrió con el 6% de las utilidades netas de 2025 de los bancos múltiples y bancos pyme y que entre sus funciones figuraban las garantías para vivienda social y para créditos destinados a micro y pequeñas empresas. El Gobierno convierte temporalmente un fondo concebido para respaldar el crédito en un instrumento de fortalecimiento patrimonial de las entidades financieras El conjunto del sistema mantiene solvencia por encima del mínimo La aprobación de la medida no significa, sin embargo, que el conjunto del sector bancario boliviano se encuentre por debajo de los requisitos de capital. Los últimos datos publicados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) muestran que, a 31 de julio, el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) del conjunto del sistema alcanzaba el 14,9% , frente al mínimo regulatorio del 10% .
Entre los bancos, el indicador se situaba en el 14,1% . El patrimonio total de las entidades ascendía a 30.821 millones de bolivianos. Las cifras agregadas no excluyen que determinadas entidades hayan registrado problemas individuales de capitalización, precisamente el supuesto al que se dirige el Decreto 5693. Principales indicadores económicos y financieros de Bolivia Indicador Último dato Previsión PIB 2026 -3,6% PIB acumulado primer semestre -3,34% Previsión de inflación 2026 9,22% Inflación interanual en junio 9,23% CAP sistema financiero, julio 14,9% CAP de los bancos, julio 14,1% CAP mínimo exigido 10% Fuente: Banco Central de Bolivia y ASFI.
La recesión eleva la presión sobre el sector financiero La decisión llega en un escenario macroeconómico particularmente complicado. El Banco Central de Bolivia (BCB) calcula que el PIB cerrará 2026 con una contracción cercana al 3,6% , después de acumular una caída estimada del 3,34% durante el primer semestre. Entre los factores que explica el organismo figuran el retroceso de la construcción, el encarecimiento de los insumos importados, los problemas climáticos y el deterioro de los ingresos reales de los hogares. El mercado laboral también refleja el debilitamiento de la economía.
El BCB calcula que la población ocupada disminuyó en aproximadamente 205.000 personas entre finales de 2025 y junio de este año. La economía boliviana afronta una contracción del 3,6% mientras la escasez de divisas y los problemas de abastecimiento aumentan la presión sobre empresas y hogares En paralelo, la inflación continúa en niveles elevados pese a haberse moderado considerablemente. Tras cerrar 2025 en el 20,4%, la tasa interanual bajó hasta el 9,23% en junio , mientras el Banco Central prevé que termine 2026 en el 9,22% . Bolivia también atraviesa una profunda transformación de su política monetaria y cambiaria.
Desde el 26 de junio, el BCB opera bajo un régimen de tipo de cambio flexible y utiliza la base monetaria como nueva ancla nominal, mientras mantiene una política monetaria contractiva para intentar contener los desequilibrios y la inflación. El Decreto 5693 introduce así una red de apoyo temporal dirigida a evitar que las dificultades macroeconómicas se trasladen a entidades concretas y terminen restringiendo todavía más el crédito. Su alcance quedará condicionado por la evolución de la actividad, la disponibilidad de divisas y la capacidad de las instituciones afectadas para recuperar sus niveles regulatorios de capital una vez finalice el periodo extraordinario de 90 días.