Sony y Microsoft están intentando recuperar parte del dinero que pagaron al Gobierno de Estados Unidos por unos aranceles que el Tribunal Supremo terminó declarando ilegales. Sin embargo, los consumidores que compraron PS5 y Xbox durante ese periodo no recibirán automáticamente una porción de esos reembolsos. Varios jugadores consideran que las compañías trasladaron el coste de los aranceles al precio de las consolas y que, si ahora recuperan ese dinero, también deberían compensar a quienes pagaron más. Las empresas rechazan esa interpretación y han pedido que las demandas colectivas presentadas en California y Washington sean desestimadas.
Su defensa puede resumirse en una frase: el comprador conocía el precio, decidió pagarlo y recibió la consola prometida. Desde su punto de vista, que posteriormente cambien las circunstancias legales no convierte aquella compra en un perjuicio económico. Las consolas subieron mientras los aranceles estaban vigentes Los aumentos fueron considerables. En mayo de 2025, Microsoft elevó el precio estadounidense de Xbox Series S de 512 GB desde 299,99 hasta 379,99 dólares.
Xbox Series X pasó de 499,99 a 599,99 dólares, mientras que la edición Galaxy Black de 2 TB alcanzó los 729,99 dólares. Sony aplicó su propia subida en agosto. La PS5 con lector quedó en 549,99 dólares, la edición digital llegó a 499,99 y PS5 Pro pasó a costar 749,99 dólares, según los precios publicados oficialmente por PlayStation. Las compañías no atribuyeron aquellas decisiones exclusivamente a los aranceles.
Sony habló de un entorno económico complicado y Microsoft señaló diferentes condiciones del mercado, incluyendo el aumento de los costes de desarrollo y fabricación. Esa distinción es ahora una pieza importante de sus defensas. En febrero de 2026, el Tribunal Supremo concluyó que el Gobierno estadounidense no tenía autoridad para imponer buena parte de aquellos gravámenes. Una decisión posterior estableció que las empresas importadoras podían solicitar la devolución del dinero.
El proceso no implica reembolsos automáticos para los compradores. Como explicó Associated Press , el fallo abrió la puerta a las reclamaciones de los importadores, pero dejó fuera a los consumidores finales. Sony espera recuperar 508 millones de dólares © Jorge Jimenez / Adriano Contreras / Gizmodo. El caso de PlayStation tiene una cifra concreta.
Sony comunicó a sus inversores que espera recibir aproximadamente 508 millones de dólares en devoluciones. La mayor parte correspondería a su división de videojuegos, según la información recogida por Game File . Un grupo de consumidores de California sostiene que ese dinero debería llegar parcialmente a quienes compraron una PS5 durante el periodo afectado. Busca que su demanda sea reconocida como acción colectiva, algo que ampliaría considerablemente el número de posibles reclamantes.
Sony quiere detener el proceso antes de alcanzar esa fase. Sus abogados argumentan que pagar voluntariamente el precio de mercado por un producto y recibirlo en las condiciones anunciadas no constituye un daño legalmente reconocible. Microsoft utiliza prácticamente la misma defensa ante una demanda presentada en Washington. Añade otro problema: determinar qué porcentaje exacto del precio de una Xbox correspondía a los aranceles sería extremadamente complicado.
El valor final también incluye fabricación, distribución, transporte, márgenes comerciales, inflación y costes de desarrollo. Otras compañías sí decidieron devolver el dinero Las empresas no están obligadas a esperar una sentencia para compensar a sus compradores. Panic, fabricante de la consola portátil Playdate, anunció que devolvería los costes adicionales cobrados durante la vigencia de los aranceles. Arctic tomó una decisión similar con sus productos de refrigeración para PC.
Esos reembolsos fueron voluntarios y no demuestran que Sony o Microsoft tengan la misma obligación jurídica. Sí refuerzan, en cambio, la discusión sobre quién debería beneficiarse cuando una empresa recupera un coste que pudo influir en sus precios. Por ahora, ningún juez ha decidido si los jugadores sufrieron un daño económico ni si existe una relación demostrable entre cada subida y los aranceles posteriormente anulados. Sony y Microsoft quieren cerrar los casos antes de que lleguen a juicio.
Los compradores intentarán demostrar que recibieron la consola que pagaron, pero que una parte de aquel precio nunca debería haber existido.