Bloomberg Línea — El Gobierno de Nicaragua rechazó los cuestionamientos de Guatemala, Costa Rica, Perú y Paraguay a la reforma constitucional aprobada esta semana en primera legislatura, que amplía a siete años el mandato de los copresidentes y restringe la participación en cargos de elección popular de quienes sean considerados “traidores a la patria”. La Cancillería nicaragüense respondió en pronunciamientos en los que reivindicó la soberanía del país y rechazó lo que calificó como injerencia extranjera en sus asuntos internos. “Nuestra única respuesta consiste en recordar que la soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores. Guatemala sostuvo que las enmiendas impulsadas por el oficialismo nicaragüense vulneran principios democráticos como la alternabilidad en el poder y la pluralidad política, al tiempo que defendió el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones y elegir a sus autoridades, y señaló que la participación política, la alternabilidad y la posibilidad de elegir y ser electo son elementos esenciales de una democracia. Costa Rica, por su parte, manifestó su “profunda preocupación” por la situación política nicaragüense y afirmó que la reforma limita aún más la participación política y electoral.
San José también anunció que apoyará una respuesta “firme y coordinada” dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Perú también rechazó las modificaciones constitucionales y pidió a la comunidad internacional activar mecanismos para evitar que se consolide una dictadura encabezada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Cancillería peruana sostuvo que la reforma restringe la posibilidad de celebrar elecciones libres y cuestionó la ampliación del mandato de las autoridades a siete años, al considerar que afectan la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Paraguay se sumó a los cuestionamientos al expresar su “profunda preocupación” por una reforma que, a su juicio, restringe la participación política y compromete la realización de elecciones libres, y reafirmó su defensa de los principios democráticos y del derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus autoridades, en línea con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
La reforma aún debe completar su trámite La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el sandinismo, aprobó el martes la reforma en primera legislatura. Para entrar en vigor todavía debe ser ratificada en una segunda legislatura, en un proceso que continuará en enero de 2027. Entre los cambios figura la ampliación de cinco a siete años del período presidencial y de otros cargos de elección popular, así como la exclusión de quienes sean declarados “traidores a la patria” de la posibilidad de optar a esos cargos. La reforma se produce después de que Ortega afirmara durante un acto oficial en conmemoración de los 47 años de la revolución sandinista que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, declaración que provocó críticas internacionales.
Ante la aprobación de la reforma, movimientos opositores nicaragüenses en el exilio pidieron a la comunidad internacional pasar de las condenas a medidas diplomáticas y financieras contra el Gobierno de Ortega y Murillo. La Unidad Nacional Azul y Blanco reclamó sanciones diplomáticas, aislamiento político y medidas financieras contra Managua, mientras que el partido opositor Ruta del Cambio, liderado por Félix Maradiaga, pidió a la OEA considerar la “degradación de relaciones diplomáticas ordinarias, revisión de la participación del régimen en los mecanismos de integración regional y sanciones dirigidas contra la red de operadores, financistas y beneficiarios que sostienen la dictadura”. La organización también reclamó respaldo internacional para una transición democrática que permita recuperar el derecho de los nicaragüenses a participar en elecciones con pluralidad política y observación internacional. El Gobierno de Estados Unidos también se pronunció sobre la reforma.
El secretario de Estado, Marco Rubio, instó el miércoles a otros países a no comerciar con Nicaragua y consideró que las modificaciones buscan “consolidar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”. Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua de forma consecutiva desde 2007, después de haber ocupado anteriormente la Presidencia entre 1985 y 1990. Con la reforma constitucional, el oficialismo busca modificar las reglas que regulan la permanencia de las autoridades en el poder y la participación electoral de cara a los comicios de 2027.