Bloomberg Línea — El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad, una medida con la que busca reforzar el control de las cárceles y combatir a las organizaciones criminales que, según el Ejecutivo, continúan dirigiendo actividades ilícitas desde el interior de los penales hacia el exterior. La medida, aprobada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. El estado de emergencia comprende también un perímetro de hasta 200 metros alrededor de los establecimientos. En esa zona quedan suspendidos temporalmente los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
La Policía Nacional mantendrá el control del orden público en los perímetros exteriores con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las operaciones incluirán controles de acceso y labores de inteligencia para prevenir fugas, así como vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato de las prisiones. El gobierno también anunció operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas que puedan estar en poder de los internos. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entretanto, continuará a cargo de la administración y custodia interna de los establecimientos.
Los cinco penales concentran cerca de 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales, según el Ejecutivo, por lo que fueron identificados como puntos prioritarios dentro de la estrategia de seguridad ciudadana. Inteligencia dentro de las cárceles El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, señaló que la emergencia no debe limitarse a las requisas tradicionales, sino que debe permitir fortalecer la inteligencia penitenciaria. El funcionario planteó integrar la inteligencia del INPE con la de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para conocer el funcionamiento de las organizaciones dentro de los penales y detectar posibles casos de corrupción entre funcionarios penitenciarios. Álvarez también anunció una redistribución de los internos de acuerdo con su nivel de peligrosidad y el delito cometido, con el objetivo de evitar que presos considerados de alta peligrosidad compartan espacios con personas que no han cometido delitos violentos.
Las autoridades prevén además diferenciar los beneficios penitenciarios según el delito, el nivel de peligrosidad y la conducta de cada interno. En el caso de integrantes de organizaciones criminales cuyos miembros continúen delinquiendo, esos beneficios podrían ser suspendidos temporalmente. La espera de facultades legislativas La decisión se produce mientras el Ejecutivo espera que el Congreso evalúe su solicitud de facultades legislativas por 120 días para adoptar nuevas medidas contra la inseguridad. El primer ministro Luis Galarreta afirmó que el Gobierno continuará tomando medidas mientras espera la respuesta del Parlamento y sostuvo que, con las facultades solicitadas, podrá actuar “con más fuerza”.
Entre las propuestas que el gobierno ha planteado al Congreso está la posibilidad de calificar a determinadas organizaciones criminales como “terroristas” y ampliar las herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia organizada. La ofensiva ocurre además en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad. La tasa de homicidios de Perú aumentó a 10,7 por cada 100.000 habitantes en 2025, desde 10,1 en 2024, según datos oficiales. El decreto establece que, pese a las restricciones contempladas durante el estado de emergencia, deberán garantizarse los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las Fuerzas Armadas ya comenzaron el reconocimiento de los perímetros exteriores de los cinco establecimientos. En el penal Trujillo Varones El Milagro, en La Libertad, se realizaron mediciones para determinar el espacio donde será instalado un retén militar.