La Agencia Sputnik recorrió el municipio de San Pedro, donde se produce el 60 por ciento de la soya del país, ubicado a 134 kilómetros al norte del departamento de Santa Cruz (este), y constató que los productores deben lidiar permanentemente con la falta de diésel. El gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, lamentó en diálogo con esta agencia que su sector deba lidiar con dificultades como la falta de diésel y avasallamientos de las tierras productivas. Demandas similares planteó David Diez, gerente de estadísticas de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), quien, principalmente, cuestionó las restricciones a las exportaciones con el Certificado de Abastecimiento Interno a Precio Justo (Caipj). «Hoy por hoy, las principales preocupaciones que tienen los productores, la principal agenda que tienen con el Gobierno pasa, primero, por tener una certidumbre en la provisión de diésel, sin diésel no puede haber actividad productiva», dijo Hernández. El representante de Anapo pidió al presidente Rodrigo Paz, que asumió en noviembre de 2025, agilizar la liberación de las exportaciones para tener alternativas para comercializar el grano. «Trabajar una agenda integral que esté relacionada con la liberación plena de las exportaciones, tener seguridad jurídica para las tierras productivas y cero tolerancia a los avasallamientos, tener un mejoramiento en lo que viene a ser todo lo que es la infraestructura productiva, la logística y exportación», detalló Hernández.
La soya (Glycine max) es una legumbre muy versátil en sus usos y aplicaciones, rica en proteínas y aceites. La planta tiene porte arbustivo y puede alcanzar hasta un metro y medio de altura. Cada ejemplar puede producir al menos 100 vainas y, en Bolivia, el cultivo se realiza dos veces al año en el departamento de Santa Cruz, durante las campañas de invierno y verano. En el municipio de San Pedro, la actividad económica está estrechamente ligada a la agricultura.
Sus 15.246 habitantes se dedican principalmente al cultivo de granos como soya, maíz, sorgo y trigo. Guillermo Yucra (52) y Juan Ortega (54), dos productores que hacen fila en la única gasolinera del pueblo para comprar diésel, lamentaron, en contacto con la Agencia Sputnik, que el precio del litro de combustible haya aumentado de 9,80 bolivianos (0,84 dólares) a 18 bolivianos (1,55 dólares), una suba que, según advirtieron, impactará en el costo de la canasta básica de alimentos. «Estamos hace 24 horas en fila para comprar diésel y es muy poco los 120 litros al mes que instruyó vendernos el Gobierno. Eso da para fumigar un solo día y no alcanza para trabajar. Hoy estamos en época de fumigaciones y en los próximos meses entramos en la cosecha de soya y el diésel no abastecerá», alertó Yucra.
Este productor, cuya cara y manos reflejan la dureza del trabajo en el campo bajo el sol, consideró que el Decreto 5676, promulgado por Rodrigo Paz el 17 de agosto, que aumentó el precio del diésel, debe ser derogado, ya que el incremento resulta insostenible para los productores de alimentos. «En la zona norte de Santa Cruz cosechamos dos veces al año la soya, en verano e invierno, por eso requerimos grandes cantidades de diésel», argumentó. El productor Juan Ortega reaccionó con más furia contra el Gobierno, porque no ve políticas públicas que incentiven la producción de alimentos en el país. «La verdad que estamos arruinados, este Gobierno maldito nos puso límites a la compra del diésel. En este momento solo nos están vendiendo 120 litros. Esa cantidad es insuficiente.
Por ejemplo, un tractor requiere 180 litros y no quieren vendernos más», protestó, en diálogo con esta agencia. Ante los reclamos, el Gobierno aprobó el 2 de septiembre el decreto 5698 que autorizó a los pequeños productores inscritos en el Régimen Agropecuario Único comprar diésel a 9,80 bolivianos por litro, con un límite máximo de 2.500 litros mensuales. «Los agricultores estamos con muchas dificultades, creo que vamos dejar de producir alimentos», lamentó Ortega. El productor de granos Ángel Cuellar (48), también del municipio de San Pedro, mostró a la Agencia Sputnik sus cultivos de sorgo y soya y expresó la preocupación del sector por el aumento del precio del diésel. «En el tema de la siembra de soya estamos muy preocupados, porque la subida de diésel e insumos agrícolas están muy caros, por eso esto está estancado el crecimiento del agricultor, y esto se va trasladar a la canasta familiar», dijo. Cuéllar también tiene cultivos de sorgo listos para ser cosechados, pero no cuenta con el diésel suficiente para arrancar el motor de la cosechadora y levantar el grano rojizo que resalta entre la vegetación del campo. «Debido a la subida del diésel todos los productos se encarecerán.
Lamentablemente, el agricultor nunca ha sido atendido como debe ser por el Gobierno central ni la Gobernación cruceña. Como agricultores necesitamos el mejoramiento de caminos, que se amplíe el uso de biotecnología para mejorar nuestra producción», exigió. CONTROL GUBERNAMENTAL Pese a los esfuerzos de los productores de Anapo, Bolivia registra un déficit en la producción de soya. Las empresas afiliadas a la Caniob, que procesan el grano y le agregan valor para su exportación, tienen una capacidad de molienda de 5,3 millones de toneladas, frente a una producción nacional de apenas 3,2 millones de toneladas.
Esto supone un déficit de alrededor de 2 millones de toneladas. El rendimiento promedio de la soya varía entre 1,8 y 2,4 toneladas por hectárea, según las condiciones climáticas y la campaña agrícola, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Información Productiva del Gobierno. El gerente de estadísticas de la Caniob, David Diez, puntualizó a la Agencia Sputnik que el sector soyero es estratégico en la economía boliviana, por lo que el Gobierno debería priorizar la producción de alimentos en lugar de insistir con la explotación de gas natural, que perdió el mercado argentino en 2024. «El Estado debe entender que este ya no es un sector más, es un sector estratégico para el crecimiento del país. Creo que eso debería empezar a cambiarse, debería, no sé si la palabra es proteger, pero por lo menos, dejar trabajar.
Es lo mínimo que debería hacer», planteó. Las industrias afiliadas a Caniob (Iasa, Iol, Prolega, Nutriol, Gravetal, Inolsa, Etasa e Intagro) compran todo el grano posible a los productores y lo procesan en plantas de alta tecnología para obtener aceite refinado, aceite crudo, torta de soya y cascarilla. Estos productos con valor agregado abastecen primero el mercado interno, tal como exige el Gobierno boliviano, y luego son exportados, lo que permite generar divisas para el país. Diez también detalló una serie de obstáculos que enfrenta el sector para exportar, entre ellos la falta de grano, los conflictos sociales y bloqueos, así como las restricciones gubernamentales vinculadas al Certificado de Abastecimiento Interno a Precio Justo (Caipj).
El 28 de enero de 2026, el Gobierno anunció un paquete de medidas destinadas a «facilitar las exportaciones de granos de soya y dinamizar la cadena productiva interna», entre las que figura la eliminación de los controles de precios y cupos sobre los subproductos. «O sea, si bien discursivamente se habla de que se ha liberado, seguimos teniendo un certificado, un compromiso previo, que cada industria firma con el Estado, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua indicando su aquiescencia de vender a mercado nacional», lamentó Diez. El muro normativo contra el que chocan las exportaciones de la Caniob está sustentado en la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (2011), que regula los volúmenes, los plazos de entrega y el destino de la producción, es decir, el mercado nacional. «La norma sigue existiendo, sigue existiendo el certificado de Caipj. No está específicamente en la ley, pero está en los decretos. Entonces, mientras no deroguen esos, no podemos decir que hay libertad de exportación», lamentó el funcionario de Caniob.
Por su parte, Álvaro Mollinedo, viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario en la gestión de Luis Arce (2020-2025), argumentó que las restricciones a las exportaciones obedecen a una política de garantizar la seguridad alimentaria en el país, sin depender de las importaciones. «Primero, siempre se trabajó para garantizar alimentos para la población. ¿Quieres importar alimentos o que Bolivia produzca para el consumo interno? Se pone en una balanza ambas opciones y también hay intereses económicos de por medio. Pero lo que siempre se garantizó es que se pueda tener soberanía alimentaria y no importarlos», explicó ante los señalamientos de la Anapo y Caniob. Sobre el uso de la biotecnología, recordó que en noviembre de 2024 fueron aprobados dos eventos biotecnológicos, HB4 e Intacta, que continúan vigentes.
Asimismo, señaló que el artículo 409 de la Constitución protege la biodiversidad y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y establece que la importación de biotecnología será regulada por ley. El Gobierno oficializó en marzo la autorización del evento biotecnológico HB4 para el cultivo de soya en el país, durante un acto público celebrado en la Exposoya 2026, organizada por Anapo en el municipio de Cuatro Cañadas, a 110 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. SECTOR SOYERO EN CIFRAS En los últimos años, las exportaciones del sector soyero cayeron tanto en valor como en volumen. El «año glorioso del sector oleaginoso» fue 2022, cuando se exportaron 3,5 millones de toneladas por un valor de 2.200 millones de dólares.
En 2025, las exportaciones de derivados de soya alcanzaron 2,5 millones de toneladas, por un valor de 1.040 millones de dólares. En materia de empleo, el sector soyero genera unas 100.000 fuentes de trabajo directas e indirectas, según la Caniob. La cifra incluye a los trabajadores de las industrias oleaginosas, los productores de grano, los transportistas encargados de trasladar las cargas y los comerciantes que venden aceite, torta de soya y cascarilla en el mercado interno. Con una producción de 3,2 millones de toneladas de soya, Bolivia representa aproximadamente el 1,18 por ciento de la producción mundial, mientras que Sudamérica se posiciona como la cuarta región productora del grano.
En el continente, Brasil lidera con 180 millones de toneladas, seguido por Argentina, con 49 millones, y Paraguay, con cerca de 11 millones.