Bloomberg Línea — Nicaragua cerró el miércoles su embajada en República Dominicana, en medio de una escalada diplomática entre ambos países desencadenada por las declaraciones del copresidente nicaragüense Daniel Ortega, contra la celebración de nuevas elecciones y por la posterior reforma constitucional impulsada por el sandinismo. Ver más: ¿Por qué Nicaragua acusa a Alemania ante la CIJ por el genocidio en Gaza? El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó en un comunicado que tomó nota de la decisión del Gobierno de Nicaragua de cerrar su legación en Santo Domingo. La Cancillería dominicana no anunció una medida equivalente y señaló que continuará dando seguimiento a la evolución de las relaciones bilaterales por los canales diplomáticos establecidos.
La decisión de Nicaragua se produjo después de que el Gobierno dominicano llamara a consultas, el pasado 23 de julio, a su embajadora en Managua, Acsamary Guzmán Nina. Desde entonces, la representación dominicana en Nicaragua quedó bajo la responsabilidad de un encargado de negocios interino. República Dominicana y Nicaragua formalizaron relaciones diplomáticas en 1949 durante las dictaduras de Rafael Trujillo y Anastasio Somoza García. Posteriormente ambos países suscribieron acuerdos de cooperación comercial, cultural y científica, además de mecanismos de consultas políticas.
La relación bilateral había continuado pese a los cambios políticos registrados en ambos países, incluido el regreso de Ortega a la Presidencia de Nicaragua en 2007. No obstante, el Gobierno dominicano reaccionó después de que Ortega afirmara, durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua no volverían a celebrarse elecciones para que la oposición accediera al poder. “¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones”, afirmó Ortega el 19 de julio, al anunciar además que impulsaría nuevas leyes para impedir que sus adversarios políticos pudieran “atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Tres días después, la Cancillería dominicana condenó esas declaraciones y sostuvo que suponían un desconocimiento de los principios de la democracia representativa y del derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas y plurales.
El Gobierno de Nicaragua respondió al pronunciamiento con críticas contra las autoridades de Santo Domingo y acusó al país de intervenir en asuntos internos de Nicaragua. Aislamiento diplomático Las diferencias aumentaron después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobara en primera legislatura una reforma constitucional que amplía de seis a siete años el mandato presidencial y establece restricciones para que opositores considerados “traidores a la patria” o vinculados con actos que el Gobierno califique como “golpistas” puedan ocupar cargos de elección popular. La reforma todavía requiere una segunda aprobación para entrar en vigor. Según el calendario del oficialismo, su ratificación está prevista para enero de 2027.
La enmienda también refuerza el papel de la copresidencia, ejercida por Ortega, de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, de 75 años, y establece cambios que amplían el período de los cargos electivos. El proceso ha sido cuestionado por gobiernos de la región y organizaciones internacionales, que han advertido sobre el deterioro de las condiciones democráticas en Nicaragua. Las declaraciones de Ortega y la reforma constitucional también provocaron pronunciamientos de otros Gobiernos. Panamá, por ejemplo, llamó a consultas a su embajador en Managua después de las declaraciones sobre la eliminación de las elecciones y defendió el derecho a expresar la voluntad mediante el voto.
Costa Rica también expresó preocupación por el deterioro democrático en Nicaragua tras la aprobación inicial de la reforma constitucional. El Gobierno de Ortega respondió rechazando lo que calificó como intentos de injerencia extranjera. Sin embargo, esas reacciones no han derivado, hasta ahora, en el cierre de las representaciones diplomáticas entre esos países y Nicaragua. Las tensiones de Managua con otros gobiernos también se han extendido fuera de la región.
En julio, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia después de que su canciller cuestionara que el Gobierno de Ortega y Murillo diera refugio a Alessio Casimirri, un exmilitante de las Brigadas Rojas. A comienzos de 2026, España expulsó al embajador nicaragüense en reciprocidad por una medida adoptada previamente por Managua. En los últimos años, Nicaragua también ha roto relaciones con Taiwán, Países Bajos, Ecuador e Israel.