Los antiguos peajes con barreras podrían tener los días contados si algún día vuelven a las carreteras españolas. El modelo que plantea ahora Salvador Alemany, presidente de Saba Infraestructuras, nada tiene que ver con las cabinas de pago que millones de conductores han conocido durante décadas. Su propuesta apuesta por un sistema completamente automatizado, sin barreras físicas y con una tarifa que cambiaría en función del vehículo, los kilómetros recorridos y el impacto que genera cada usuario. La idea fue presentada este miércoles en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, según cita El Periódico de Cataluña, y plantea crear un Sistema Tarifario Unificado para toda España.
El objetivo sería financiar exclusivamente la conservación de las vías de alta capacidad mediante los ingresos obtenidos de los propios usuarios. Es importante subrayar que no se trata de un sistema aprobado ni de una medida que vaya a entrar en funcionamiento próximamente, sino de una propuesta. Nuevo peaje sin barrera La principal diferencia respecto al modelo tradicional estaría en la tecnología. En lugar de detenerse ante una barrera, el vehículo podría circular con normalidad mientras un sistema de lectura automática de matrículas registra el recorrido.
A partir de esos datos se aplicaría una tarifa unificada para todo el Estado. No todos los conductores pagarían necesariamente lo mismo, ya que el importe dependería de varios factores: - Tipo de vehículo. - Kilómetros realizados. - Impacto tanto medioambiental como sobre la propia infraestructura. La filosofía se resume en dos principios que Alemany considera fundamentales: “quien utiliza la vía paga” y “quien contamina paga”. De esta manera, el sistema podría establecer diferencias entre vehículos en función de sus características y emisiones.
La propuesta busca que desaparezca incluso la diferencia actual entre autopistas y autovías a efectos del pago, de manera que determinadas vías de alta capacidad pudieran quedar integradas dentro de un mismo sistema de tarificación. Tarifa para mantener las carreteras Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es precisamente qué se haría con el dinero recaudado. Alemany plantea que los ingresos tengan carácter finalista y se destinen al mantenimiento y conservación de la red. La construcción de nuevas carreteras o las grandes transformaciones de las existentes quedarían fuera de esta tarifa y continuarían financiándose mediante los presupuestos públicos.
De esta forma, el coste para el usuario sería inferior al de un modelo que pretendiera recuperar también las grandes inversiones en infraestructuras. Para gestionar estos ingresos, Alemany propone además crear una nueva agencia estatal de movilidad, encargada de conservar las vías reguladas. El objetivo sería alcanzar un sistema equilibrado en el que lo recaudado cada ejercicio cubriera los costes de conservación de la red. Según los datos expuestos por el presidente de Saba, mantener las vías de alta capacidad cuesta actualmente entre 110.000 y 125.000 euros por kilómetro y año, lo que supone unos 2.100 o 2.200 millones de euros anuales para el conjunto de la red. ¿Volverán los peajes a España?
De momento, no. La propuesta de Alemany no significa que los conductores vayan a empezar a pagar por circular por autovías y autopistas. Para implantar un sistema de estas características sería necesario alcanzar un consenso político y social y aprobar un marco legal estable. El planteamiento llega, además, cuando la regulación española ya contempla mecanismos de modulación de determinados peajes en función de las emisiones de los vehículos y otros criterios, especialmente en el transporte pesado.
El Real Decreto 205/2025 establece, por ejemplo, que las tarifas pueden diferenciarse atendiendo al comportamiento medioambiental y también modularse para combatir la congestión o el deterioro de las infraestructuras. Alemany considera que mantener indefinidamente la gratuidad de las autovías tampoco resuelve el problema, ya que la infraestructura tiene un coste y, si no existe un ingreso específico asociado a su utilización, ese gasto termina recayendo sobre los presupuestos públicos.