Seguir a FinanzasDigital en Google El interés de grandes petroleras estadounidenses por Venezuela vuelve a tomar forma. Continental Resources firmó un memorando de entendimiento con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para operar y desarrollar el bloque Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco, mientras ExxonMobil avanza en conversaciones para evaluar un eventual regreso al país. Los dos movimientos son distintos y todavía no equivalen a una nueva ola de inversiones ya ejecutadas. En el caso de Continental, se trata de un memorando que las partes pretenden llevar posteriormente a un contrato de participación productiva.
ExxonMobil, por su parte, mantiene conversaciones sobre posibles activos en la Faja, según personas familiarizadas con el proceso citadas por Reuters . Para Alfredo Ordóñez, internacionalista y máster en Economía Internacional, la importancia del paso dado por Continental está en el tipo de empresa que representa y en lo que podría implicar una eventual inversión en infraestructura petrolera. Más leídas Tasa de Cambio BCV 17 de septiembre de 2026: 847,4442 Bs/USD (+0,11%) Venezuela enviará su primer cargamento de aluminio a EEUU en años Asamblea Nacional y Parlamento de 2015 abren el segundo ciclo de conversaciones Continental no llega solo a producir crudo Continental Resources, con sede en Oklahoma, es uno de los mayores productores independientes de petróleo y gas de Estados Unidos. El memorando firmado con Pdvsa contempla el desarrollo y operación del bloque Ayacucho 2, en el estado Anzoátegui.
La compañía indicó que el área tiene unos 126.000 acres y una estimación de 30.000 millones de barriles de recursos petroleros in situ. Esa cifra corresponde al petróleo existente en el subsuelo y no equivale a reservas probadas ni a producción futura. Continental y Pdvsa tienen previsto avanzar hacia un contrato de participación productiva en las próximas semanas. Ordóñez considera que el elemento que distingue esta operación de otras experiencias petroleras está en el alcance potencial de la inversión. “Las otras empresas se han dedicado a hacer empresas productoras extractivistas de crudo”, señaló.
En su interpretación, Continental representa un modelo que puede involucrar también inversiones en infraestructura y estructuras industriales asociadas a los yacimientos. Por eso, el especialista considera que el interés de la compañía debe analizarse más allá de la extracción de petróleo. “No estamos hablando solamente de ir al pozo”, afirmó, sino de crear infraestructura dentro de las zonas de yacimientos. Esa lectura, sin embargo, corresponde a una interpretación sobre el alcance que podría tener la inversión. El memorando anunciado hasta ahora se refiere específicamente al bloque Ayacucho 2 y todavía debe avanzar hacia un acuerdo contractual de largo plazo.
Del memorando al contrato Ordóñez también establece una diferencia entre un memorando de entendimiento y un contrato definitivo. Según su explicación, el memorando expresa la intención de avanzar en una determinada operación y abre una etapa de evaluación técnica, financiera y de factibilidad. Los contratos posteriores son los que establecen las condiciones financieras, técnicas y los tiempos de ejecución. En el caso de Continental, esa siguiente etapa ya está contemplada por las propias partes: la empresa y Pdvsa dijeron que buscan avanzar hacia un Contrato de Participación Productiva (CPP).
Por eso, el memorando no significa que la totalidad de la inversión que eventualmente pueda realizarse en Ayacucho 2 ya esté comprometida ni que el desarrollo del bloque esté garantizado. La lectura de Ordóñez es más amplia. A su juicio, la entrada de una compañía con capacidad para invertir en infraestructura podría tener implicaciones para la recuperación del parque industrial petrolero venezolano y, eventualmente, para otros proyectos de la Faja del Orinoco. ExxonMobil vuelve a mirar la Faja El segundo movimiento se produce alrededor de ExxonMobil, que está negociando un posible regreso a Venezuela casi dos décadas después de abandonar el país.
Reuters informó que la petrolera estadounidense ha mostrado interés en Petromonagas, proyecto de crudo pesado ubicado en la Faja del Orinoco y conocido anteriormente como Cerro Negro, donde ExxonMobil tuvo participación antes de su salida en 2007. La empresa también estaría evaluando áreas del bloque Carabobo. El eventual regreso tendría un componente adicional: ExxonMobil mantiene un largo historial de disputas con Venezuela derivadas de la nacionalización de sus proyectos petroleros. En julio de 2023, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió un laudo por US$985,5 millones a favor de entidades de ExxonMobil en el procedimiento relacionado con el proyecto Cerro Negro.
El tribunal determinó una compensación de US$984,5 millones por la expropiación, más otros conceptos e intereses. Pero esa cifra no debe interpretarse como una deuda nueva de US$985,5 millones pendiente de pago. El propio expediente señala que Venezuela ya había pagado aproximadamente US$260 millones en 2017 en relación con distintas obligaciones derivadas de los litigios. Además, el laudo de 2023 estaba relacionado con una reclamación cuyo grueso de la compensación ya había sido objeto de otro procedimiento arbitral.
Bloomberg informó entonces que el resultado neto de ese procedimiento de 2023 fue de aproximadamente US$77 millones, después de considerar los US$907,5 millones que ExxonMobil había recibido en 2011 mediante otro proceso arbitral. El antecedente, sin embargo, sigue siendo relevante para cualquier eventual negociación de nuevas inversiones. Las condiciones que buscan las grandes petroleras Ordóñez considera que el historial de expropiaciones y litigios es uno de los elementos que condicionan el regreso de las grandes petroleras. A su juicio, las empresas necesitan que se reconozcan las obligaciones pendientes, garantías de estabilidad jurídica y condiciones que les permitan movilizar sus recursos financieros dentro de los parámetros de cumplimiento exigidos por sus propias estructuras corporativas.
También identifica la institucionalidad como una de las preocupaciones centrales. Su argumento es que una empresa de gran tamaño necesita saber con qué organismo negocia y cuál será la ruta institucional para resolver los asuntos técnicos, financieros y regulatorios. En su interpretación, no se trata únicamente de que una inversión esté protegida jurídicamente, sino de que exista una estructura institucional previsible para llevar adelante el proyecto. “Siempre voy a hablar con Pdvsa”, ejemplificó el especialista al describir lo que, en su opinión, buscan estas compañías: una contraparte institucional con competencias claras y procedimientos definidos.