Estados Unidos ha construido desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 una amplia red de acuerdos para trasladar a migrantes a países distintos de aquellos de los que son nacionales. Los datos recopilados por Forbidden Stories y un consorcio internacional de periodistas indican que al menos 28 países ya han recibido deportados y otros siete han alcanzado acuerdos para hacerlo. México concentra cerca de 20.000 de las más de 25.000 deportaciones a terceros países contabilizadas hasta finales de agosto Una red de acuerdos con 35 países La investigación contabiliza 25.447 personas deportadas a terceros países entre enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026. La gran mayoría, alrededor de 20.000, fueron trasladadas a México , mientras que el resto se distribuyó entre países de América Latina, África y el Pacífico.
Los acuerdos no siguen un único modelo. Cada Gobierno puede pactar límites distintos sobre el número de personas admitidas, las nacionalidades aceptadas o la posibilidad de recibir deportados con antecedentes penales. La red de deportaciones a terceros países Indicador Dato Personas deportadas 25.447 Países con acuerdos 35 Países que ya han recibido deportados 28 Países con acuerdos pendientes de recibirlos 7 Deportados enviados a México Cerca de 20.000 Países africanos contactados 49 de 54 Fondos previstos Al menos 410 millones de dólares Fuente: Forbidden Stories y datos recopilados hasta el 31 de agosto de 2026. Washington ha contactado con 49 de los 54 países africanos para explorar acuerdos destinados a recibir deportados procedentes de EEUU Más de 410 millones de dólares para los acuerdos Los documentos internos analizados durante la investigación indican que el Departamento de Estado había previsto gastar al menos 410 millones de dólares para facilitar esta política.
De esa cantidad, unos 81 millones estaban destinados directamente a Gobiernos que aceptasen los acuerdos. La mayor parte de los fondos se canalizaría, sin embargo, a través de organismos internacionales encargados de prestar asistencia a las personas trasladadas una vez llegasen a sus países de destino. Destino previsto de los fondos Destinatario Importe previsto Gobiernos firmantes 81 millones de dólares Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Más de 178 millones ACNUR Más de 123 millones Total previsto para los acuerdos Al menos 410 millones Fuente: documentos internos del Departamento de Estado recopilados por la investigación. ACNUR ha señalado que no participa en la negociación de los acuerdos bilaterales y sostiene que los recursos estadounidenses que recibe se emplean dentro de su mandato para reforzar los sistemas de asilo.
La OIM , por su parte, afirma que su intervención se limita a valorar si su asistencia puede mejorar las condiciones de las personas afectadas y que colaborar en la fase posterior a la llegada no supone respaldar la decisión de deportarlas. Los pagos directos a los Gobiernos representan solo una parte del dinero previsto, mientras que más de 300 millones se vinculan a organismos internacionales Palau, Eswatini y Camerún muestran las diferencias entre acuerdos Uno de los pactos más detallados es el firmado con Palau en diciembre de 2025. El pequeño Estado del Pacífico aceptó recibir hasta 75 nacionales de terceros países a cambio de 7,5 millones de dólares , equivalentes a 100.000 dólares por persona prevista en el acuerdo. Hasta ahora únicamente tres personas han sido trasladadas bajo este mecanismo.
En Eswatini , el acuerdo contempla hasta 160 personas y está valorado en más de 5 millones de dólares. Al menos 32 deportados habían llegado al país desde julio de 2025. A diferencia de Palau, Eswatini admite también a personas con antecedentes penales. Camerún acordó recibir hasta 1.000 personas.
Al menos 44 habían sido deportadas al país desde enero de 2026, según la investigación. El acuerdo coincidió temporalmente con nuevos compromisos económicos y sanitarios entre Washington y Yaundé, aunque ACNUR ha rechazado que la financiación que recibió estuviera específicamente destinada a sufragar el traslado de deportados. Algunos de los acuerdos conocidos País Límite previsto Deportados conocidos Financiación vinculada Palau 75 3 7,5 millones de dólares Eswatini 160 32 Más de 5 millones Camerún Hasta 1.000 Al menos 44 Acuerdo migratorio y programas paralelos de cooperación Fuente: Forbidden Stories. La Office of Remigration dirige las negociaciones Buena parte de esta política ha sido gestionada por la Office of Remigration , una división creada en 2025 dentro del Departamento de Estado y encargada de negociar la mayoría de los acuerdos y canalizar los pagos asociados.
La oficina está dirigida por el diplomático Christian Jové Ehrhardt. La investigación sostiene que Ehrhardt ha realizado numerosos viajes para negociar con los Gobiernos receptores. En el caso de Camerún, el memorando migratorio fue cerrado en diciembre de 2025 y el primer vuelo con deportados aterrizó en enero de 2026. Un nuevo frente judicial sobre las deportaciones La expansión de las deportaciones a terceros países se enfrenta además a un importante litigio judicial.
El pasado 18 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ratificó que las personas afectadas deben recibir un aviso efectivo del país al que serán enviadas y disponer de una oportunidad real para alegar riesgo de persecución o tortura. El tribunal también mantuvo la anulación de las directrices del Departamento de Seguridad Nacional de marzo y julio de 2025 que regulaban esta política. El fallo no respaldó todas las conclusiones de la instancia anterior: anuló, por falta de legitimación de los demandantes, las declaraciones que obligaban al Gobierno a intentar primero la deportación al país designado o al de nacionalidad antes de recurrir a un tercer Estado. Sí mantuvo, en cambio, las exigencias relativas al aviso previo y a la posibilidad de impugnar el traslado por temor a persecución o tortura.
El alcance inmediato de la sentencia ha generado interpretaciones contrapuestas. Los abogados de los demandantes sostienen que las expulsiones bajo las directrices anuladas deben detenerse, mientras responsables del Departamento de Seguridad Nacional han defendido públicamente que la decisión no impide por ahora continuar con todos los traslados. La resolución judicial abre así una nueva etapa para una política que, en menos de dos años, ha extendido los traslados de migrantes a decenas de países y ha convertido los acuerdos con terceros Estados en una de las herramientas centrales de la estrategia migratoria de la Administración Trump.