Bloomberg Línea — Human Rights Watch (HRW) reconoce una reducción de las formas más visibles de represión en Venezuela desde la salida de Nicolás Maduro del poder en enero, pero advierte que el cambio sigue siendo frágil porque las estructuras que permitieron las violaciones de derechos humanos permanecen intactas. La advertencia se produjo tras la primera visita oficial de la organización al país en 18 años. Una delegación de HRW estuvo esta semana en Caracas, donde se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, otros funcionarios del Gobierno, organizaciones de derechos humanos, miembros de la oposición, periodistas, familiares de presos políticos y diplomáticos extranjeros. “Ha puesto en pausa las formas más evidentes de represión”, dijo Federico Borello, subdirector ejecutivo de HRW, sobre el gobierno de Rodríguez. La organización señala como cambios desde enero la liberación de cientos de presos políticos, la aprobación de una ley de amnistía, el desbloqueo de algunos sitios web de medios y el anuncio de reformas al sistema judicial.
Defensores, opositores y periodistas también dijeron a HRW que ahora tienen mayor libertad para trabajar y que algunos han salido de la clandestinidad. Sin embargo, al menos 344 presos políticos permanecen detenidos, según Foro Penal, mientras otras personas siguen bajo arresto domiciliario o sometidas a distintas restricciones. HRW también recibió denuncias de malos tratos a detenidos y recordó que ha documentado casos de tortura y condiciones inhumanas en la cárcel Rodeo I, en Caracas. El problema, según HRW, trasciende la liberación de detenidos.
La organización sostiene que las leyes y estructuras utilizadas durante años para restringir derechos siguen vigentes y pidió modificar o derogar normas contra el terrorismo y el odio, además de las regulaciones que limitan el trabajo de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. La reforma institucional adquiere especial relevancia porque el Gobierno y un sector de la oposición han iniciado un proceso para modificar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Para HRW, recuperar la independencia judicial sería un primer paso crucial para reformar el sistema y evitar que los avances dependan de decisiones coyunturales del poder político. La organización también pidió una reforma de las fuerzas de seguridad que incluya apartar a funcionarios responsables de graves violaciones de derechos humanos, impedir que los organismos de inteligencia realicen investigaciones penales, desmantelar centros clandestinos de detención y establecer reglas claras para el uso de la fuerza.
El señalamiento coincide con el informe publicado el 16 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que advirtió que el aparato estatal detrás de la represión continúa intacto. HRW pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovar por dos años el mandato de esa misión. La organización también puso el foco en el proceso electoral. Señaló que durante la última década las autoridades venezolanas han impedido que candidatos de la oposición se postulen a cargos públicos y que los patrones de represión han limitado el ejercicio de los derechos políticos.
HRW pidió garantizar la participación de los opositores en el proceso político y su posibilidad de competir en elecciones libres y oportunas. El diagnóstico llega mientras Estados Unidos mantiene una influencia significativa sobre la transición venezolana. HRW sostiene que, desde la salida de Maduro, la relación de Washington con Caracas se ha concentrado principalmente en objetivos económicos y pidió que esa influencia también se utilice para impulsar reformas en materia de derechos humanos. Para HRW, el punto de inflexión no está únicamente en el número de presos liberados, sino en si Venezuela transforma las instituciones que permitieron la represión.
Sin esos cambios, la reducción actual de las detenciones y de otras formas de persecución política podría ser reversible.