Bloomberg Línea — El Gobierno de Daniel Ortega es responsable de la muerte bajo custodia estatal de ocho personas detenidas por motivos políticos desde 2018, entre ellas la de su propio hermano, Humberto Ortega, y la del líder indígena Brooklyn Rivera, según concluye un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De esas ocho muertes, el informe dedica un amplio capítulo a la de Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena miskito y fundador del partido político indígena regional Yatama, que permaneció detenido de forma arbitraria casi tres años hasta que las autoridades declararon su fallecimiento el pasado 31 de mayo. “El Gobierno de Nicaragua quitó a Rivera su libertad, luego su salud y por último la vida”, afirmó el experto húngaro Reed Brody, parte del el grupo de expertos, para quien las explicaciones del gobierno nicaragüense están plagadas de inconsistencias, agravadas por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa en enterrar al líder antes de que su familia pudiera despedirse de él. El otro caso de mayor relieve es el de Humberto Ortega Saavedra, fallecido bajo custodia en un hospital militar en septiembre de 2024. El grupo no pudo verificar las circunstancias de esa muerte, pero subrayó que hay “serias preocupaciones” sobre si recibió atención médica oportuna y adecuada.
El exministro de Defensa y antiguo jefe del Estado Mayor, crítico en sus últimos años con el Gobierno de su hermano, permaneció detenido en régimen de incomunicación, lo que el informe considera equiparable a trato cruel, inhumano o tortura. Junto a Rivera y Ortega, la lista de fallecidos bajo custodia incluye a Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Cárdenas. Sus muertes, concluye el documento, “son el resultado previsible de una serie de actos sistemáticos, deliberados y coordinados, ejecutados por la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior y el poder judicial”, instituciones que operan bajo el control centralizado de los copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desaparición forzada A las muertes se suman las desapariciones forzadas: al menos 161 personas desde 2018, de las que 29 siguen en paradero desconocido.
Ante esto, los expertos exhortaron al Gobierno a revelar el paradero de los desaparecidos, liberar a todos los detenidos por motivos políticos, investigar las muertes bajo custodia y devolver los restos de Rivera a su familia y a la comunidad miskita. Instaron además a la comunidad internacional a actuar para lograr la rendición de cuentas, usando si es preciso la jurisdicción penal universal. En declaraciones a EFE, Simon, cuyo grupo fue establecido en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos —organismo que Nicaragua abandonó en 2025—, vaticinó que el régimen no podrá sostenerse indefinidamente. “Es un régimen basado en muy pocas cabezas, muy débil en su línea de mando, y esto normalmente no sobrevive por mucho tiempo. En algún momento va a haber rendición de cuentas, si no dentro, fuera del país”, aseguró.
Los expertos detectaron además que, desde 2023, la desaparición forzada ya no busca solo castigar a los detenidos o a sus familiares, sino funcionar como instrumento para aterrorizar a familias y comunidades enteras. Ese método también se ha prolongado: de horas, días o semanas de incomunicación a meses e incluso años. Ese patrón alimenta el temor por la vida de los 29 desaparecidos actuales, dado el precedente de Rivera, cuya muerte fue notificada tras más de dos años de detención arbitraria, gran parte del tiempo en paradero desconocido. “La muerte de Rivera debería servir de llamada de atención a la comunidad internacional para que actúe”, dijo Brody en rueda de prensa, donde precisó que ocho allegados del líder indígena están también en situación de desaparición forzada tras intentar reclamar su cuerpo. “Hasta que Nicaragua disponga de instituciones capaces de responder, la rendición de cuentas tendrá que venir de fuera”, recalcó. Simon advirtió que “la desaparición de personas ya no es simplemente una consecuencia de la represión, se ha convertido en uno de sus instrumentos y, en particular desde 2023, la muerte bajo custodia es su consecuencia más irreversible”.