La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas número 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz De Marinis , hizo lugar al planteo de la Defensa Oficial y declaró inaplicable al adolescente el artículo 1 de la Ley 27.801 , que extendió la responsabilidad penal a los jóvenes desde los 14 años. El joven fue sobreseído, mientras continúa la investigación respecto de otros adolescentes implicados en los hechos. La declaración de inconstitucionalidad afecta exclusivamente a este adolescente y no deja sin efecto la Ley 27.801 El caso comenzó por un episodio ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años fue abordado por cinco jóvenes en la vía pública. La víctima consiguió escapar y pidió ayuda a un agente de policía.
La Fiscalía calificó provisionalmente los hechos como robo simple en grado de tentativa . La jueza considera desproporcionada la respuesta penal La magistrada fundamentó su decisión en el principio de progresividad de los derechos, la prohibición de regresividad, el interés superior del niño y la proporcionalidad que debe regir las respuestas del sistema de justicia juvenil . De Marinis tuvo en cuenta que el robo no llegó a consumarse y que no se produjeron lesiones físicas a la víctima, además de analizar la trayectoria personal y la situación de vulnerabilidad socioeconómica del adolescente. El Poder Judicial porteño subraya que el fallo no supone considerar que el episodio deba quedar sin respuesta estatal.
La jueza ordenó precisamente dar intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que actúe mediante el sistema de protección integral, en lugar de someter al menor a un proceso penal. El fallo diferencia entre excluir una respuesta penal y excluir cualquier intervención del Estado ante la conducta del adolescente La decisión judicial sostiene que, para las circunstancias concretas del expediente, incorporar a un menor de 14 años al sistema penal supondría un tratamiento más gravoso que el existente antes de la reforma. De los 16 a los 14 años La Ley 27.801 modificó uno de los elementos centrales del sistema penal juvenil argentino: la edad mínima a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido al régimen penal pasó de 16 a 14 años. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026, promulgada el 6 de marzo y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo.
Entró en vigor el 5 de septiembre, después del plazo de 180 días fijado por la propia ley. El cambio en el régimen penal juvenil Aspecto Régimen anterior Ley 27.801 Edad mínima de responsabilidad penal 16 años 14 años Norma principal Ley 22.278 Ley 27.801 Jóvenes alcanzados Desde los 16 años Desde los 14 hasta antes de cumplir 18 Entrada en vigor del nuevo sistema — 5 de septiembre de 2026 Privación de libertad en el nuevo régimen — Máximo de 15 años y sin prisión perpetua El Gobierno de Javier Milei había impulsado inicialmente en 2024 una reforma todavía más amplia, que proponía reducir la edad mínima hasta los 13 años. El texto que finalmente salió del Congreso estableció el límite en 14 años. El nuevo régimen comenzó a aplicarse en todo el país el 5 de septiembre, solo cinco días antes de los hechos analizados por De Marinis La recomendación de Naciones Unidas Uno de los argumentos citados alrededor del debate sobre la reforma procede del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas .
En sus observaciones finales sobre Argentina de 2024, el Comité pidió expresamente al país mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal para todo tipo de delitos y abstenerse de reducirla. También recomendó potenciar mecanismos de justicia restaurativa y reservar la privación de libertad para situaciones excepcionales y como último recurso. La posición del Comité fue tenida en cuenta por De Marinis junto con las características concretas del caso. El Poder Judicial de Buenos Aires remarca, no obstante, que la magistrada no realizó una declaración abstracta de inconstitucionalidad de toda la ley, sino un control constitucional limitado al adolescente investigado.
Dos decisiones judiciales distintas sobre la misma ley El pronunciamiento llega pocos días después de otro conflicto judicial relacionado con la entrada en vigor de la Ley 27.801 . Una jueza de la provincia de Buenos Aires había suspendido cautelarmente durante 60 días la aplicación de la norma en todo el territorio provincial. Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó esa medida el 15 de septiembre. La diferencia resulta relevante: aquel fallo pretendía suspender temporalmente la aplicación general de la ley en la provincia, mientras que la resolución de De Marinis se refiere exclusivamente a un adolescente y mantiene intacta la vigencia del régimen para el resto de casos.
Cronología del nuevo régimen penal juvenil Fecha Acontecimiento 27 de febrero de 2026 El Congreso sanciona la Ley 27.801 9 de marzo de 2026 La ley se publica en el Boletín Oficial 5 de septiembre de 2026 Entra en vigor el nuevo Régimen Penal Juvenil 10 de septiembre de 2026 Se produce el intento de robo investigado en Buenos Aires 15 de septiembre de 2026 La Cámara de Lomas de Zamora revoca la suspensión cautelar de la ley en la provincia de Buenos Aires 22 de septiembre de 2026 El Poder Judicial porteño comunica el fallo de De Marinis Jorge Macri pide el juicio político de la jueza La decisión provocó una respuesta inmediata del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , quien anunció que promoverá un juicio político contra De Marinis y señaló que había dado instrucciones a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, para avanzar en esa vía. La senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich también cuestionó públicamente el fallo y defendió la aplicación del nuevo régimen. La resolución de De Marinis abre así uno de los primeros debates judiciales sobre el alcance constitucional de una reforma que apenas lleva vigente desde comienzos de septiembre. Por ahora, la Ley 27.801 continúa plenamente en vigor y el propio Poder Judicial porteño ha precisado que la sentencia no impide aplicarla a otros adolescentes, incluidos otros jóvenes investigados en la misma causa.