Bogotá — El reciente reclamo de Colpensiones por recursos adicionales para pagar las mesadas de noviembre y diciembre es la manifestación más visible, advierte ANIF, del aumento del salario mínimo para 2026. Un costo fiscal que va mucho más allá del mercado laboral. El origen del problema está en un desajuste entre lo presupuestado y lo decretado, explica el centro de pensamiento económico. El Presupuesto General de la Nación para 2026 se construyó asumiendo un incremento del salario mínimo de 7,5%, mientras que el aumento que finalmente se decretó fue de 23%, casi tres veces más.
Esa diferencia, que en su momento se discutió principalmente en asuntos laborales y de competitividad, tiene una segunda cara mucho menos comentada: su efecto sobre el sistema pensional. La razón es estructural. En Colombia, las mesadas equivalentes a un salario mínimo, y por mandato constitucional ninguna pensión puede ser inferior a este, se ajustan automáticamente con el incremento del mínimo. Las pensiones más altas, en cambio, se reajustan con la inflación causada el año anterior.
Cuando el salario mínimo sube muy por encima de la inflación, como ocurrió este año, explica ANIF, el gasto pensional crece de forma desproporcionada frente a lo que se había calculado. Una exposición que no es marginal El tamaño del problema es considerable. Según cifras de Colpensiones con corte a julio de 2026, 1,18 millones de pensionados, el 60,8% del total del Régimen de Prima Media, recibe exactamente un salario mínimo, lo que representa una nómina mensual cercana a los COP$2,1 billones. Se trata, en otras palabras, de la mayoría absoluta de los pensionados del sistema público.
ANIF había estimado en febrero un costo anual adicional de COP$3,1 billones asociado a este incremento, comparado con un escenario contrafactual de aumento del 6% basado en inflación más productividad. Con datos más recientes, a julio, y usando como referencia el propio supuesto del 7,5% que se usó para armar el Presupuesto, el costo estimado por ANIF asciende a COP$3,2 billones, un cálculo que ya incorpora el efecto de “arrastre”: pensiones ligeramente superiores al mínimo que, tras el ajuste por inflación, quedaron por debajo del nuevo piso legal y tuvieron que nivelarse hacia arriba por mandato constitucional. Ver más: Inflación en Colombia vuelve a acelerar: subió a 6,24% en agosto Frente a este panorama, las autoridades han dado números distintos sobre el faltante real para cerrar el año. La Ministra de Trabajo, Natalia López, habló ante el Congreso de una necesidad cercana a COP$5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre, mientras que la Contraloría General de la República calculó COP$4,2 billones.
ANIF señala que, más allá de esas diferencias metodológicas y presupuestales, lo relevante es que ambas cifras confirman una presión fiscal real y significativa, aunque el faltante reportado también responda a otros factores además del salario mínimo. La preocupación se traslada a 2027 El problema no se agota este año. Con la entrada en vigencia de la reforma pensional, prevista para el primero de abril de 2027, Colpensiones asumirá un rol aún más grande dentro del sistema. El propio Ministerio de Hacienda ha reconocido necesidades adicionales cercanas a COP$5 billones que todavía no están contempladas en el presupuesto de 2027.
Para ANIF, cuando una proporción tan alta del gasto pensional depende del salario mínimo, decisiones que se alejan de los criterios técnicos, inflación más productividad, generan obligaciones fiscales difíciles de absorber, sobre todo en un contexto de estrechez presupuestal.