Bloomberg Línea — Asesores legales del bufete internacional Pérez-Llorca señalan que el interés empresarial por Venezuela ha comenzado a reactivarse tras años de escasa actividad en consultas sobre nuevas inversiones y registros de propiedad intelectual. En una reunión con varios de sus abogados en Bogotá, el bufete confirmó a Bloomberg Línea que desde enero ha aumentado el número de empresas interesadas en registrar nuevamente sus marcas en Venezuela, incluidas algunas con trámites pendientes desde la década de 1990. Los sectores más activos van desde el petrolero hasta el automotor y las telecomunicaciones. “Durante los últimos 15 años a nosotros nadie nos preguntaba por Venezuela, por registrar marcas. Uno pasaba por América y no existía Venezuela”, dijo a este medio Mauricio Jaramillo Campuzano, socio de Gómez-Pinzón Abogados y experto en el área de Propiedad Intelectual y Competencia. “Desde enero de este año, todo el mundo dice: ‘Oiga, venga, miremos Venezuela’.
Entonces, ya las empresas por lo menos están diciendo: ‘Vamos a registrar nuestras marcas en Venezuela’, añadió el abogado de Gómez-Pinzón. “Ya esa potencialidad existe, nos está generando trabajo marcario en Venezuela”. Jaramillo Campuzano expresó que la oficina de marcas ha colapsado debido a la llegada de nuevos trámites y al atraso acumulado durante décadas. Según explicó, la entidad está intentando depurar los procesos pendientes para reducir ese rezago. Aunque por temas de confidencialidad no confirmaron nombres, sí señalaron que firmas de Estados Unidos y México ya han consultado sobre la posibilidad de retomar la venta y distribución de automóviles en Venezuela, confirmó a este medio Rodrigo Rojas Robleda, socio mexicano de la firma de abogados.
Los juristas sostienen que las oportunidades van mucho más allá del petróleo. Venezuela necesita inversiones en vivienda, carreteras, alimentos, infraestructura y prácticamente toda su cadena productiva, después de años de deterioro económico. Desde el ámbito legal, señalan que la firma legal ha recibido numerosas consultas de inversionistas interesados en conocer la seguridad jurídica y las condiciones para hacer negocios en Venezuela. Sin embargo, consideran que la incertidumbre política podría ralentizar este proceso, especialmente ante la falta de claridad sobre unas nuevas elecciones y la postura de Estados Unidos.
La situación ha generado una acumulación de expedientes en la oficina de propiedad intelectual, que arrastra décadas de retraso, indicaron. Registro de nuevas marcas en Venezuela El interés de empresas por Venezuela muestra señales de recuperación en 2026 con un aumento todavía tímido en las solicitudes de registro de marcas frente a 2025, aunque el movimiento no permite hablar aún de una llegada masiva de compañías extranjeras, según fuentes consultadas por Bloomberg Línea. En 2025, se presentaron unas 14.600 solicitudes de registro de marcas en Venezuela, según estimaciones de fuentes del sector con conocimiento de las cifras. Estas mismas fuentes prevén que el registro de marcas en Venezuela podría cerrar este año hasta un 10% por encima del nivel registrado el año anterior.
El registro incluye empresas nacionales y extranjeras, por lo que todavía no permite medir cuánto del aumento responde específicamente al interés internacional. Dentro de ese universo, el expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Ricardo Antequera, mencionó en entrevista con Bloomberg Línea a la firma china de telecomunicaciones Xiaomi como la principal empresa solicitante de registro de marca que estaba observando. Bloomberg Línea consultó con Xiaomi sobre el eventual proceso y no negó la información, pero tampoco profundizó al respecto. “Actualmente, Xiaomi mantiene su presencia en Venezuela a través de una red de tiendas y distribuidores autorizados, con cobertura en distintas ciudades del país”, dijo en una nota. Antequera advierte, en todo caso, que este movimiento no debe interpretarse como una llegada masiva de empresas extranjeras.
Señala que existe una diferencia entre las compañías que están explorando el mercado, consultando sobre las condiciones para operar en Venezuela y aquellas que finalmente convierten ese interés en solicitudes de registro de marcas, nuevas franquicias o inversiones. Antequera también considera importante la distinción entre el registro de propiedad intelectual y la presencia física de una empresa en Venezuela. Una compañía puede proteger sus marcas o tecnologías en el país incluso sin tener operaciones directas allí. Las grandes empresas, explicó, suelen proteger sus activos estratégicos en distintos mercados como una medida preventiva.
Por ello, un aumento de las solicitudes de marcas no necesariamente significa que todas esas compañías estén preparando su entrada o regreso al mercado venezolano. Este punto también aplica a las empresas vinculadas con la actividad petrolera. La necesidad de proteger sus activos dependerá de la tecnología que utilicen: si es propia y puede patentarse, podrían buscar protección en Venezuela; si pertenece a terceros, dependerá de las licencias y los derechos correspondientes. Antequera aclara que no existe una “licencia internacional” que sustituya el análisis de cada caso.
Los retos para crear empresa en la nueva Venezuela En opinión del expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Ricardo Antequera, Venezuela atraviesa todavía un proceso de reconexión con el mundo y de recuperación de la confianza empresarial. Uno de los principales elementos que identifican como cambio positivo es la evolución del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Explica que, desde aproximadamente 2018, la institución comenzó un proceso destinado a mejorar su funcionamiento. Venezuela mantiene una Ley de Propiedad Industrial de 1956, que responde a una realidad económica muy diferente a la actual, en opinión de fuentes del sector, que prefieren no ser citadas ante los riesgos de censura que persisten en el país.
Durante 2026 estaba anunciada una revisión de la legislación en materia de propiedad industrial dentro de la agenda legislativa, aunque hasta el momento de la conversación ese proceso no había avanzado. Entre los avances mencionan la resolución de expedientes que llevaban años pendientes, el destrabamiento de procesos y una reducción significativa en los tiempos de concesión de registros de marcas. No obstante, establecen una diferencia fundamental entre el proceso administrativo de registrar una marca y la capacidad de hacer valer posteriormente ese derecho. En opinión de estas fuentes, que una empresa pueda registrar una marca más rápido no significa necesariamente que exista un sistema de protección de propiedad intelectual eficiente.
Exponen que la confianza del inversionista depende también de que, ante una infracción, pueda acudir a un sistema capaz de resolver el conflicto de manera adecuada. En este punto identifican al sistema judicial como uno de los principales obstáculos que permanecen en Venezuela. Consideran que los problemas de eficiencia, tiempos y costos para hacer valer los derechos de propiedad intelectual siguen siendo relevantes. Otro problema señalado es la falsificación de productos y el comercio de mercancía no autorizada.
En Venezuela, coexisten falsificaciones de marcas, importaciones no autorizadas y establecimientos donde pueden coexistir productos legítimos y falsificados. Para las marcas extranjeras, el escenario es especialmente complejo cuando no tienen una presencia suficiente en Venezuela para asumir los costos de un litigio. Empresas colombianas como Argos y Éxito sufrieron expropiaciones en el régimen chavista y mantienen frentes legales abiertos en ese país. Venezuela es un actor recurrente en el sistema de arbitraje de inversión y abogados al tanto del caso estiman que en los últimos 30 años el país ha acumulado un historial de más de veinte laudos con fallos adversos.
Por lo menos en 18 de estos casos, se confirmó que el Estado incurrió en actos expropiatorios (12 directos y 6 indirectos), explicó a este medio en su momento la abogada y socia de Posse Herrera Ruiz. Estefanía Ponce.