Bloomberg Línea — Venezuela prepara un cambio en la forma en que busca recuperar y financiar su sistema eléctrico. El gobierno a cargo de Delcy Rodríguez volvió a plantear la participación del sector privado en el negocio, incluida la generación, transmisión, distribución y comercialización, mientras acelera acuerdos con empresas internacionales para recuperar infraestructura que lleva años deteriorada. El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de Corpoelec, Juan Fernández, presentaron un balance esta semana del plan de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y señalaron que la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico permitirá, según su planteamiento, integrar al sector público y privado en las distintas actividades de la cadena eléctrica. La señal llega en un momento en que Caracas intenta atraer inversiones hacia sectores estratégicos, especialmente petróleo y gas, pero se encuentra con una infraestructura eléctrica que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para ampliar esas operaciones.
La apertura ocurre sobre un sistema que durante los últimos años ha estado marcado por interrupciones recurrentes, especialmente fuera de Caracas. En distintos estados del interior, los cortes han llegado a extenderse durante varias horas al día y, en los períodos más críticos, los usuarios han reportado interrupciones de hasta 12 horas. La falta de mantenimiento, la baja disponibilidad de generación térmica y las fallas en las redes de transmisión y distribución han convertido los apagones en una de las principales expresiones del deterioro de la infraestructura venezolana. SEN antes militarizado El episodio más severo ocurrió en marzo de 2019, cuando una falla en el sistema de generación hidroeléctrica del Guri desencadenó un apagón nacional que dejó sin electricidad a prácticamente todo el país durante varios días y fue seguido por nuevas interrupciones.
Pero la militarización del Sistema Eléctrico Nacional había comenzado años antes: en abril de 2013, durante otra etapa de emergencia eléctrica, un decreto de Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participar en el control y funcionamiento del sistema y estableció el resguardo militar de sus instalaciones. Meses después, el Gobierno creó un régimen de zonas de seguridad para centrales, redes y otras infraestructuras eléctricas. Ese modelo de fuerte control estatal y militar sobre una infraestructura considerada estratégica contrasta ahora con la intención declarada de incorporar capital y empresas privadas a distintas áreas del negocio eléctrico. El anuncio, sin embargo, no significa que la apertura ya esté plenamente vigente.
La Asamblea Nacional aprobó en junio, en primera discusión, el proyecto de reforma de la ley, que contempla la participación de empresas privadas y mixtas. El texto debe completar el trámite legislativo antes de convertirse en un nuevo marco legal. El proyecto busca modificar el esquema bajo el cual funciona el sector y contempla la participación privada en diferentes eslabones de la cadena eléctrica. En su discurso, Alcalá presentó la reforma como un instrumento para fomentar la competitividad, mejorar la eficiencia y atraer inversiones para fortalecer la infraestructura.
Mientras ese nuevo marco regulatorio sigue en construcción, el Gobierno ya está recurriendo a compañías internacionales para recuperar parte de la infraestructura existente. Alcalá mencionó acuerdos y trabajos con Eurobras, IMPSA, General Electric y Siemens, vinculados con la recuperación de generación hidroeléctrica y termoeléctrica, así como con el suministro de piezas y tecnología para los sistemas de transmisión, generación y distribución. La participación de estas compañías no equivale necesariamente a una privatización de las instalaciones ni a que estén asumiendo la operación del sistema. Por lo anunciado hasta ahora, buena parte de estos acuerdos está relacionada con recuperación de equipos, suministro de tecnología, repotenciación y rehabilitación de infraestructura.
Uno de los acuerdos más relevantes se formalizó en el Palacio de Miraflores el 2 de septiembre, cuando PDVSA y GE Vernova suscribieron una alianza estratégica para recuperar infraestructura eléctrica vinculada con la industria petrolera. Ese mismo día, Venezuela y la compañía estadounidense formalizaron otro acuerdo para avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, en una ceremonia encabezada por Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. El acuerdo contempla recuperar capacidad existente y sumar nueva generación en los próximos años. Wright puso entonces un horizonte más amplio sobre la recuperación.
Dijo que el objetivo inmediato era estabilizar la red en un período de entre seis y 12 meses, mediante la recuperación de activos existentes, la estabilización del sistema y la ampliación de las horas de servicio. El acuerdo prevé además incorporar 1.000 MW durante los primeros 24 meses y otros 5.000 MW en los cuatro años siguientes, lo que muestra que la recuperación integral del sistema no es un proceso que pueda resolverse en meses. La diferencia es relevante: mientras esas alianzas permiten incorporar tecnología y capacidad empresarial extranjera a la recuperación del sistema, la reforma legal plantea una participación potencialmente más amplia del sector privado en el propio negocio eléctrico. Preocupación a gran escala La discusión adquiere otra dimensión por el momento que atraviesa la industria petrolera.
Venezuela intenta ampliar su producción y atraer nuevas inversiones internacionales, pero los ejecutivos del sector reunidos en Caracas esta semana han señalado el suministro eléctrico como una de las principales preocupaciones para la expansión de sus operaciones. Los empresarios petroleros advirtieron en la conferencia sobre un déficit eléctrico superior a 1.500 MW y sobre las dificultades para ampliar proyectos sin una recuperación de la red. La electricidad aparece así como una condición para que las nuevas inversiones energéticas puedan materializarse. La preocupación se produce precisamente cuando el Gobierno intenta atraer capital hacia petróleo y gas.
Algunas empresas han planteado incluso proyectos para utilizar gas asociado que actualmente se quema para generar electricidad destinada a operaciones petroleras, una alternativa que podría reducir la presión sobre la red nacional. En paralelo con la discusión sobre el futuro modelo del sector, las autoridades intentan aumentar la capacidad disponible en el corto plazo. Alcalá anunció la incorporación de 1.300 MW durante el último trimestre de 2026. De ese total, 600 MW corresponderían a la unidad 6 de Planta Centro, mientras que otras siete unidades previstas para Zulia aportarían más de 500 MW.
El resto provendría de unidades adicionales en otras regiones. El plan también incluye obras de transmisión. Entre ellas está la ampliación de la subestación Planta Centro con un nuevo autotransformador de 400/230 kV, cuya entrada en servicio está prevista para finales de noviembre, además de la construcción de la subestación Portuguesa y proyectos de energías alternativas como el parque solar de Machango, en Zulia. El Gobierno atribuye parte de las dificultades recientes al aumento de la demanda provocado por las altas temperaturas y por el repunte de la actividad económica.
También señala que el terremoto del 24 de junio retrasó los planes de recuperación al obligar a concentrar recursos en las zonas más afectadas. Pero el movimiento hacia una mayor participación privada ocurre mientras el Estado intenta resolver simultáneamente un problema de capacidad y otro de inversión. Corpoelec busca recuperar megavatios y redes con apoyo de fabricantes y empresas internacionales, mientras el Gobierno impulsa un cambio regulatorio que podría permitir que compañías privadas y mixtas participen directamente en distintos segmentos del negocio.
