La investigación, elaborada por el Centro de Políticas Públicas en Salud de la universidad a partir de registros oficiales, revela que desde 2019 se presentaron 3.802 solicitudes de ingreso en residencias públicas, pero únicamente 529 personas consiguieron incorporarse formalmente a la lista de espera. El elevado número de fallecimientos registrados antes de completar este procedimiento evidencia las dificultades de acceso, aunque el estudio no establece que esas muertes fueran consecuencia directa de la falta de una plaza. De las 3.802 solicitudes de ingreso registradas desde 2019, solo 529 llegaron a incorporarse formalmente a la lista de espera Las residencias públicas funcionan prácticamente al límite de su capacidad Uno de los principales problemas identificados es la escasez de plazas residenciales financiadas por el Estado chileno. Actualmente, la red cuenta con 6.766 plazas, distribuidas entre establecimientos públicos gestionados directamente por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y centros administrados por fundaciones y corporaciones que reciben financiación estatal.
La distribución de las plazas refleja el peso que tienen las organizaciones subvencionadas dentro del sistema. Tipo de residencia Plazas financiadas Establecimientos propios de Senama 1.318 Residencias subvencionadas de fundaciones y corporaciones 5.448 Total de plazas 6.766 La situación resulta especialmente complicada en los establecimientos propios del Senama, cuya ocupación supera el 90% desde 2023. Además, entre 2015 y julio de 2026, nueve de cada diez plazas que quedaron disponibles lo hicieron como consecuencia del fallecimiento de sus residentes. Esta circunstancia significa que el sistema funciona fundamentalmente mediante la sustitución de residentes fallecidos, en lugar de incrementar significativamente su capacidad para atender nuevas solicitudes.
El crecimiento de la red ha sido limitado, con una expansión aproximada de 60 plazas nuevas al año, una cifra que restringe las posibilidades de absorber la demanda. Nueve de cada diez plazas que quedan disponibles en las residencias estatales se liberan tras el fallecimiento de sus ocupantes Sebastián Zamorano, coordinador del Centro de Políticas Públicas en Salud de la Universidad Finis Terrae, advierte de que la red tiene muy poco margen para incorporar nuevos residentes y funciona principalmente mediante reemplazos, con una ampliación de capacidad muy reducida. Más de 140 personas llevan más de un año esperando una residencia El análisis de las listas de espera de residencias públicas revela que, a fecha de 31 de julio de 2026, había 346 personas mayores pendientes de obtener una plaza. De ellas, 144 acumulaban más de un año de espera, mientras que otras 46 llevaban más de 900 días sin conseguir ingresar en uno de estos establecimientos.
El informe distingue entre quienes están formalmente inscritos en una lista de espera y quienes todavía se encuentran tramitando su solicitud. Esta diferencia resulta fundamental para interpretar las cifras, puesto que las personas que fallecen antes de completar el procedimiento no llegan a aparecer entre quienes esperan oficialmente una plaza. Los investigadores consideran que esta situación dificulta conocer la dimensión real de las necesidades asistenciales del país. También advierten de que los procedimientos administrativos pueden convertirse en una barrera adicional para personas mayores en situación de dependencia, especialmente cuando carecen de familiares o representantes que puedan realizar las gestiones necesarias.
El incendio de una residencia que dejó 16 muertos destapa graves deficiencias La publicación del estudio se produce después de una de las tragedias más graves registradas recientemente en una residencia de mayores en Chile. El pasado septiembre, un incendio destruyó el establecimiento El Edén, situado en la comuna de Pitrufquén, en el sur del país, provocando la muerte de 16 personas. Tras el siniestro se conoció que el centro funcionaba sin autorización sanitaria y que había sido objeto de denuncias y fiscalizaciones por diferentes irregularidades. La tragedia reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad, los mecanismos de supervisión y la responsabilidad de las administraciones en la protección de las personas mayores.
El problema va más allá de este establecimiento. Según los datos recogidos en la investigación, el Ministerio de Salud chileno ha identificado cerca de 500 residencias sin autorización sanitaria. Esta situación plantea un importante desafío para las autoridades, que deben garantizar las condiciones de seguridad sin dejar desatendidas a las personas que actualmente viven en estos establecimientos. Cerca de 500 residencias de mayores funcionan sin autorización sanitaria en Chile, según los datos recogidos en la investigación Los expertos advierten de que el cierre indiscriminado de centros irregulares podría agravar todavía más el problema de acceso, debido a la elevada ocupación de las residencias públicas.
La violencia intrafamiliar aparece en el 72% de los ingresos registrados en 2024 Otro de los resultados que destaca la investigación está relacionado con las circunstancias administrativas que justifican el ingreso de personas mayores en establecimientos estatales. Durante 2024, el 72% de los ingresos en residencias propias del Senama fueron registrados administrativamente bajo la categoría de violencia intrafamiliar. La proporción contrasta con los ejercicios anteriores, cuando hasta 2022 se mantenía por debajo del 30%. Los investigadores consideran que este incremento requiere un análisis específico para comprender por qué una parte tan importante de los ingresos aparece vinculada a situaciones de violencia, protección o vulnerabilidad.
No obstante, esta clasificación administrativa no significa necesariamente que todos los casos correspondan a situaciones de violencia acreditadas, por lo que resulta necesario examinar los criterios utilizados para registrar los ingresos. La investigación también identifica importantes deficiencias en la información disponible sobre el funcionamiento de las residencias. Chile no dispone de un catastro nacional actualizado de establecimientos residenciales, ya que el último inventario general se realizó en 2015. Los datos del Censo de 2024 analizados por la universidad muestran que 29.755 personas mayores de 60 años viven en alojamientos colectivos, entre los que se encuentran diferentes modalidades de atención institucional.
De ellas, aproximadamente 17.500 tienen 80 años o más, una circunstancia que pone de manifiesto la relevancia de disponer de información precisa sobre las necesidades asistenciales de las personas de edad más avanzada. Veinte propuestas para reformar el sistema de cuidados de Chile Ante las deficiencias detectadas, el Centro de Políticas Públicas en Salud ha elaborado 20 recomendaciones destinadas a mejorar el acceso a las residencias, reforzar la seguridad y aumentar la coordinación entre las instituciones responsables. Una de las principales iniciativas plantea desarrollar un programa de regularización progresiva de residencias que actualmente funcionan sin los permisos exigidos. La propuesta contempla clasificar los establecimientos según sus niveles de riesgo, establecer plazos de adaptación, proporcionar asistencia técnica y realizar controles periódicos.
Sin embargo, la regularización no supondría flexibilizar las condiciones esenciales de seguridad. Los investigadores consideran imprescindible que todos los centros garanticen desde el primer momento medidas básicas de prevención de incendios, vías de evacuación adecuadas y presencia permanente de personal encargado de los cuidados. En los establecimientos donde se detecte un riesgo inmediato para la vida de los residentes, la recomendación es proceder al cierre, con la obligación de que el Estado garantice su reubicación en condiciones seguras. El estudio propone cerrar inmediatamente las residencias que presenten riesgos vitales, garantizando que sus residentes sean trasladados a centros seguros Otra de las prioridades consiste en reformar los procedimientos administrativos para evitar que las solicitudes de ingreso caduquen automáticamente.
El informe también plantea facilitar el acceso de las personas mayores que no cuentan con familiares, cuidadores o representantes que puedan encargarse de los trámites. La investigación reclama, además, una mayor coordinación entre los organismos públicos y mecanismos de información que permitan conocer con precisión cuántas personas necesitan cuidados residenciales, cuánto tiempo llevan esperando y qué recursos existen realmente para atenderlas. El envejecimiento de la población aumenta la presión sobre las residencias Las dificultades que atraviesa la red residencial chilena se producen en un contexto de envejecimiento de la población, un fenómeno que incrementa las necesidades de atención sociosanitaria y cuidados de larga duración. El aumento de la esperanza de vida supone un avance social, pero también exige adaptar los servicios públicos a una población que puede necesitar mayor asistencia durante los últimos años de su vida.
La investigación subraya que el problema no se limita al número de residencias disponibles, sino que afecta a la planificación sanitaria, la protección social, la vivienda y los mecanismos de atención a las personas dependientes. Para Zamorano, esta realidad requiere una política de Estado a largo plazo que permita anticiparse a las necesidades de una población cada vez más envejecida y superar las respuestas adoptadas únicamente después de situaciones de emergencia. El estudio sitúa así el acceso a las residencias como uno de los principales desafíos del sistema de protección social chileno, especialmente para quienes necesitan cuidados permanentes y no disponen de recursos familiares o económicos suficientes para obtenerlos.
