Por Alberto García Watson La de Maricarmen Abascal, 87 años, saliendo de su casa en una camilla después de haber vivido allí durante más de siete décadas, es una de ellas. No era una okupa. No había llegado ayer. No había irrumpido en una vivienda ajena.
Llevaba allí desde 1956. En aquella casa murieron sus padres. Allí transcurrió prácticamente toda su vida. Allí quería morir.
Pero en la España del mercado inmobiliario convertido en casino, setenta años de vida pueden valer menos que la rentabilidad esperada de un inmueble. En 2018, un fondo adquirió el edificio. Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales y recibió finalmente la exigencia de pagar 1.650 euros para continuar viviendo allí, una cantidad que superaba su pensión de unos 1.400 euros. El conflicto acabó en los tribunales y, después de varios intentos frustrados, el 23 de septiembre llegó el desahucio definitivo.
La ley permitió hacerlo. Y ahí empieza precisamente el problema. Porque una sociedad no debería preguntarse únicamente qué permite la ley, sino también qué clase de sociedad estamos construyendo cuando la ley permite que una mujer de 87 años termine en una camilla camino de un hospital porque no puede pagar el nuevo precio de la casa en la que ha vivido desde que tenía 17 años. Maricarmen murió este miércoles.
No llegó a regresar a su casa. Había un acuerdo para hacerlo. Estaba incluso previsto que formalizara un nuevo contrato de alquiler asequible. Pero murió antes de poder volver a cruzar aquella puerta.
Y entonces todos corrieron a buscar un culpable. Qué conveniente. Ayuso descubrió que los fondos buitre no son el problema En esta historia, la Comunidad de Madrid tiene algo que explicar. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que el caso no era responsabilidad de su Gobierno y ha cargado contra el Ejecutivo central.
También ha sostenido que el desahucio se produjo en aplicación de una normativa de alquiler cuya evolución atribuyó a gobiernos socialistas. Pero mientras una anciana era expulsada de su casa, Madrid ofrecía una imagen difícil de ignorar. El Gobierno regional había adquirido por 6,3 millones de euros un ático de lujo de unos 485 metros cuadrados, con una terraza de alrededor de 200 metros, en una operación que posteriormente generó una enorme controversia política. El inmueble llegó a alquilarse por 3.000 euros mensuales, antes de que la Comunidad rompiera el contrato y lo pusiera a la venta.
La comparación resultaba demasiado tentadora. A Maricarmen le pedían 1.650 euros por unos 90 metros cuadrados. Para un ático VIP de casi 500 metros cuadrados entre vivienda y terraza, la Administración regional llegó a pagar 3.000 euros al mes. Así que miles de manifestantes acabaron coreando una consigna que resumía toda la obscenidad de la escena: “El ático de Ayuso para Maricarmen”.
No hacía falta ser comunista para entender la ironía. Bastaba con saber sumar. Y mientras tanto, el Gobierno central descubrió la vivienda… en septiembre Pero sería demasiado cómodo convertir esta historia en un simple enfrentamiento entre la izquierda virtuosa y la derecha insensible. Porque Pedro Sánchez tampoco puede mirar hacia otro lado.
El Gobierno central lleva años gobernando. Años. Y la crisis de la vivienda no nació el 23 de septiembre de 2026. Sin embargo, fue después del desahucio de Maricarmen cuando el Consejo de Ministros aprobó, el 29 de septiembre, dos reales decretos ley destinados a reforzar la protección frente a los desahucios, estabilizar contratos y combatir determinadas formas de especulación.
La propia ministra de Vivienda reconoció que las medidas llegaban marcadas por las consecuencias del caso Maricarmen. Y aquí aparece otra pregunta incómoda: ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de que una mujer de 87 años tuviera que ser sacada de su casa? ¿Por qué cuando el país entero estaba mirando? ¿Por qué cuando la vivienda se había convertido en un incendio político? La sospecha de que el Gobierno pretendiera convertir las medidas en una bandera electoral es una interpretación política, no un hecho demostrado. Pero resulta difícil no observar el extraordinario paralelismo entre la tragedia de Maricarmen, la aprobación urgente de los decretos y el escenario electoral abierto tras su rechazo parlamentario.
Y el Congreso hizo el resto. PP y Vox votaron contra las medidas y Junts también terminó rechazándolas. De modo que España consiguió fabricar una de las situaciones más grotescas posibles: una anciana muere después de ser expulsada de su casa, el Gobierno presenta medidas para evitar que vuelva a suceder y el Parlamento las tumba. Perfecto.
Ya tenemos el procedimiento. Ahora sólo falta encontrar a la siguiente Maricarmen. La política española también tiene tiempo para el humor Pero si algo ha demostrado esta crisis es que siempre hay espacio para una broma. Mientras cientos de personas permanecían acampadas en la Puerta del Sol reclamando soluciones a la vivienda, llegó la lluvia.
Una tormenta. Los activistas tuvieron que achicar agua, proteger sus pertenencias y tratar de mantener en pie el campamento. Y Nuevas Generaciones del Partido Popular decidió aportar su particular contribución al debate. Publicó en redes un mensaje burlándose de los manifestantes y sugiriendo que, gracias al aguacero, “era la primera vez que se duchaban” .
El comentario fue recogido y criticado públicamente por el tono empleado contra quienes permanecían acampados. Qué maravilloso sentido de las prioridades. Una mujer de 87 años expulsada de su casa. Miles de personas protestando por el precio de la vivienda.
Jóvenes que no pueden emanciparse. Alquileres que absorben una parte creciente de los salarios. Y la organización juvenil de uno de los principales partidos del país preocupada por la higiene personal de quienes protestan. Tal vez ese tuit explique más de lo que pretendía explicar.
Porque cuando ya no tienes argumentos sobre vivienda, siempre puedes hablar de duchas. La gente que sí estuvo allí Mientras los partidos discutían sobre competencias, leyes, decretos y responsabilidades, hubo gente que hizo algo mucho más sencillo: acompañaron a Maricarmen. El Sindicato de Inquilinas estuvo allí. Vecinos estuvieron allí.
Jóvenes estuvieron allí. Centenares de personas permanecieron frente a su casa para intentar impedir el desahucio. Y después levantaron una acampada en Sol. Se manifestaron bajo la lluvia.
Siguieron allí cuando llegaron las cámaras. Y siguieron allí cuando la noticia dejó de ser tendencia. Ese movimiento puede gustar más o menos. Se pueden discutir sus propuestas, sus métodos y sus posiciones políticas.
Pero hay una diferencia fundamental entre discutir sus ideas y ridiculizar a las personas que las defienden. Porque quienes estaban en Sol no eran el problema. El problema era que una sociedad entera había llegado al punto en que una mujer de 87 años podía ser expulsada de su casa después de 70 años porque el precio de mercado había decidido que su vida ya no era suficientemente rentable. El problema no era solamente Maricarmen Quizá esta sea la parte que más incomoda.
Maricarmen no es únicamente la historia de una anciana. Es la historia de un sistema. Un sistema donde una vivienda puede ser un hogar durante setenta años y, de repente, convertirse en un activo financiero. Donde un fondo de inversión puede comprar un edificio entero y mirar sus viviendas fundamentalmente como unidades de rentabilidad.
Donde un pensionista puede tener que elegir entre pagar el alquiler o comer. Donde una Administración puede discutir durante años quién tiene las competencias mientras la persona afectada envejece. Donde el Gobierno puede esperar hasta que la tragedia se convierta en escándalo nacional para aprobar una reforma. Donde el Parlamento puede tumbarla.
Y donde, finalmente, cuando la anciana muere, los políticos pueden comenzar a acusarse unos a otros. Todos tienen una explicación. Todos tienen una excusa. Todos tienen un adversario.
Lo único que parece no tener España es una casa para Maricarmen. Y ahora llega la pregunta que nadie quiere contestar ¿Quién mató a Maricarmen? No sería serio afirmar que una decisión política concreta causó su muerte. Tampoco existe, por el momento, una determinación oficial que permita establecer una relación causal de ese tipo.
Lo que sí está documentado es que fue desahuciada el 23 de septiembre, que permaneció hospitalizada posteriormente y que falleció el 7 de octubre. Su caso había provocado una enorme presión social y política y había convertido la vivienda en el centro del debate nacional. Por eso quizá la pregunta correcta sea otra: ¿Qué país queremos ser cuando una mujer de 87 años puede morir sin haber conseguido regresar a la casa donde pasó setenta años de su vida? La respuesta no está únicamente en Ayuso.
Ni únicamente en Sánchez. Ni únicamente en el fondo de inversión. Ni únicamente en PP, Vox o Junts. Está en todos ellos.
Y también en una sociedad que durante demasiado tiempo ha aceptado que la vivienda sea tratada exclusivamente como mercancía. Porque un Gobierno autonómico puede decir que no tiene competencias suficientes. Un Gobierno central puede decir que necesitaba más apoyos parlamentarios. Un fondo puede decir que actuó dentro de la ley.
Un partido puede decir que votó en conciencia. Un juez puede decir que aplicó la legislación. Y un joven de Nuevas Generaciones puede hacer bromas sobre las duchas de los manifestantes. Todo puede ser perfectamente legal.
Todo puede ser perfectamente defendible. Y, sin embargo, todo puede ser moralmente insoportable. Maricarmen murió. No volvió a casa.
Los decretos que llegaron después fueron rechazados. Los políticos siguen discutiendo. Los fondos siguen haciendo números. Los propietarios siguen calculando rentabilidades.
Los inquilinos siguen calculando cuánto les queda después de pagar el alquiler. Y en algún lugar de Madrid, detrás de una puerta que ya no podrá abrir, quedan setenta años de recuerdos de una mujer que sólo quería algo extraordinariamente revolucionario: morir en su propia casa. Quizá ese sea el verdadero escándalo. No que Maricarmen se haya convertido en un símbolo.
Sino que para que una sociedad descubriera la gravedad de su crisis de vivienda tuviera que ver primero cómo sacaban a una anciana de 87 años en una camilla. Y después, ni siquiera eso bastó para que volviera a casa.
