El Gobierno de Javier Milei ha formalizado este martes 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el tribunal internacional con sede en Hamburgo, Alemania. La iniciativa pretende impedir que las autoridades británicas permitan avanzar en la explotación de los recursos petroleros de la Cuenca Malvinas Norte , una zona marítima cuya soberanía reclama Argentina. La presentación llega después de que expirara el plazo de dos semanas concedido a Londres el pasado 28 de septiembre para detener las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion . Ante la negativa británica, Buenos Aires ha decidido activar el mecanismo judicial previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar , con el objetivo de preservar los derechos que reivindica sobre su plataforma continental.
Argentina solicita una intervención judicial urgente para impedir que avancen las actividades petroleras en las aguas de Malvinas mientras se resuelve la controversia internacional Las cuatro medidas que Argentina reclama contra Reino Unido La solicitud presentada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contiene cuatro peticiones dirigidas a limitar las actividades británicas en las aguas que rodean las Malvinas. La primera y principal consiste en impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion , desarrollado por la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration . Sin embargo, el Gobierno argentino también pretende frenar otras actuaciones que considera perjudiciales para sus derechos sobre los recursos naturales. Medida solicitada Objetivo de Argentina Paralización de Sea Lion Impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos Restricción de información Evitar el uso de datos obtenidos durante las exploraciones en perjuicio de Argentina Protección del medio marino Garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales recogidas en la Convención del Derecho del Mar Suspensión de nuevas autorizaciones Impedir nuevas licencias petroleras u otras decisiones que agraven la controversia Uno de los aspectos relevantes del recurso es su dimensión ambiental.
Buenos Aires invoca los artículos 192 y 194 de la Convención del Derecho del Mar , que establecen obligaciones relacionadas con la protección y preservación del medio marino y la prevención de la contaminación. El Ejecutivo argentino sostiene que las actividades petroleras pueden ocasionar daños sobre los ecosistemas del Atlántico Sur y que su exclusión de las decisiones adoptadas en el territorio en disputa le impide ejercer las responsabilidades ambientales que considera propias. Además, pretende que Londres se abstenga de conceder nuevas autorizaciones para la explotación de recursos naturales mientras continúa el procedimiento internacional. Buenos Aires quiere impedir que Reino Unido amplíe las concesiones petroleras y adopte nuevas decisiones que puedan agravar la disputa territorial Sea Lion prevé comenzar a producir petróleo en 2028 El proyecto Sea Lion constituye una de las principales iniciativas de desarrollo petrolero previstas en el Atlántico Sur.
El yacimiento se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas , dentro de la cuenca petrolera situada en sus aguas circundantes. La explotación está impulsada por Navitas Petroleum , que controla el 65% del proyecto y actúa como operadora, mientras que la británica Rockhopper Exploration mantiene una participación del 35% . Ambas compañías aprobaron a finales de 2025 la decisión definitiva de inversión para comenzar la primera fase de desarrollo del yacimiento. Esta etapa contempla la perforación de 11 pozos submarinos , conectados a una instalación flotante destinada a la producción, almacenamiento y descarga de petróleo.
Los planes empresariales sitúan el comienzo de las perforaciones de desarrollo a principios de 2027 , mientras que la primera producción comercial está prevista para el primer trimestre de 2028 . La capacidad inicial de procesamiento contemplada para las dos primeras fases alcanza aproximadamente 55.000 barriles diarios . Las compañías también estudian acelerar fases posteriores que podrían elevar considerablemente la capacidad de producción del conjunto del proyecto. La presión argentina ya ha tenido consecuencias sobre algunas contrataciones.
A principios de octubre, las empresas responsables de Sea Lion reconocieron que estaban buscando sustitutos para dos contratistas que habían dejado de participar en el desarrollo. No obstante, las petroleras mantienen sus planes de inversión y sostienen que, por el momento, no esperan que estas dificultades provoquen un impacto adverso significativo sobre el proyecto. El desarrollo petrolero contempla perforaciones a partir de 2027 y una producción inicial de hasta 55.000 barriles diarios desde 2028 Qué puede decidir el Tribunal Internacional del Derecho del Mar El recurso argentino se enmarca en un procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre conforme al anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el conflicto principal, el artículo 290 de la Convención permite solicitar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino cuando exista una situación de urgencia.
Estas medidas tienen un funcionamiento comparable al de las cautelares judiciales. Su finalidad es evitar que determinadas actuaciones provoquen consecuencias que dificulten o hagan inútil una futura resolución. El Tribunal del Mar deberá valorar si existe una base jurídica suficiente para intervenir, si el tribunal arbitral que resolverá el fondo puede tener competencia sobre la controversia y si las circunstancias justifican adoptar restricciones urgentes. La presentación de la solicitud no significa que las actividades petroleras hayan quedado suspendidas.
Los jueces pueden aceptar las peticiones argentinas, rechazarlas o establecer medidas diferentes. En caso de acordarse, las medidas provisionales serían jurídicamente obligatorias para las partes. Existe, además, una distinción fundamental: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede examinar controversias relativas a la interpretación y aplicación de la Convención, pero no dispone de una competencia general para resolver disputas sobre la soberanía de territorios terrestres. Esta cuestión será uno de los elementos jurídicos centrales del procedimiento, ya que las reclamaciones sobre los derechos marítimos están vinculadas a una controversia territorial todavía abierta.
La solicitud argentina no suspende automáticamente Sea Lion y será el tribunal quien determine si existen motivos jurídicos y urgencia suficientes para adoptar medidas Reino Unido rechaza el planteamiento argentino El Gobierno británico mantiene que las islas Malvinas , denominadas Falkland Islands por Londres, son un territorio británico de ultramar y defiende el derecho de autodeterminación de sus habitantes. Tras el anuncio argentino de septiembre, las autoridades británicas manifestaron su rechazo a las amenazas de arbitraje internacional y defendieron la legalidad de las actividades económicas autorizadas por el Gobierno del archipiélago. Londres considera que las actuaciones de Buenos Aires pueden perjudicar el desarrollo económico de las islas, especialmente en un momento en que la explotación petrolera se presenta como una importante oportunidad de inversión e ingresos. El Reino Unido también invoca el referéndum celebrado en 2013 , en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus del archipiélago como territorio británico de ultramar.
Argentina rechaza que aquella consulta pueda resolver la disputa de soberanía y recuerda que la Organización de Naciones Unidas reconoce la existencia de una controversia entre ambos países. En particular, Buenos Aires se apoya en la Resolución 2065 , aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1965, que instó a Argentina y Reino Unido a negociar una solución pacífica. También invoca la Resolución 31/49 , de 1976, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones que introdujeran modificaciones unilaterales en la situación mientras continuara el proceso de negociación. La disputa por Malvinas vuelve al terreno judicial El enfrentamiento por los recursos petroleros constituye un nuevo episodio de una controversia histórica que se remonta al establecimiento del control británico sobre las islas en 1833 .
La disputa alcanzó su momento más grave en abril de 1982 , cuando la dictadura militar argentina intentó recuperar el archipiélago mediante una operación militar que desencadenó una guerra con Reino Unido. El conflicto terminó el 14 de junio de aquel año con la derrota argentina y dejó 649 militares argentinos y 255 británicos muertos , además de tres civiles isleños fallecidos. Ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990 , durante la presidencia de Carlos Menem, aunque la controversia territorial nunca quedó resuelta. La nueva iniciativa judicial se suma al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Milei remitió al Congreso argentino el pasado 17 de septiembre, con el que pretende endurecer las sanciones contra las empresas y los operadores económicos que participen sin autorización argentina en actividades de explotación de recursos en las zonas reclamadas.
Con la petición presentada en Hamburgo, Buenos Aires busca ahora una intervención internacional antes de que Sea Lion comience sus perforaciones de desarrollo. La decisión sobre las medidas provisionales determinará si el proyecto petrolero puede continuar sin nuevas restricciones judiciales mientras se examina el fondo de la controversia.
