La decisión, adoptada mediante el Decreto 1490 del 6 de octubre, reabre el debate sobre cómo deben invertirse los ahorros de los trabajadores: ¿una mayor libertad para diversificar las inversiones protege mejor a los afiliados o el país debería canalizar una mayor parte de ese capital hacia proyectos productivos nacionales? El Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) buscaba reducir gradualmente la proporción de recursos invertidos fuera del país sudamericano para impulsar la financiación de sectores como infraestructura, movilidad y energía. En contraste, el Ministerio de Hacienda actual defiende la diversificación geográfica como una herramienta para distribuir los riesgos y buscar mejores rendimientos . Asofondos, gremio que reúne a las administradoras privadas, también respaldó la derogatoria.
América Latina "Un problema estructural": el gasto público y la deuda encienden las alarmas en Colombia 15 de septiembre, 01:58 GMT ¿Cuánto hay en el exterior? En agosto de este año, las administradoras de fondos de pensiones g estionaban 575,2 billones de pesos (unos 180.8 mil millones de dólares). En enero de 2026, el Ministerio de Hacienda, aún en el Gobierno de Petro, informó que cerca del 48,8% se encontraba invertido en el exterior. Para agosto de este mismo año, el porcentaje de activos en el exterior bajó a 45,2%, reporta el diario La República .
El plan del gobierno del anterior presidente, establecido en el Decreto 369 de 2026, preveía que los fondos ajustaran gradualmente sus portafolios y llegaran a la meta del 30% en cinco años. César Torres, profesor de posgrado en Economía, cuestiona en entrevista para Sputnik la inversión en mercados internacionales por los riesgos que, a su juicio, son difíciles de controlar. "Invertir afuera es adquirir riesgos no controlables, mientras que invertir dentro se puede hacer un plan de aseguramiento", afirmó. En contraste, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, considera en charla para este medio que restringir las inversiones en el exterior, puede limitar las opciones de diversificación y afectar la rentabilidad ajustada al riesgo. "Es bueno que los fondos de pensiones tengan libertad para maximizar la rentabilidad ", sostuvo. Acentos Informalidad laboral en Colombia: "Las medidas de Petro lograron contener un poco la situación" 13 de marzo, 18:21 GMT Consecuencias para la economía nacional El debate también involucra la financiación de la economía nacional.
Torres reflexiona que una mayor proporción del ahorro pensional podría destinarse a proyectos de infraestructura, como ferrocarriles, carreteras y centrales hidroeléctricas, mediante alianzas público-privadas. Mientras tanto, Salazar advierte que limitar las alternativas de inversión puede llevar a una mayor concentración en títulos de deuda pública colombiana. Esa demanda puede facilitar la financiación del Estado a corto plazo, pero, según el economista, una rentabilidad inferior de los fondos podría generar presiones fiscales futuras. Estos resultados no son automáticos: dependen de los rendimientos obtenidos, la composición de los portafolios y las obligaciones del sistema.
La discusión, por tanto, no consiste únicamente en elegir entre inversiones nacionales o extranjeras, sino en determinar qué instrumentos ofrecen una relación adecuada entre rentabilidad, riesgo y liquidez, sin imponer a los administradores una obligación geográfica que pueda perjudicar a los afiliados. ¿Qué espera a los afiliados? Como contribuyentes, dice Salazar, no hay problema, porque estrictamente hablando, tiene unas reglas de juego que determinan la oferta. "Eso no depende tanto de la rentabilidad de los fondos" , precisó. El problema pensional colombiano no se reduce a dónde invierten las AFP. Salazar señala que, al respecto, existen tres dificultades estructurales: 1. la baja proporción de personas que logra acceder a una pensión; 2. la distribución de los subsidios y el costo fiscal de determinadas prestaciones; 3. la informalidad laboral y las dificultades para cotizar de quienes trabajan por temporadas, como ocurre con parte de los trabajadores cafeteros.
Al respecto, la sentencia T-278 publicada en agosto de este año, informó que 6,6 millones de personas mayores no tienen acceso a una pensión y el Departamento Nacional de Planificación (DNP) refiere que el 57% de los ocupados no cotiza. Además, menciona que el 56,1% son mujeres y el 43,9% son hombres. En tanto, un informe del Departamento de Derecho Laboral y de Seguridad Social de la Universidad Externado, que data de mayo de 2026, precisa que a lo largo del último año el porcentaje de cotizantes entre los asalariados alcanzó el 71% y entre los independientes solo el 17%. El argumento de Salazar es que la sostenibilidad del sistema depende también de extender la protección social a más personas. "Lo más importante del sistema pensional nuestro es pensar cómo ganamos formalidad laboral", concluyó. ¡No te pierdas las noticias más importantes!
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