Asdrúbal Oliveros: La deuda en impago limita el acceso de Venezuela a sus recursos en el exterior

Asdrúbal Oliveros: La deuda en impago limita el acceso de Venezuela a sus recursos en el exterior

Escuchar noticia ▶ Escuchar ⏸ Pausar ■ Detener Velocidad 0,8× 1× 1,15× 1,3× Voz Seguir a FinanzasDigital en Google Venezuela todavía no ha publicado el informe preliminar que debe ayudar a determinar el monto de su deuda y sentar las bases para una reestructuración. Mientras el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, asegura que el análisis de sostenibilidad se conocerá «muy pronto», el economista Asdrúbal Oliveros advierte que el prolongado impago también limita la capacidad del país para disponer de recursos en el exterior. Oliveros, socio director de Summa Consulting, explicó que las obligaciones pendientes exponen al Estado venezolano, a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y a otras entidades públicas a acciones de embargo de sus acreedores. Esta situación, afirmó, ayuda a entender las restricciones que afronta el país para manejar determinados fondos a través del sistema financiero internacional.

El impago expone los activos venezolanos a embargos Oliveros señaló que las dificultades para disponer de recursos en el exterior están relacionadas con las reclamaciones de los acreedores que llevan años sin recibir los pagos correspondientes. Cuando una cuenta a nombre de Venezuela, Pdvsa u otra entidad estatal entra en el sistema financiero internacional, puede quedar expuesta a medidas judiciales vinculadas con esas obligaciones, explicó el economista. Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, es uno de los casos relacionados con los litigios de acreedores. Oliveros vinculó esta situación con el manejo de determinados recursos venezolanos a través de una cuenta del Tesoro de Estados Unidos, bajo condiciones específicas.

Según su explicación, el problema no se limita a quién administra esos fondos, sino que también responde a los riesgos legales derivados del impago. El economista advirtió que un eventual cambio político no eliminaría automáticamente esas restricciones. Mientras las obligaciones continúen pendientes, un nuevo gobierno también tendría que afrontar las reclamaciones de los acreedores y resolver el problema de la deuda. Más leídas Tasa de Cambio BCV 15 de octubre de 2026: 879,1225 Bs/USD (+0,139%) Gobierno inicia el pago del Ingreso Integral equivalente a $149,84 Calixto Ortega anuncia que Venezuela publicará su análisis de sostenibilidad de la deuda «muy pronto» Venezuela aún no conoce el monto definitivo de sus pasivos Las estimaciones sobre la deuda total venezolana siguen siendo dispares.

Oliveros indicó que muchos economistas manejan un rango de entre US$150.000 millones y US$180.000 millones, mientras que un informe de Axios ha mencionado una cifra de US$300.000 millones. «Son números que de verdad no conocemos», afirmó en entrevista con el Circuito Éxitos. Por eso, considera necesario que el informe preliminar detalle qué obligaciones se están contabilizando e incluya una auditoría independiente que permita determinar cuáles deudas son legítimas. En mayo, Venezuela anunció su intención de reestructurar sus pasivos y encargó a la firma Centerview Partners el trabajo de asesoría para el proceso. Según el calendario inicial descrito por Oliveros, el informe preliminar debía conocerse entre julio y agosto.

El terremoto de junio alteró la planificación y posteriormente se habló de septiembre, pero a mediados de octubre todavía no se había anunciado una fecha oficial. Durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, Ortega afirmó que la publicación del análisis de sostenibilidad de la deuda era una prioridad y expresó optimismo sobre su divulgación próxima. Sin embargo, no precisó cuándo estaría disponible. Negociaciones distintas La complejidad de la reestructuración se debe también a que Venezuela mantiene obligaciones con diferentes tipos de acreedores.

No todas pueden resolverse mediante una única negociación. De acuerdo con los cálculos de Oliveros, de una deuda total estimada en unos US$170.000 millones, alrededor de US$100.000 millones corresponderían a bonos emitidos por el Estado venezolano y Pdvsa. Esa es la parte que concentra el proceso de reestructuración al que se refiere el mandato de Centerview. El resto incluye compromisos con países como China y Rusia, organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), además de obligaciones con empresas privadas y demandas vinculadas con expropiaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Oliveros calcula que Venezuela debe alrededor de US$18.000 millones a China, su principal acreedor entre los países, una obligación que se paga con petróleo. No obstante, señaló que todavía no está claro cómo evolucionará esa relación bajo las condiciones actuales. El informe preliminar debería ofrecer una imagen más precisa de las obligaciones y servir de base para diseñar una propuesta. Después tendrían que comenzar las negociaciones con los distintos grupos de acreedores, que deberán evaluar si aceptan las condiciones planteadas.

También exige un plan fiscal Para Oliveros, establecer el monto de la deuda es apenas el primer paso. Venezuela también necesita definir cuánto podrá pagar después de una eventual reestructuración y cómo financiará esos compromisos sin desatender otras obligaciones del Estado. Una propuesta podría incluir descuentos sobre los pasivos, nuevos bonos u otro esquema de pago, incluso vinculado con el petróleo. Por ahora, sin embargo, no se ha anunciado un mecanismo definitivo.

El plan tendrá que contemplar los pagos a los acreedores y las necesidades de inversión del país, entre ellas la recuperación del sistema eléctrico y el desarrollo del sector petrolero. De ahí que el economista considere necesario avanzar en paralelo con un programa económico y fiscal. Venezuela acumula casi diez años en situación de impago de parte de su deuda, según Oliveros. En un escenario optimista, estima que el proceso completo podría tomar entre uno y dos años una vez presentada la propuesta, aunque el plazo dependerá también de la respuesta de los acreedores.

La publicación del informe permitiría comenzar a despejar las dudas sobre el monto de las obligaciones y definir los pasos siguientes. Hasta ahora, no hay una fecha oficial para su divulgación ni se conoce un plan integral de reestructuración.

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