Bogotá — El deterioro de las finanzas públicas pondrá a prueba la capacidad del Gobierno colombiano para financiar sus obligaciones en 2027. Aunque el Ejecutivo anunció un plan de rescate fiscal por cerca de COP$45 billones, Corficolombiana estima que, si el ajuste es parcial, la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) “llegaría a 65,7% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que superaría el registrado durante la pandemia”. El documento examina las implicaciones de la actualización del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, las necesidades de endeudamiento y las alternativas de financiamiento que tendría el país, pero advierte que la deuda tocará máximos históricos. ¿Deuda récord? Para Corficolombiana, el ajuste previsto para 2027 será el comienzo de un proceso que podría tomar varios años.
Incluso bajo el escenario parcial, la deuda neta alcanzaría un máximo histórico de 65,7% del PIB y las necesidades de financiamiento continuarían siendo elevadas. El informe identifica varios elementos que seguirán bajo observación de los mercados: la aprobación e implementación de la Ley de Rescate Fiscal, la ejecución de las medidas, los resultados de las operaciones de manejo de deuda, las negociaciones con el FMI y la composición del financiamiento entre TES, bonos externos y organismos multilaterales. Corficolombiana asegura que el sinceramiento presupuestal permitió dimensionar el desequilibrio fiscal. El desafío pendiente será definir cómo se financiarán las obligaciones y demostrar que el ajuste anunciado puede ejecutarse. ¿El déficit fiscal aumentaría antes del ajuste?
La actualización del presupuesto reveló un panorama fiscal más exigente que el contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Según el análisis, el déficit total del Gobierno Nacional Central pasaría de 5,3% del PIB, previsto inicialmente para 2026, a 7,2% según el Gobierno. Los cálculos de Corficolombiana sitúan esa cifra en hasta 7,8%. Para 2027, antes de incorporar nuevas medidas, el déficit del GNC alcanzaría 9,4% del PIB, mientras que la deuda neta llegaría a 66,2% del PIB.
La actualización del PGN eliminó COP$30,2 billones de ingresos contingentes, corrigió supuestos macroeconómicos e incorporó obligaciones que habían sido omitidas o presupuestadas de manera insuficiente. El informe señala que el reto ya no consiste “únicamente en dimensionar el déficit”, sino en determinar cómo financiarlo y “cuánto podría reducirse mediante el ajuste anunciado por el Gobierno”. En ese escenario, las necesidades totales de financiamiento aumentarían de COP$130,4 billones, equivalentes a 6% del PIB, a COP$266,3 billones, o 12,2% del PIB. El Gobierno contempla desembolsos de crédito por COP$238,6 billones, distribuidos entre COP$150,9 billones de fuentes internas y COP$87,7 billones de fuentes externas.
La presión también está relacionada con el servicio de la deuda, que asciende a COP$155,4 billones. De ese monto, COP$94,4 billones corresponden a intereses, que representarían 4,9% del PIB y absorberían 31,6% de los ingresos del GNC, frente a 17,2% en 2019 y 23,6% en 2026. El plan de rescate fiscal enfrenta retos de ejecución El Gobierno anunció un proyecto de Ley de Rescate Fiscal con un ajuste equivalente a 2,2% del PIB, cerca de COP$45 billones. La iniciativa busca reducir el déficit primario, aliviar las presiones de financiamiento y contener el crecimiento de la deuda pública.
Sin embargo, Corficolombiana advierte que “todavía se desconocen los detalles de las medidas, su distribución entre ingresos y gastos, su carácter permanente o transitorio y el cronograma de ejecución”. El calendario también representa un desafío. Las iniciativas que requieran aprobación del Congreso tendrían que ser aprobadas, reglamentadas e implementadas durante 2027, lo que limitaría su impacto fiscal efectivo durante ese año. Ante estas restricciones, el escenario de Corficolombiana contempla un ajuste parcial de 1,6% del PIB, equivalente a cerca de COP$33 billones. “Dos terceras partes provendrían de recortes de gasto y una tercera parte de mayores ingresos”, explica.
Bajo ese supuesto, el déficit total del GNC se reduciría a 7,8% del PIB en 2027 y el déficit primario pasaría de 4% a 2,9% del PIB. No obstante, la deuda neta aumentaría de 60,1% a 65,7% del PIB. El análisis de Corficolombiana precisa que la implementación completa del ajuste anunciado podría requerir más tiempo, en un proceso que combinaría medidas permanentes de ingresos y gastos, reformas institucionales y metas fiscales intermedias. Los canjes de deuda darían alivio, pero no resolverían el déficit Las operaciones de manejo de deuda (OMD) constituyen otra herramienta del Gobierno para distribuir sus obligaciones en el tiempo.
El primer canje redujo las amortizaciones previstas para 2027 de COP$42,1 billones a COP$25,5 billones. Las dos operaciones restantes podrían llevarlas a cerca de COP$15 billones. En conjunto, las operaciones representarían una reducción de COP$27,1 billones, equivalente a 1,2% del PIB, en los vencimientos del próximo año. Sin embargo, Corficolombiana aclara que “estas operaciones no eliminan las obligaciones, sino que las trasladan a plazos más largos y aumentan la oferta de títulos de deuda pública (TES) de mayor duración”.
El informe destaca esa diferencia al señalar que “el beneficio es financiero, no fiscal: se aplazan vencimientos, pero aumenta la oferta de TES de mayor plazo”. Con un ajuste parcial y el reperfilamiento de la deuda, los desembolsos internos podrían reducirse a cerca de COP$120 billones, equivalentes a 5,6% del PIB. Aun así, el financiamiento seguiría en niveles históricamente elevados. El financiamiento externo y el papel del FMI Las necesidades de recursos también presionarían el frente externo.
Corficolombiana estima que, con el ajuste fiscal, los desembolsos externos podrían reducirse en US$7.000 millones, hasta US$18.700 millones. Incluso con esa disminución, prácticamente duplicarían el promedio histórico registrado entre 2014 y 2025. Ante esta situación, el informe plantea que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría contribuir a reducir parte de los costos de financiamiento y respaldar la credibilidad del ajuste fiscal. Corficolombiana señala que “el principal valor del acuerdo no sería únicamente el monto disponible, sino la señal de credibilidad que aportaría al programa fiscal y al acceso del soberano a otras fuentes de financiamiento”.
Entre las alternativas examinadas están la Línea de Precaución y Liquidez (LPL), que exige condiciones de acceso relacionadas con la solidez de las finanzas públicas y un ajuste creíble cuando sea necesario, y un Acuerdo Stand-By (SBA), que contempla criterios cuantitativos, revisiones periódicas y acceso escalonado a los recursos. El financiamiento del FMI no sustituiría la consolidación fiscal ni garantizaría recursos incondicionales para cubrir el presupuesto.
