Así lo aseguró José Alexis Ginarte, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en declaraciones a Prensa Latina, a pocos días de la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución que presenta anualmente La Habana para exigir el fin de esa medida. De acuerdo con el especialista, el cerco limita considerablemente el desarrollo de su sector, no solo en la formación de estudiantes y la impartición de cursos, posgrados, seminarios y talleres, sino también en la capacidad de ofrecer respuestas ágiles a los conflictos y garantizar una adecuada atención a la población. Argumentó que el costo de esta política es inmenso, tanto para la realización de actos jurídicos como para su gestión. Asimismo, apuntó a las dificultades relacionadas con la movilidad de juristas, jueces, fiscales, abogados, notarios, consultores y profesores, quienes en muchas ocasiones deben trasladarse por sus propios medios para cumplir sus funciones profesionales.
También denunció las limitaciones para acceder a información especializada, debido a problemas de conectividad y a la imposibilidad de utilizar numerosas bases de datos internacionales. En cuanto a las implicaciones jurídicas del bloqueo, recalcó que se trata de una medida eminentemente ilegal. En primer lugar, porque el Gobierno de los Estados Unidos no tiene facultad para imponer normas o reglas que otros Estados deban cumplir. En segundo término, porque no puede imponer a ningún gobierno formas de pensar, actuar o comportarse, ni limitar la soberanía y la independencia de las naciones, sostuvo.
Cada Estado, reflexionó, posee el derecho a la autodeterminación, la soberanía y el desarrollo económico, de conformidad con los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Ginarte opinó que las diferencias entre Cuba y Estados Unidos debieron resolverse mediante el diálogo y el entendimiento mutuo, sin presiones ni imposiciones. «Las controversias entre los Estados, según establecen las Naciones Unidas, deben resolverse de forma pacífica y a través de los mecanismos previstos por la organización, sin recurrir al uso de la fuerza», afirmó. El bloqueo constituye, a su juicio, «un acto de guerra contra Cuba» que ha sido codificado mediante leyes, órdenes ejecutivas, medidas coercitivas y disposiciones adoptadas por sucesivas administraciones estadounidenses. Como ejemplo mencionó la Ley Helms-Burton, la cual consideró una intromisión en los asuntos internos de la nación caribeña.
Asimismo, recordó que Cuba se define en el artículo primero de su Constitución como un Estado socialista de derecho y justicia social, y subrayó que corresponde únicamente a su pueblo decidir el modelo de gobierno y de desarrollo que desea construir, en ejercicio de su soberanía e independencia. mh/mpp
