El Gobierno de Francia tiene la intención de bloquear las redes sociales que no retiren las publicaciones que llamen a la insurrección y a la violencia después de las correspondientes exigencias de las autoridades. Así lo establece una enmienda al proyecto de ley sobre la reparación de daños causados por disturbios, presentada este lunes 26 de octubre y que el Senado examina este martes, informa Le Figaro. La norma prevé que las plataformas retiren en el plazo de una hora las publicaciones que “llamen a un atentado, a la insurrección o al armamento contra el Estado y/o una parte de la población”, y contempla bloquearlas o desindexarlas en caso contrario. El Ejecutivo justifica la medida en el texto de la enmienda: las redes sociales “pueden contribuir de manera decisiva a la violencia y a la degradación, en particular por la difusión de contenidos que llaman a la comisión de esas infracciones”.
Por eso, sostiene que “la autoridad administrativa debe poder intervenir rápidamente para poner fin a la difusión de contenidos que llaman a la violencia, a los saqueos y al pillaje”. La enmienda prevé instaurar un “procedimiento de urgencia” para ordenar a las plataformas la retirada de esos contenidos. Además, amplía las competencias de Pharos, la plataforma estatal encargada de identificar contenido ilícito en Internet. Se propone también dar a las redes sociales 24 horas para eliminar publicaciones que inciten a cometer asesinatos, actos violentos, robos y destrucción de bienes, cuando esos materiales puedan provocar una alteración grave del orden público.
La iniciativa llega tras los disturbios y saqueos que acompañaron las protestas del 17 de octubre. Este lunes, el presidente Emmanuel Macron afirmó durante un viaje a Marsella que las redes sociales se utilizaron para coordinar acciones y reunir participantes en los lugares de los ataques y los saqueos. Las protestas por mejores condiciones educativas y contra el aumento del costo de la vida derivaron el 17 de octubre en disturbios en varias ciudades de Francia. Los manifestantes levantaron barricadas, incendiaron vehículos y edificios públicos y saquearon comercios, en unos incidentes que dejaron alrededor de 2.700 detenidos, al menos 3.000 establecimientos afectados y cerca de 1.000 agentes heridos.
