Bloomberg Línea — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció cuatro incrementos del ingreso integral de los trabajadores durante 2027, vinculados al desempeño económico trimestral, y aseguró que los ajustes no podrán ser inferiores al crecimiento registrado en el trimestre precedente. La mandataria también prometió elecciones con una autoridad electoral renovada, planteó la revisión de activos estatales para su transferencia al sector privado o devolución a antiguos propietarios y dio instrucciones para limitar las detenciones sin orden judicial. Las noticias formaron parte de un mensaje dirigido al país este jueves, en el que Rodríguez defendió la estrategia de su Gobierno como una transformación que debe demostrar resultados concretos. La intervención fue realizada una hora antes de la primera rueda de prensa de María Corina Machado desde su regreso a Venezuela después de casi diez meses fuera del país.
En materia laboral, Rodríguez afirmó que los cuatro ajustes previstos para 2027 estarán sujetos a una referencia de crecimiento económico. “En ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”, dijo. El anuncio se produce en un contexto de reclamos sindicales por la recuperación del poder adquisitivo y de cuestionamientos al esquema de remuneraciones aplicado durante los últimos años. El salario mínimo legal permanece en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, mientras el Gobierno ha recurrido a bonificaciones para elevar el ingreso que reciben los trabajadores públicos. En abril de este año, Rodríguez anunció que el ingreso mínimo integral alcanzaría el equivalente a US$240 mensuales, sin modificar el salario base.
La mandataria vinculó el compromiso salarial con una visión de gobierno centrada en los resultados. “De poco sirve un país con mejores leyes e instituciones si los resultados no se traducen en una mejora concreta en la calidad de vida de los venezolanos”, afirmó. Además, reconoció la legitimidad de las demandas de los trabajadores: “Los trabajadores que han pedido mejoras salariales tienen derecho a reclamar”. Rodríguez defendió su papel al frente de los cambios políticos y económicos. “Yo vengo del sistema que estamos transformando y cambiando. No lo escondo.
Esa procedencia la convierto en fortaleza”, señaló, al reivindicar su experiencia dentro del chavismo como un atributo para conducir el proceso. En otro momento, aceptó las tensiones que generan las decisiones de su administración: “Para algunos, esto es ceder demasiado. Para otros, es avanzar demasiado poco. Entre esas dos tensiones se gobierna y hemos escogido un camino que, con pasos firmes, llegue a buen puerto”.
Activos estatales: una posible vía para el retorno de capital privado Uno de los anuncios con mayores implicaciones para el sector empresarial fue la instrucción de evaluar activos no esenciales que permanecen en manos del Estado y que podrían ser ofertados a empresas privadas o devueltos a sus antiguos propietarios. “He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios”, afirmó Rodríguez. La declaración abre dos vías diferentes: la transferencia de activos públicos al sector privado y la posible restitución de bienes a quienes fueron sus propietarios. Sin embargo, la mandataria no identificó empresas, sectores, inmuebles ni instalaciones que puedan entrar en la revisión, ni detalló los mecanismos de venta, devolución o resolución de eventuales disputas de propiedad. El alcance de la instrucción será relevante en un país donde las expropiaciones, intervenciones y transferencias de activos al Estado durante las últimas décadas han condicionado la relación entre el Gobierno y parte del sector privado.
La valoración anunciada podría abrir una discusión sobre la titularidad de esos bienes y las condiciones necesarias para recuperar inversiones, aunque todavía no constituye por sí misma un programa de privatizaciones o restituciones aprobado. La medida también aparece en un año de cambios profundos en el escenario político venezolano. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y la posterior asunción de Rodríguez como presidenta encargada alteraron la relación de Caracas con Washington y situaron la recuperación económica y la reorganización institucional entre los asuntos centrales de la agenda nacional. Elecciones sin calendario y una autoridad renovada En el terreno político, Rodríguez aseguró que Venezuela celebrará los procesos electorales previstos en la Constitución, aunque no anunció fechas ni un cronograma para su convocatoria. “Muchos están preguntando sobre un marco temporal electoral.
Como lo he dicho: habrá elecciones, todas aquellas que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada, y con el mundo como testigo”, afirmó. Añadió que los comicios no deberían convertirse en un problema ni devolver al país a una etapa de confrontación. La declaración reconoce la demanda de definiciones sobre el calendario electoral, pero deja abiertas cuestiones centrales: cuáles serán los próximos procesos, cuándo se convocarán, cómo se renovará la autoridad electoral y qué garantías tendrán los distintos actores políticos. La mandataria no precisó si la renovación se concretará mediante nuevos nombramientos en el Consejo Nacional Electoral ni qué procedimiento se seguirá.
La discusión electoral forma parte de las conversaciones que el Gobierno mantiene con sectores de la oposición, en un proceso en el que Estados Unidos ha tenido un papel relevante. Machado, por su parte, regresó al país el domingo 25 de octubre tras permanecer fuera de Venezuela desde diciembre de 2025. Su retorno estuvo acompañado por concentraciones de seguidores y una agenda de reuniones con dirigentes opositores y familiares de presos políticos. También permitió precisar una comunicación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre una hoja de ruta electoral en Venezuela.
Detenciones, protesta y garantías judiciales Rodríguez dijo que instruyó a los cuerpos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin una orden judicial, salvo en casos de flagrancia. En paralelo, defendió el derecho a la discrepancia y aseguró que quienes adversan a su Gobierno no tienen que cambiar de opinión. “Todas y todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo”, afirmó. La mandataria añadió que el ejercicio responsable de la política está garantizado para todos y que las puertas están abiertas. También reconoció la protesta pacífica como un derecho constitucional, aunque pidió que su ejercicio esté acompañado del respeto a la integridad de los funcionarios.
Los anuncios introducen compromisos sobre las garantías individuales y el funcionamiento de los organismos de seguridad, pero su alcance dependerá de cómo se formalicen y apliquen. La mandataria presentó estas medidas como parte de una transformación institucional más amplia. “La disidencia la convierto en una fortaleza para impulsar los cambios que Venezuela necesita. Y la medida de eso no son mis palabras, son acciones concretas y verificables”, afirmó. El énfasis en la verificación también atraviesa sus declaraciones sobre el sistema judicial, cuya transformación ha defendido en otras intervenciones.
Reconstrucción y retorno de los venezolanos El balance incluyó referencias a las necesidades sociales y a la reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio, que afectó distintas zonas del país. Rodríguez aseguró que los trabajos de recuperación de viviendas continúan activos mes a mes, aunque no presentó en los fragmentos conocidos cifras actualizadas sobre viviendas rehabilitadas, obras concluidas o recursos ejecutados. La reconstrucción sigue siendo uno de los frentes económicos y sociales abiertos desde los sismos, junto con la recuperación de servicios públicos y la atención a las familias afectadas. Para evaluar el alcance de los compromisos, será necesario contrastar las declaraciones oficiales con el avance físico de las obras y los desembolsos realizados.
Rodríguez también defendió la posibilidad de construir una etapa de cambios sin exigir a sus adversarios que abandonen sus posiciones. “A los que adversan a mi Gobierno no les pido que cambien de opinión”, dijo, en un mensaje que vinculó la discrepancia política con la necesidad de convivencia.
