Bloomberg — Los legisladores venezolanos dieron el primer paso hacia la reforma de una ley controvertida utilizada durante mucho tiempo para encarcelar a disidentes, mientras el gobierno interino continúa desmantelando algunas de las herramientas de represión impuestas bajo Nicolás Maduro. En una votación celebrada el martes, la Asamblea Nacional dio su aprobación preliminar a la reforma de la denominada Ley contra el Odio, que el gobierno ha utilizado para encarcelar a miles de personas bajo cargos de incitación al odio. La reforma eliminaría las penas de prisión y las sustituiría por multas y servicios comunitarios, establecería definiciones y procedimientos administrativos más claros y pondría fin a la revocación de licencias de medios de comunicación, declaró Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, al presentar el proyecto de ley. Ver más: Venezuela negocia un segundo envío de aluminio a EE.UU. antes de fin de año Estos cambios constituyen la última señal de liberalización política bajo el mandato de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, tras la captura de Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses a principios de enero.
A medida que su Gobierno intensifica la cooperación con Washington, ha liberado a cientos de presos políticos, ha flexibilizado las restricciones a los medios de comunicación independientes y ha permitido el regreso de algunos políticos y activistas exiliados. La líder de la oposición María Corina Machado regresó a Venezuela a finales de octubre tras repetidos intentos fallidos, mientras que representantes del Gobierno y de la oposición están llevando a cabo conversaciones, respaldadas por EE.UU., sobre reformas políticas y unas posibles elecciones. No obstante, a fecha de 26 de octubre había 322 presos políticos en Venezuela, incluidos 140 miembros de las Fuerzas Armadas, según la organización de derechos humanos Foro Penal. La reforma —rebautizada como Ley de Convivencia Democrática, Paz y Tolerancia— no llega a la derogación total exigida por el principal bloque opositor de Venezuela y por las organizaciones de derechos humanos, que llevan mucho tiempo describiendo la ley como una herramienta para reprimir la disidencia.
La Plataforma Unitaria afirmó a finales de septiembre que la legislación “debe derogarse, no reformarse”, después de que Rodríguez reconociera que se había “aplicado incorrectamente” y “utilizado de forma abusiva”. Varios grupos de la oposición retiraron su apoyo a la reforma en la primera votación celebrada el martes y exigieron, en su lugar, la derogación de la ley. “No basta con proponer sustituir las penas de prisión por multas”, afirmó la diputada de la oposición Amelia Belisario durante el debate. El proyecto de ley se someterá ahora a consulta pública antes de volver a la Asamblea Nacional para un segundo debate, artículo por artículo, y una votación final. La aprobación preliminar se produce tras una tercera ronda de conversaciones, respaldadas por EE.
UU., entre el Gobierno y representantes de la oposición, durante las cuales la Ley contra el Odio fue uno de los temas tratados. Macario González, miembro de la delegación de la oposición, declaró en una entrevista el 16 de octubre que se esperaba que las conversaciones dieran resultados “muy positivos” en los próximos días. Maduro propuso la ley original tras meses de protestas antigubernamentales mortales en 2017, argumentando que era necesaria para contrarrestar el odio alimentado por la oposición y los medios de comunicación que buscaban socavar su gobierno. Rodríguez, quien entonces presidía la Asamblea Constituyente que promulgó la ley, defendió la legislación en aquel momento.
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