La decisión está relacionada con proveedores electorales y se tomó después de detectar movimientos financieros con indicadores de riesgo que requieren investigación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que la medida deriva de los análisis de la UIF. Según indicó, tiene carácter administrativo, es «preventiva y precautoria» y «no implica una determinación de responsabilidad definitiva». Denuncia ante la Fiscalía General de la República Además de incorporar a las 40 personas a la lista, la UIF ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) .
El objetivo es que la Fiscalía investigue las operaciones detectadas y determine si existen posibles responsabilidades. Hacienda señaló que las personas afectadas disponen de mecanismos legales de defensa y de la garantía de audiencia, conforme a la legislación vigente. La UIF apela al debido proceso El organismo reafirmó su compromiso con la detección y el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como con la cooperación entre autoridades. También subrayó que sus actuaciones deben respetar «el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas».
