El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que la cooperación entre Beijing y La Habana es legítima y transparente. El vocero expresó la firme oposición de China a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, rechazó la denominada jurisdicción de largo alcance y las acciones de Washington para interferir y obstaculizar la cooperación entre ambos países. Guo reiteró el apoyo de China a los esfuerzos de Cuba para salvaguardar su soberanía y oponerse a las injerencias externas.
China adoptará todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas, subrayó. Las declaraciones se producen después de que el Departamento de Estado anunciara nuevas sanciones contra dos personas y ocho entidades, entre estas las compañías China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) y Beijing H&C Technologies. Las medidas anunciadas se aplican en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, la cual permite imponer restricciones a personas y organizaciones que, a juicio de Washington, representarían amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Paralelamente, el Departamento del Tesoro amplió el alcance de las sanciones secundarias al autorizar la aplicación de medidas contra extranjeros que operen o hayan operado en los sectores de manufactura, tecnología, electrónica y actividades marítimas de la economía cubana.
Durante su intervención el 28 de octubre en la Asamblea General de la ONU previo a la votación de la resolución cubana que pidió el levantamiento del bloqueo y recibió el apoyo mayoritario de la comunidad Internacional, el canciller denunció el castigo colectivo que representa ese cerco unilateral. El bloqueo de combustible equivale a un bloqueo naval, “es un acto de guerra y un acto de castigo colectivo y de genocidio, proscritos por el Derecho Internacional”, subrayó Bruno Rodríguez Parrilla. Sus durísimas consecuencias recaen sobre las personas, limitan sus derechos humanos fundamentales, afectan a terceros países y convierten necesidades esenciales de la población en instrumentos de coerción política, añadió. otf/idm
